Después de cuatro paros parciales, los funcionarios de la Administración de Justicia de Navarra han ido este miércoles 23 de octubre a la huelga por los “incumplimientos” del Gobierno foral, al que acusan de no llevar a cabo las promesas de incrementos salariales que les hicieron en mayo, lo que supone “una discriminación” con respecto al resto de comunidades autónomas. El paro estaba convocado por los sindicatos STAJ y Afpana, con 10 de los 17 delegados en la comisión de personal.

Los convocantes aseguran que el paro ha obligado a suspender actos judiciales, sin poder precisar cifras. Las del seguimiento tampoco son concluyentes. La comisión de personal barajaba una previsión del 70% (durante los paros parciales fue del 50%), mientras que la consejería de Justicia del Gobierno de Navarra informa de que 38 personas han confirmado este miércoles su respaldo a la huelga, lo que supone un 9,33% de la plantilla (son un total de 580), una vez descontados los servicios mínimos. No obstante, no era obligatorio comunicar el motivo de la ausencia, por lo que hasta este jueves no se conocerán datos exactos.

El presidente de la comisión de personal, José Ramón Alcocer, ha valorado el respaldo. Lo ha hecho dentro de una protesta frente al Parlamento de Navarra y que ha contado con la asistencia de más de cien personas.

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Los funcionarios denuncian que en mayo la consejera de Justicia, Interior y Función Pública, Amparo López, les prometió que el incremento salarial iría en consonancia con lo ofrecido por el Ministerio de Justicia a otras comunidades. Sin embargo, la oferta posterior fue muy inferior, señalan. Tras cuatro paros parciales y una reunión para acercar posturas, los funcionarios critican que aún no han recibido una nueva propuesta del Gobierno.

En un comunicado, los sindicatos denuncian que Navarra es la comunidad autónoma que menor presupuesto destina a Justicia y de las que mejores datos de calidad de servicio tiene. “Nuestra implicación en el avance de los procedimientos es incuestionable, por ello solicitamos una mejora retributiva acorde con los conocimientos que en la tramitación de los expedientes demostramos cada día”. Sobre el borrador de acuerdo remitido por la consejera de Justicia durante el proceso, lo consideran “claramente insuficiente”. “Además, implicaría la renuncia a la actividad sindical durante los próximos cuatro año”, critican. Por ello, consideran que es el Gobierno de Navarra el que les ha empujado a realizar estas movilizaciones.