La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra apunta al menos una posible infracción grave en el hecho de que el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno foral, Óscar Chivite, durante 25 días (del 18 de agosto al 12 de septiembre) hubiese compatibilizado este cargo con el de administrador único de una empresa privada, Lauburu Sociedad Limitada.

Según la ley que regula las incompatibilidades de altos cargos, Chivite debió dejar de ser administrador antes de entrar en el Ejecutivo, por lo que durante el tiempo en el que siguió en Lauburu “se habría encontrado en una situación de incompatibilidad de las previstas en la ley”, señala la directora de la Oficina, Edurne Eginoa, en un escrito que vía parlamentaria ha recibido Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN, grupo que denunció el 6 de septiembre la posible situación ilegal del consejero.

Eginoa apunta que solo el incumplimiento de la norma de incompatibilidad se considera ya una falta grave. Sería muy grave si se ha producido un daño manifiesto a la Administración o un beneficio en el patrimonio propio o de terceros, pero “no se han aportado pruebas que acrediten” que esto haya ocurrido, añade.

Las infracciones graves y muy graves son sancionadas con la declaración de incumplimiento de la ley y su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Las muy graves conllevan una multa de entre 600 y 6.000 euros y pueden llegar a causar el cese en el cargo.

UNA DENUNCIA ANÓNIMA

Chivite alegó ante la Oficina que desde que es consejero “las únicas” actuaciones que realizó como administrador de Lauburu fueron las “estrictamente necesarias, impuestas por la legislación mercantil y los estatutos de la sociedad”, de su cese y de convocar una junta extraordinaria para nombrar al nuevo administrador.

Además de la denuncia pública de UPN, el 27 de septiembre se presentó en la Oficina una denuncia anónima advirtiendo de la situación de Chivite y de que Lauburu ha prestado servicios a las sociedades públicas Nilsa, Canal de Navarra y Riegos de Navarra. Por ese motivo, la directora de la Oficina pidió el 13 de octubre a Chivite información sobre la relación contractual de la empresa privada con las administraciones y sociedades públicas y que aclare el alcance de la colaboración con Nilsa y Canasa, que el propio Chivite cita en su biografía. El consejero envió una documentación que la Oficina analiza, destaca en el escrito de Eginoa al Parlamento con fecha 27 de octubre.

UPN, SOBRE ENCARGOS A NILSA

La empresa pública Nilsa la preside el consejero de Cohesión Territorial. De momento aparece en este cargo Bernardo Ciriza, el anterior titular del departamento. Sánchez de Muniain indicó que en una respuesta del Gobierno vía parlamentaria ha podido saber que Lauburu ha recibido más de 70 encargos de Nilsa desde 2020 hasta el pasado 10 de agosto (antes de que Óscar Chivite entrara en el Gobierno).

El parlamentario de UPN pidió conocer qué actos ha realizado Chivite en nombre de la empresa siendo consejero; cuántos pagos y por qué cuantía ha girado Nilsa por trabajos realizados a Lauburu una vez que ya estaba en el Gobierno, y si Chivite sigue tomando decisiones en esa empresa. “De confirmarse alguno de estos hechos el consejero estaría en situación insostenible para continuar en el cargo”, indicó.

EL GOBIERNO LO DEFIENDE

La portavoz del Ejecutivo, Amparo López, sostuvo este miércoles que el consejero ha seguido el procedimiento y ha cumplido los plazos “legalmente establecidos”. En cuanto a si hubo alguna operación entre la empresa y la Administración en el mes en el que el Chivite seguía en Lauburu, indicó que “no consta absolutamente nada”.

11 septiembre. Tras la denuncia de UPN, la oficina anticorrupción recuerda por escrito al consejero Óscar Chivite que por ley no puede ser administrador de una empresa y le pide la escritura pública que acredite que no lo es.

13 de septiembre. El consejero remite a la oficina una copia simple de la escritura ante notario, otorgada la víspera, el 12 de septiembre, con la renuncia al cargo de administrador de la empresa Lauburu S.L.

Incompatibilidad. La oficina constata que entre el 18 de agosto y 12 de septiembre el consejero “se habría encontrado en una situación de incompatibilidad” prevista en la ley. Señala que solo incumplir esa norma se considera infracción grave.