Gobierno
La Oficina Anticorrupción abre un procedimiento sancionador al consejero Óscar Chivite
Ve una “posible infracción grave” de la ley foral de Incompatibilidades, porque durante 25 días fue miembro del Gobierno de Navarra y administrador único de una empresa
Publicado el 08/02/2024 a las 05:00
No se puede ser consejero del Gobierno de Navarra y administrador único de una empresa. Eso incumple la ley de incompatibilidades de los miembros del Ejecutivo foral. Es la situación en la que durante 25 días estuvo el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, desde que entró en el Ejecutivo el 18 de agosto pasado hasta que formalizó la renuncia a su cargo de consejero único de la empresa Lauburu Sociedad Limitada el 12 de septiembre. Por ello, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, Edurne Eginoa, ha resuelto abrir un procedimiento sancionador por la presunta comisión de una infracción de la ley por parte del consejero, que ahora se pondrá en marcha.
CUÁL SERÍA LA SANCIÓN
Eginoa apunta que Chivite habría cometido una “posible infracción grave”, algo que se sanciona con la declaración del incumplimiento de la ley y su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Descarta que sea “muy grave”, ya que sostiene que no se han aportado pruebas que acrediten que se haya producido un daño manifiesto a la Administración foral o un beneficio en el patrimonio propio o de terceras personas. Una infracción “muy grave” puede suponer una multa de entre 600 y 6.000 euros y el posible cese en el cargo.
La responsable de la Oficina de Buenas Prácticas sí destaca que la situación de incompatibilidad se dio en un corto espacio de tiempo, que no hubo un “daño manifiesto” y que la “rápida” respuesta del consejero y las razones que dio “podrían aconsejar” que no se incoara el expediente sancionador, pero que tanto la persona que denunció estos hechos como el interés público en velar por el estricto cumplimiento de la ley “exigen una respuesta”, agrega.
ARCHIVO PARCIAL DE LA DENUNCIA
La Oficina Anticorrupción recibió el pasado septiembre una denuncia anónima en la que se comunicaba que Chivite era consejero y administrador único de Lauburu y que esta empresa ha prestado servicios a sociedades públicas como Nilsa o Canal de Navarra, donde está el consejero por su cargo, lo que “genera un conflicto de intereses” y lleva a la “inhibición” de este en asuntos importantes, se denunciaba.
Chivite aseguró a la Oficina que las únicas actuaciones que realizó en Lauburu desde que es consejero fueron las necesarias para su cese y convocatoria de la junta extraordinaria para designar nuevo administrador. Y que se inhibirá en los asuntos relacionados con esta empresa.
Por los datos que recaba Eginoa, Lauburu tiene un contrato vigente desde 2021 con Nilsa para la prestación de servicios de calderería. Y una UTE contratada por Canasa hizo un pedido a Lauburu por 4.600 euros en fechas en las que Chivite era consejero.
La directora de la Oficina señala que el consejero, por haber sido administrador único y por ser titular desde el 11 de octubre de una participación inferior al 10% de Lauburu, “deberá abstenerse de intervenir directa o indirectamente” en lo que pueda afectar a esta mercantil.
El hecho de que esa mercantil haya resultado adjudicataria de contratos licitados por Nilsa mientras Chivite fue administrador único de la misma, "no impide" que Lauburu pueda seguir contratando con la sociedad pública, sostiene Eginoa. No obstante, agrega que dado que los hechos implican que existe "un conflicto de intereses potencial, se deberán adoptar todas las medidas para evitar la existencia de un conflicto de intereses real". Chivite no intervendrá en lo que afecte a la citada empresa, porque de lo contrario sí que habría un conflicto de intereses real y se aplicaría la prohibición de contratar que recoge la ley de contratos públicos, añade.
No aprecia impedimento en que el consejero siga ejerciendo como tal las funciones de presidente del consejo de administración de Nilsa y ser vocal en Canasa, pero en los casos en los que pueda haber conflicto de intereses no deberá intervenir, reitera.
Archiva así parcialmente la denuncia, en lo que se refiere al deber de inhibición y abstención, ya que es una denuncia genérica y ese deber tiene que ser determinado “caso por caso” según la normativa, explica.
Eginoa recomienda que el Gobierno de Navarra y el resto de altos cargos de la Administración foral comuniquen en un mes al registro de actividades e intereses que gestiona la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción todos los supuestos o procedimientos en los que se abstengan de intervenir.
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