El equipo de Sodena no era partidario de continuar concediendo préstamos a Davalor después del primer millón de euros otorgado el 17-9-2015. Así queda patente en los tres informes que elaboró esta sociedad de capital riesgo del Gobierno sobre las ayudas a Davalor, informes contrarios a que el dinero público sufragara este proyecto empresarial. Y así lo constata la Policía Nacional, tal y como ha podido conocer este periódico, en otro informe elaborado a petición del juzgado de instrucción número 2 de Pamplona, que es el que investiga el caso como consecuencia de la querella interpuesta por UPN contra Ayerdi por el caso Davalor. Un informe que fue elaborado previamente a la citación judicial de siete investigados por el caso. La jueza, según se conoció este jueves, ha llamado a declarar a mitad de septiembre a siete personas entre las que figura el exconsejero Manu Ayerdi y otras seis personas.

AYERDI NO HIZO CASO

A pesar de las recomendaciones de Sodena, el que era entonces consejero de Desarrollo Económico del Ejecutivo foral, además de vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y presidente de la sociedad pública, Manu Ayerdi, las pasó por alto y decidió que sí, que había que apostar por esta empresa. Por ello posibilitó que Sodena concediera en total 2,6 millones de euros a un proyecto que calificó en numerosas ocasiones de ‘disruptivo’ porque iba a revolucionar tecnológicamente el sector salud y que terminó en concurso de acreedores. Este término fue muy utilizado por en las diferentes comparecencias, incluidas las parlamentarias, de quienes defendía el proyecto. Esta decisión, la de apoyar la financiación, o más bien, decisiones, porque los préstamos se fueron sucediendo entre 2015 a 2017, le llevaron a tener que dejar su cargo el 29 de enero de 2021.

Los tres informes de Sodena, elaborados con anterioridad al 1/12/2016 y cuya existencia está confirmada por la Policía Nacional, ponen de manifiesto que Davalor incumplió diversas obligaciones que adquirió al recibir el primer préstamo de Sodena, el del millón de euros concedido en 2015. En esos documentos la sociedad pública de capital riesgo destacaba que Davalor, empresa que había nacido en 2011 de la mano de Juan José Marcos y que tenía como objetivo fabricar y comercializar equipos para tratamientos visuales, no había entregado, tal como estaba obligado, las cuentas anuales. Los informes añadían más motivos para desaconsejar los préstamos: que Davalor no pagaba los intereses correspondientes, que inclumplía obligaciones tributarias con la Seguridad Social y que no pagaba a los trabajadores. Además, avisaban del riesgo de que la empresa terminara en concurso de acreedores (tal como ocurrió el 3 de julio de 2018), destacaban la deuda que había alcanzado Davalor y avisaban de que el dinero que requería era demasiado alto e insuficiente para solucionar sus problemas financieros. A pesar de estas advertencias, se concedieron sucesivamente cinco préstamos más entre 2016 y 2017 que sumaron 1,6 millones de euros que se añadieron al anterior de un millón de euros.

La concesión de esta financiación en contra de los informes es una de las numerosas anomalías en las que incurrió Sodena en todo el proceso de apoyo a la empresa liderada por Juan José Marcos. Según ha podido saber Diario de Navarra, la Policía Nacional, en un extenso informe de más de 1.000 folios en el que compara otros expedientes presentados en Sodena con el seguido con Davalor, deja constancia de las excepciones hechas en este caso. Así, para la concesión del primer millón de euros, por ejemplo, el Gobierno instó a Sodena a la concesión del crédito, cuando lo habitual era que el Ejecutivo autorizara, por lo que en este caso hay un claro mandato del Ejecutivo para la aprobación de la ayuda. Esta utilización del verbo instar en lugar de autorizar es uno de los puntos destacados por la Policía en su informe. Además, en lugar de conceder un año de plazo antes de formalizar el mandato como era habitual, se otorgaron 15 días, lo que demuestra la urgencia de la decisión.

DIVERSAS EXCEPCIONES

La Policía Nacional confirma otras anomalías que se produjeron en la concesión de estos créditos. El propio Ayerdi confesó públicamente en su día que la decisión de invertir en Davalor había sido personal y atípica, “pero no caprichosa”. “No pasó por un consejo regular de Sodena”, reconoció entonces. La Policía Nacional da un paso más al afirmar en su informe que, a diferencia de otros casos analizados, la concesión del millón de euros se aprobó sin existir un análisis económico y financiero previo del equipo técnico de Sodena. Y que ha sido el único préstamo que no contó con la información requerida por la propia Sodena.

El desarrollo de la vertiente judicial del caso Davalor es una consecuencia de la querella que interpuso UPN en el Supremo y de que el alto tribunal decidiera abrir una investigación sobre Ayerdi por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Al ser Ayerdi miembro del Gobierno y, por tanto, aforado, solo podía ser juzgado por esta instancia. Pero al dimitir días después de que le comunicaran que era investigado por el Supremo, automáticamente perdió el carácter de aforado. Fue entonces cuando el Supremo trasladó el caso a los juzgados de Pamplona (9-3-2021), en concreto, al número 2, al frente del que estaba el juez Fermín Otamendi. El magistrado pidió a la Policía Nacional un informe, que ya ha elaborado y ha remitido al juzgado. Pero en este plazo Otamendi cambió de destino y tuvo que ser sustituido temporalmente hasta que tomara posesión la actual titular de este juzgado. Esta es la razón por la que el desarrollo de la instrucción ha sufrido el retraso. Ahora, la actual jueza de instrucción es la que debe decidir, ante el informe policial y ante las futuras declaraciones si se celebra juicio oral.

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Nada más constituirse el nuevo gobierno el 23-7-2015, después de las elecciones de mayo, el recién nombrado vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Económico del Gobierno foral, Manu Ayerdi, mantuvo dos reuniones con Juan José Marcos y Javier Baztarrika. El primero era el impulsor de la empresa Davalor y el segundo, el director de la consultora navarra Iniciativas Empresariales e intermediario entre Marcos y Ayerdi, además de uno de los inversores en la empresa. El 31 de julio de 2015 Baztarrika y Marcos contactaron con el consejero a través de la secretaria de Ayerdi para presentarle el proyecto Davalor y pedirle el apoyo financiero que buscaban desde la legislatura anterior, cuando gobernaba UPN. A partir de ese contacto se produjeron dos reuniones entre los tres. El primero de los encuentros se celebró el 4-8-2015 en la planta que Davalor tenía en Tajonar. Posteriormente, ese mismo día se dirigieron a Jofemar, en Peralta, la empresa que era proveedora y que se encargaba de una parte de la producción de la máquina que quería fabricar Davalor. El segundo encuentro se celebró con una comida entre Baztarrika, Marcos y Ayerdi el 7-9-2015.

A diferencia de otros casos, la Policía Nacional señala que Ayerdi no aconsejó a Marcos contactar con Sodena. En cambio, el consejero solicitó a la que era su jefa de gabinete Izaskun Goñi (ocupó este cargo de julio a diciembre de 2015, cuando pasó a directora general de Política Económica), y a Irigoien un informe sobre el proyecto de Davalor, que se elaboró sin cifras relativas a la situación financiera de la empresa y a sus planes de negocio.