La necesidad de hacer frente a imprevistos, desde gastos médicos a desembolsos relacionados con estudios pasando por reparaciones, reposición de electrodomésticos o reformas del hogar lleva cada año a miles de navarros a recurrir a empresas que ofrecen a los consumidores disponer de pequeñas cantidades de dinero, entre 50 y 1.000€ a golpe de clic, lo que garantiza su inmediatez. Son los denominados micropréstamos. Un mercado 100% online bajo el que se formalizan cada año en España más de un millón de préstamos. En 2019 fueron casi 1,9 millones y aunque la cifra bajó con la pandemia, desde 2021 está en ascenso. Ese año fueron al menos 1,2 millones. Navarra representa, aproximadamente, el 1% de la operativa del sector en España lo que permite estimar que en la comunidad se firman cada año alrededor de 12.000 préstamos de este tipo. Pero los contratos de préstamos al consumo en la modalidad de microcréditos encierran mucha letra pequeña. ¿La principal? Un coste que supone pagar entre 3.000 y 6.000% en tasa anual equivalente (TAE), muy alejado del tipo medio publicado por el Banco de España para los créditos al consumo de menos de un año (antes de la pandemia este interés se situaba en el 2,57%) y que hace que la deuda que lleva aparejada la concesión de estos préstamos sea desproporcionada.

Por disponer de 500€ durante 30 días las empresas de microcréditos llegaron a cobrar en 2021 de media 162€ lo que supone pagar una TAE próxima al 3.000%. El porcentaje se dispara cuando el dinero prestado y el plazo de devolución baja. Así, por disponer de 100€ durante 15 días serían 18,8€, lo que arroja una TAE superior al 6.600€.

Las organizaciones de consumidores llevan tiempo advirtiendo de los inconvenientes y riesgos que entrañan estos préstamos. En Consumidores Irache aseguran que en los últimos meses han experimentado un crecimiento de los casos que llegan a la asociación. “En buena parte de los casos las personas que los piden se encuentran en situaciones económicas muy vulnerables y tienen problemas para devolverlos lo que genera los correspondientes intereses”. La Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP), bajo la que se agrupan 10 de las 16 empresas que existen en el mercado de micropréstamos en España, defiende que el elevado interés que entrañan los microcréditos responde a las singularidades de la financiación contratada de inmediatez y altos riesgos y costes para la entidad. Considera que no procede comparar su producto con los préstamos de menos de un año dadas las diferencias que existen entre ambos. Por ejemplo, el hecho de que en los micropréstamos no se pacte una devolución fraccionada sino la adición de una “comisión de devolución” (un único pago en un sólo plazo). Entre los asociados de AEMIP, con una representatividad del 85% del sector, están empresas como Twinero, GF Money Consumer Finance Spain, Creamfinance Spain, Dineo Crédito o Grupo Sucredito.

"DINERO INMEDIATO Y PLAZOS CORTOS DE DEVOLUCIÓN"

El dinero se dispone de forma casi inmediata, se devuelve en un corto periodo de tiempo (entre uno y dos meses) y normalmente en una sola cuota. “Los micropréstamos están diseñado para mejorar a corto plazo el flujo de dinero en efectivo resolviendo gastos como las facturas de suministros básicos de luz, agua o imprevisto puntuales de cierta urgencia como pueden ser la reparación del coche o la caldera”, asegura su presidenta, Alisa Cevere. Como regla general, las empresas atienden la demanda de clientes que tengan “ingresos recurrentes, un trabajo estable y no tengan pagos pendientes o deudas frente a terceros que puedan impedir el pago del préstamo, incluyendo pagos pendientes que estén anotados en cualquier registro de información sobre solvencia patrimonial y crédito”. El perfil medio de los nuevos clientes, según comparte una de las empresas asociadas de AEMIP y que la asociación considera que es una muestra representativa del sector, es el de “un varón de entre 45 y 54 años, con hijos a su cargo y pareja. Es empleado por cuenta ajena, ingresa mensualmente entre 1.000 y 1.500 euros y provienen mayoritariamente de Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia, por mayor número de solicitantes”. Las empresas establecen para los nuevos clientes un límite máximo que suele oscilar entre los 300 y los 400€ y, según AEMIP, por cada diez nuevos clientes que solicitan un préstamo se aprueban tres “en base a estudios sobre la solvencia y nivel de riesgo del solicitante. Durante la pandemia, ese ratio disminuyó pero ahora el sector está volviendo a sus parámetros habituales”. Para aprobar o rechazar una solicitud las empresas aseguran que se emplean diferentes mecanismos de verificación: desde consultas a los bureaus de crédito (Asnef y/o Badexcug), a herramientas de identificación online para prevención de fraude y modelos de scoring internos y externos que permiten evaluar el nivel de riesgo, la solvencia y la identidad de la persona. De forma complementaria, explica la presidenta de AEMIP, numerosas empresas usan herramientas de banca abierta que permiten intercambiar la información financiera del cliente siempre previo consentimiento.

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PUBLICIDAD "AGRESIVA Y CONFUSA" PARA EL CONSUMIDOR

En Consumidores Irache aluden a la “agresiva” publicidad que encierra estos préstamos y que puede llegar a “confundir” al consumidor al destacarse, fundamentalmente, la facilidad para solicitar el préstamo y la rapidez con la que la entidad lo pone en manos del interesado. “Los consumidores que se han sentido engañados podrían valorar la posibilidad de reclamar la nulidad del préstamo por los intereses usurarios y también la abusividad por la falta de transparencia con que se ofreció el contrato”.

En Irache, de hecho, llevan ya años realizando reclamaciones por estos préstamos. “Algunas entidades han accedido a anular los intereses del préstamo y han ofrecido dar el caso por zanjado con la devolución del importe préstamo. Otras, sin embargo, no contestan a las reclamaciones y el consumidor se puede ver obligado a recurrir a los tribunales si quiere seguir con el caso”. La Audiencia Provincial de Navarra ya ha empezado a dictar las primeras resoluciones a favor del consumidor declarando la nulidad por usura del contrato de préstamo con un interés remuneratorio que los jueces han calificado en sus sentencias de “desproporcionado y excesivo” echando por tierra las singularidades del mercado de préstamos que esgrime el sector. “Las normas reguladoras de la usura y la jurisprudencia que las interpreta son aplicables a todo tipo de financiación, por muy singular que se quiera reputar la de los microcréditos”, concluye el órgano judicial navarro en un pronunciamiento reciente sobre los microcréditos. 

La rapidez y facilidad con la que se otorgan los micropréstamos conlleva el riesgo de incurrir en impagos con consecuencias que pueden llevar desde a la inclusión del deudor en un registro de morosos a la posible venta de la deuda a una empresa de recobros. “La rapidez con la que se contratan y la urgente necesidad de dinero de quienes los solicitan hace que el consumidor no dedique el tiempo necesario para estudiar las condiciones con detenimiento”, aseguran desde Consumidores Irache. Con todo, la presidente a la Asociación Española de Micropréstamos asegura que “si un cliente no puede hacer frente a alguna obligación de deuda se busca una solución junto al prestatario. Promovemos que nuestros asociados ofrezcan opciones de reestructuración o fraccionamiento adaptadas a cada caso. Es cierto es que esta solución debe ser estrictamente temporal y no a largo plazo pero nos parece una medida que pueda aliviar a muchos usuarios en un momento como el actual en el que se está encareciendo sustancialmente el coste de la vida”. Defiende Alisa Cevere que “ante posibles problemas, la vía de la negociación prevalece sobre la vía legal y el cliente es informado en todo momento de las consecuencias del impago y del siguiente paso en el proceso de cobro de la deuda. Buscamos el entendimiento con el prestatario; somos los primeros interesados”.

Entre los pasos que se sigue en el proceso de cobro de la deuda figura la inclusión en los ficheros de los bureaus de crédito, como el de Asnef o el de Badexcug y en el registro de morosos. Defiende Cevere que contar con un sector del micropréstamo “robusto, claro y honesto” evita que los ciudadanos tengan que recurrir a otras formas de financiación no sujetas a ninguna regulación y que pueden implicar graves problemas y ninguna protección legal para los prestatarios.

Las empresas de micropréstamos, al no ser entidades financieras, no están supervisadas por el Banco de España aunque sí sujetas, por ejemplo, a la Ley de Contratos de Crédito al Consumo, que establece derechos y obligaciones para prestamistas y prestatarios. “No consideramos que el sector tenga un problema de transparencia. No solo lo decimos nosotros, también la Justicia: no hay ninguna sentencia que aluda a falta de transparencia en las cláusulas y condiciones de nuestros contratos”, asegura Alisa Cevere quien explica que los asociados de AEMIP se autorregulan mediante un Código de Buenas Prácticas de obligado cumplimiento. Está formado por normas deontológicas que afectan desde a la evaluación de la solvencia de clientes, a políticas de publicidad y marketing, recobro de deudas, tratamiento de clientes con dificultades económicas, protección de datos personales y procedimiento de reclamaciones, entre otras. Además, AEMIP dispone un fichero de autoprotección desde 2013. Es de acceso público, gratuito y voluntario para que cualquier persona pueda inscribirse con la firme intención de no recibir micropréstamos.

“Trabajamos con las instituciones para construir un marco legal que aporte la máxima seguridad tanto a las entidades como a los consumidores. Una mayor claridad en los límites al interés implicaría que las decisiones judiciales no fueran arbitrarias y aportaría mayor certidumbre a usuarios y entidades”. La asociación ha promovido la creación de un certificado público que recoja los importes nominales de los micropréstamos para el caso base de 100, 300 y 500€ a 15 y 30 días así como el costes máximo, prescindiendo de valores porcentuales anualizados como el TAE y el TEDR y usando en su lugar el valor absoluto de su coste efectivo.