El pacto político con ETApm en 1982 que dejó impunes sus crímenes
El hijo de un ingeniero de Lemóniz asesinado por la banda se ha enterado esta semana en un acto de Covite por qué no hubo interés en investigar el caso
Publicado el 17/11/2024 a las 05:00
El derecho a la verdad aunque duela. Eso reivindican las víctimas del terrorismo como paso previo a la memoria y reparación. Íñigo Pascual Ramos ha conocido 42 años después del asesinato de su padre, Ángel Pascual Múgica, ingeniero de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya), por qué este crimen quedó impune. “Fue consecuencia de los acuerdos para la disolución de ETA político-militar. Es muy probable que dicho pacto incluyera las investigaciones de la Audiencia Nacional”, le dijo el pasado jueves el magistrado Javier Gómez Bermúdez, en la Jornada Anual de Covite celebrada en Pamplona. Así, en público y en sopetón esta víctima conoció la dolorosa pieza del puzle que la faltaba.
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Ángel Pascual fue tiroteado el 5 de mayo de 1982 en el barrio de Begoña de Bilbao. Iba el en coche con su hijo Íñigo, que tenía 17 años, uno al trabajo y otro al colegio. Un vehículo le cerró el paso y dos etarras le acribillaron. Íñigo, milagrosamente sólo sufrió una herida en el dedo cuando intentó proteger la cabeza de su padre con una carpeta. Los escoltas que iban en un vehículo detrás no pudieron hacer nada. Ángel Pascual fue enterrado en Sartaguda, localidad de la familia y el lugar en el que se refugiaban los fines de semana.
El 18 de octubre de 1982, la Audiencia Nacional dictó auto de incoación de sumario y el 9 de diciembre sobreseyó las actuaciones provisionalmente. Nunca hubo juicio y el crimen quedó impune.
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Íñigo Pascual estuvo este jueves a la jornada de Covite y asistió como público a la mesa redonda en la que participó Javier Gómez Bermúdez. Al término del debate el moderador preguntó si había alguna pregunta del público. Sólo hubo una, la de Iñigo.
Contó que en 2023 recibió una citación de la Audiencia Nacional. Desconocía que la causa se había reabierto en 2020 a raíz de un informe de 2019 elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Ministerio del Interior. “Fui a la Audiencia Nacional y me pidieron que relatara todo lo que recordaba del día del atentado. Acudí sin abogado y en frente tenía al abogado de uno de los presuntos asesinos, que cuando terminé mostró una sonrisa de satisfacción”, contó este jueves. Hizo también una rueda de reconocimiento fotográfico e identificó a uno de los etarras, que ya ha fallecido. Aquel día también estaban citados otros testigos del asesinato. Íñigo tuvo ocasión de conocer a uno de ellos y se fueron a tomar un café. “Este testigo me dijo que años atrás, en el reconocimiento fotográfico había identificado clarísimamente a uno de los pistoleros de ETA y que no entendía por qué la Justicia no hizo nada. Yo también me lo pregunto”, expuso Iñigo Pascual ante Gómez Bermúdez, el abogado Pablo P. Cid Fernández y Consuelo Ordóñez.
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-¿En qué fecha fue el atentado?, le preguntó el magistrado.
-En mayo de 1982, respondió.
-Entonces es evidente el motivo. Coincidió con el proceso de negociación de ETApm, que lo más probable es que incluyera un acuerdo con la Audiencia Nacional, expresó Gómez Bermúdez, que admitió: “Se me han puesto los pelos de punta al escuchar la fecha”.
Minutos antes, el magistrado había explicado que uno de los factores que explica los casos de impunidad en la década de 1980 es la disolución de ETApm: “Fue un pacto político pensando erróneamente que iba a ser el final del terrorismo. Con mucha probabilidad tuvo que haber un pacto con la Audiencia Nacional”.
En efecto, ETApm reivindicó el asesinato de Ángel Pascual en un comunicado en el que también asumía el asesinato tres días antes de un guardia civil de Ondarroa, Antonio Fernández Rico, otro crimen que está impune. También sigue impune el secuestro y asesinato en 1981 de José María Ryan, ingeniero jefe de Lemóniz, compañero y amigo de Pascual.
El caso de Ángel Pascual es uno de los 50 crímenes impunes analizados en el informe de Covite 'Ni Justicia, ni verdad'. En 1982 la única diligencia que se realizó es la tasación de los daños del vehículo. En 1987 se reabrió el sumario tras la detención de Ángel Luis Hermosa Urra e Inés del Río Prada, del comando Vizcaya. Se hicieron pruebas de reconocimiento fotográfico por los testigos, pero no se citó a Íñigo, que vio a los terroristas cara a cara. Se volvió a archivar el sumario. En 1995 se reabrió porque un etarra declaró que el asesinato lo cometieron Francisco Javier Zabaleta Urretavizcaya, Endika Iztueta Barandica y Ángel Luis Hermosa. Este último todavía vive, pero este caso ya ha prescrito.
