El nuevo consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, el socialista Óscar Chivite Cornago, va a tener que deshacerse de la empresa de la que es administrador único desde 2004, Lauburu SL, al incurrir en incompatibilidad legal con su nuevo cargo en el Ejecutivo.

Lauburu SL está dedicada a la fabricación y la reparación de estructuras metálicas y calderería. Dentro de esta tarea, ha colaborado con la sociedad pública Nilsa y con Canasa, la empresa concesionaria de la explotación del Canal de Navarra. Se da la circunstancia de que esta infraestructura es competencia del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno, ahora con Chivite al frente.

La Ley Foral de Incompatibilidades establece que los altos cargos del Gobierno deben ejercer sus funciones “con dedicación absoluta y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena”. Así mismo, que no pueden tener “por sí o junto con su cónyuge, hijos dependientes y personas tuteladas, la titularidad de participaciones iguales o superiores al 10% en empresas que tengan conciertos, convenios o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, foral o local”. En este artículo es donde sitúan desde el Gobierno foral el caso del consejero Chivite, que, según la propia ley, tiene dos meses de plazo para deshacerse de dicha participación. “Y es lo que va a hacer”, aseguraron. El plazo que empezó a correr desde que tomó posesión de su cargo, el pasado 18 de agosto.

UPN pidió ayer explicaciones al consejero por medio una pregunta parlamentaria que ha registrado. Los regionalistas quieren saber si Óscar Chivite es conocedor de la “situación de ilegalidad en que se situaría”, o si comunicó su situación a la presidenta María Chivite (el consejero es tío segundo de ella) “y si ésta era conocedora de la misma y las acciones que llevaron a cabo como consecuencia de ello”. UPN dice que, si las respuestas no son satisfactorias y acordes con la normativa, “la situación legal del consejero resulta insostenible”.