El reciente crimen cometido por un español en Tailandia ha puesto el foco en lo que puede significar estar preso en una cárcel del extranjero. Una realidad en la que se encuentran actualmente unos 900 españoles de los cuales, al menos, seis son navarros. Cinco siguen presos en Brasil, Marruecos, Ecuador, Colombia y Perú por tráfico de drogas, mientras que el sexto cumple condena en una cárcel de Latinoamérica tras haber matado hace años a su mujer a cuchilladas.

La Fundación +34, una ONG de Valladolid que trabaja desde hace cuatro años con el Gobierno de Navarra, ha dado cobertura a los cinco presos por drogas. Pero no al del asesinato. El motivo reside en un matiz muy importante, subraya su director, Javier Casado: en el tráfico de drogas, el sujeto pasivo del delito (quien lo padece) es un consumidor que voluntariamente así lo ha decidido, una voluntariedad que no se da en delitos sexuales y crímenes, supuestos en los que nunca actúan.

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Con esta premisa, y con una ayuda de 15.000 euros al año por parte del Gobierno foral, esta fundación ha atendido en estos cuatro años a más de 30 personas de Navarra que han pasado por cárceles del extranjero. Para explicar cómo proceden, Casado relata cómo han actuado esta misma semana con un español detenido en Perú. Cuando alguien es arrestado en un aeropuerto, tiene derecho a hacer una llamada, cuyo destino suele ser la familia. “Imaginemos a una madre, que no sabía nada, recibir esa llamada. Se queda en shock por lo ocurrido y en shock por el desconocimiento. Entra en internet y acaba encontrándonos”, cuenta Casado.

Con sus servicios, que son gratuitos y se sufragan gracias al convenio con ocho gobiernos regionales, incluido el navarro, le informan de los siguientes pasos: en el caso de Perú, que su familiar va a estar diez días incomunicado en una celda del subsuelo de Lima, que al cabo de ese plazo llamarán a la familia y le pedirán 300 euros por el derecho a piso “-le decimos que los pague, ya que es el pago del colchón de la prisión y si no lo hace dormirá sobre el hormigón”- y que, unos días después, ya en prisión, lo más probable es que les llame con uno de los móviles ilegales que hay en prisión para contarle más detalles de lo ocurrido. “Entonces le decimos que según la cantidad puede ser condenado a entre 6 y 8 años de prisión y que a partir del segundo se intentará traerlo a España. Con toda esa información, la madre ya respira”.

DE TAILANDIA A COLOMBIA

El otro frente de la atención está en prisión. “A la persona que está presa le llevamos un kit de higiene (en Perú han muerto 11 españoles en la cárcel por infección bucal) y dos o tres veces al año va un médico y le hace una revisión”. Sobre la realidad de las cárceles en el extranjero, esta es muy variada. “En Bangkok es verdad que hay 20.000 presos, que hace 35 grados y 90% de humedad... Es una sauna y la sensación de agobio es muy grande. Pero por violencia pura y dura, aquello comparado con Colombia es un jardín de infancia”.

Otro lugar conflictivo es Ecuador. En sus cárceles, en dos años, los enfrentamientos entre bandas rivales han ocasionado más de 400 muertos en el interior de las cárceles. Sobre el idioma, el hablar español puede ser una ayuda en las cárceles de Latinoamérica, pero también un problema. “Al hablar español, es más fácil que te extorsionen. En otro país, ¿cómo te van a extorsionar si no saben su idioma?”, relata Casado.

Con la condena en curso, el último paso es intentar el traslado a España. “Muchos dicen que Daniel Sancho va a estar toda la vida allí en prisión en Tailandia, y yo digo que no. En seis u ocho años puede estar aquí”, apunta Casado. De las más de 30 personas a las que han asesorado de Navarra, muchas ya están en libertad. Y recuerda dos casos: un estellés detenido con 3 kilos de cocaína en Brasil, caso con el que estrenaron su colaboración con el Gobierno foral, y un pamplonés sorprendido con droga en Marruecos. “Era de familia muy acomodada, pero tuvo un problema económico grave y bajó a Marruecos. Su familia no sabía nada de nada. Fue un drama”.