La fiscal tiene muy claro cómo ocurrió el crimen de Villava. Alfredo Ogando Uceta, de 48 años, se encontraba sentado en el asiento del copiloto de un coche aparcado en batería y con el motor encendido a 22 metros de un hotel de Villava. Quedaba un cuarto de hora para las siete de la mañana. Esperaba a la mujer con la que mantenía una relación extramatrionial, que había entrado a recepción a preguntar si tenían una habitación libre para ambos. En esta situación, un Seat León llega por ese carril de sentido único y aparca justo detrás. Lo conduce el marido de la mujer, que se baja y se dirige a la zona del copiloto. Abre la puerta y desde fuera apuñala a Ogando con “tremenda violencia” hasta en 25 ocasiones entre pecho y cabeza, con 5 heridas mortales de necesidad. “Alfredo no pudo defenderse de ninguna de las maneras. Fue absolutamente imposible. El ataque fue superrápido, a traición y por la espalda. Lo apuñaló brutalmente”, subraya la fiscal, que pide 20 años por un delito de asesinato para el autor material.

Durante hora y media, la fiscal Elena Sarasate defendió este lunes su postura en la última sesión del juicio por el crimen cometido en Villava el pasado mes de enero. Y volvió a rechazar, por no estar sustentada en dato objetivo alguno, la versión del principal acusado de que antes de las puñaladas medió una pelea a puñetazos entre ambos fuera del vehículo, que él iba desarmado y que quitó la navaja a la víctima y lo apuñaló fuera, lo que podría encajar en un homicidio, con pena inferior.

La fiscal resaltó tres pruebas que a su juicio desmontan esta versión. Por un lado, el único testigo de los hechos (un trabajador del hotel) vio cómo un hombre situado de pie en la puerta del copiloto agredía a otra que estaba dentro. Además, el informe de la Policía Foral concluyó que la agresión fue dentro del coche, porque todo el interior “estaba lleno de manchas de sangre de proyección, que son las que salen de un cuerpo mientras es apuñalado”, y que las del lateral exterior son de flujo, de “desprendimiento del arma homicida durante la acción”. Como colofón, los forenses no solo subrayaron la “tremenda violencia” de la agresión, sino que dijeron que la trayectoria de las heridas fue “de arriba a abajo”, lo que refleja un distinto plano de altura entre agresor y víctima.

La fiscal también mantuvo la coautoría de su amigo, porque si bien no realizó las mismas acciones, “sí tiene la misma responsabilidad”. Y enumeró su implicación: participó en todos los seguimientos para localizar a la víctima, colocó el teléfono geolocalizador en el coche en el viajaba la víctima y “no consta intervención alguna para parar la agresión”. “Al contrario, con su posición genera una superioridad en el momento del crimen”, ya que las grabaciones recogieron cómo se baja del coche y observa quieto la agresión mortal a pocos metros. “Podía haber parado la agresión y no solo no lo hizo sino que sirvió de soporte y auxilio antes, durante y después del hecho delictivo”. Ambos huyeron a Madrid.

Sobre la mujer del autor material, la representante del Ministerio Público entiende que su participación se resumió en encubrir a los otros dos acusados. “No se puede acreditar en ella un acuerdo previo”, dijo. Por ejemplo, en ningún momento dijo a su marido dónde estaba esa noche y hasta le mandó ubicaciones falsas. Tras el crimen, al llegar la policía, no dio ningún dato de los dos acusados, a pesar de que los había visto, puesto que las cámaras grabaron cómo interactuaba con ambos. “Les dio tiempo para que huyeran”.

La fiscal rechazó todas las atenuantes y eximentes incompletas que solicita el principal acusado. Sobre la legítima defensa, la rechazó de plano porque “no hay ningún dato objetivo de que hubo una pelea” previa a las puñaladas.

La acusación particular, en nombre de la familia de la víctima, sostuvo en quince puntos que el crimen fue “ideado, planificado y ejecutado por los tres acusados”, por lo que reclama para ellos 20 años de cárcel por asesinato. A diferencia de la Fiscalía, rechaza que el trasfondo fuera un tema de celos y lo vinculó al menudeo de drogas. “El detonante fue el regreso de Alfredo (Ogando) a España tras haber estado en República Dominicana. Las personas que se habían encargado en su ausencia del negocio (tráfico de drogas) se sienten desplazadas”, sostuvo el abogado Sergio Gómez, que ha llevado la acusación junto con Ana del Pozo. A este respecto, afirmó que el principal acusado, su padre, la víctima y otro testigo tienen condenas por tráfico de drogas. La acusación particular no ve probado que el autor material actuara por celos (“antes ve a su mujer salir de una discoteca con dos hombres y no hace nada”) y resalta que la Policía Nacional “frustró sin saberlo” que el asesinato se produjera con anterioridad esa noche, frente a una discoteca de San Juan a la que los dos hombres se acercaron para, según su versión, recoger a la mujer. Allí, la policía les requisó un cuchillo y una pistola simulada. “Estaban esperando a él, no a ella”. A partir de ahí, el letrado sostuvo que los tres acusados hablaron y empezaron a maniobrar para llevar a Alfredo donde querían. “Ella empieza a mandarle mensajes cariñosos y consigue emborracharlo para llevarlo donde quiere”. Y ese lugar es el aparcamiento del hotel. “No entra para preguntar un precio, porque ya sabe lo que cuesta y le da igual porque llevaba 1.500 euros. ¿Por qué aparca ahí y no en la puerta? Entra y al salir se queda sorprendida de que sigan ahí. Y no hace nada por socorrerle. No hay duda a estas alturas de que ella estaba también en el ajo”.

Después de seis sesiones para la práctica de pruebas y exposición de las conclusiones, acusaciones y defensas están citadas hoy por el presidente del tribunal para redactar el objeto del veredicto, una serie de preguntas sobre los hechos enjuiciados que conducen a la culpabilidad o no de los acusados. Después de que se apruebe, este martes o el miércoles mañana será entregado a los nueve miembros del jurado (5 mujeres y 4 hombres) que se retirarán a deliberar. Para ello quedarán incomunicados en la Audiencia y después en un hotel, hasta que alcancen un veredicto. Se necesitan 7 votos para declarar probado algo contrario al acusado y 5 si es favorable y argumentar en base a qué pruebas han llegado a esa conclusión.