Los tres cargos públicos que dejaron el Gobierno

Las discrepancias dentro del equipo de Manu Ayerdi en Sodena ya se recogían en la información remitida a finales de 2018 a la comisión de investigación que se desarrolló en 2019. Tanto Pilar Irigoien como Yolanda Blanca, que habían sido nombradas por Ayerdi directora y consejera de Sodena (antes había sido directora general de Política Económica y Empresarial y Trabajo en el Gobierno de Navarra), y directora general de Industria, respectivamente, se mostraron contrarias a las ayudas a Davalor. Hasta diez razones dio Irigoien para sustentar esta oposición. El informe de la Policía Nacional lo que hace es confirmar esas discrepancias y concreta que Sodena elaboró tres informes desaconsejando la concesión de la ayuda económica. Todo ello viene a reforzar lo dicho por el propio Ayerdi, que el apoyo financiero a Davalor respondió a una decisión personal y que se hizo siguiendo un procedimiento atípico.

Aunque por diferentes motivos y en diferentes motivos, las tres personas mencionadas se vieron en la obligación de tener que dejar sus cargos públicos. Manu Ayerdi fue el primero. Lo hizo el 29 de enero de 2021, 45 días después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite una querella de UPN (interpuesta en junio de 2020) en la que se le acusa de conceder 2,6 millones de euros a Davalor sin respetar los procedimientos, algo que, por otra parte, él reconoció en varias ocasiones. Ayerdí alegó que se marchaba “ante la situación política y mediática generada”. Pero lo cierto es que con este abandono lo que hacía era cumplir la ley que había cambiado su Gobierno, el de Uxue Barkos en 2018. De acuerdo con esta modificación, ningún cargo investigado por corrupción podía continuar en el Ejecutivo. Y Ayerdi estaba en esa situación. Así que todo parecía indicar que debía dimitir para ser coherente con la ley impulsada por su coalición Geroa Bai (de la que forma parte el PNV, partido al que pertenece Ayerdi). El Ejecutivo de Barkos no pensó que ese cambio legislativo que impulsó fuera a perjudicar a uno de los miembros de su Ejecutivo. Poco más tarde, en 2021, como consecuencia de este ‘efecto indeseado’, el Gobierno presidido por Chivite (PSN-Geroa Bai y Podemos), I-E y EH Bildu pactaron un cambio en esa ley para que los cargos investigados solo tengan que dimitir en el momento de la apertura del juicio oral, entre otras razones. Evidentemente, este cambio no llegó a tiempo para evitar la dimisión de Ayerdi.

Respecto a Yolanda Blanco, directora general de Industria, Energía e Innovación (de 2015 a 2021) con Manu Ayerdi y consejera de Sodena, a pesar de haber manifestado su discrepancia respecto a las ayudas a Davalor, cuando compareció en la correspondiente comisión de investigación parlamentaria defendió la actuación de su consejero. “Volvería a dar dinero a Davalor”, manifestó en el Parlamento. Fue la segunda ‘víctima’ del Gobierno por el caso Davalor. Cuando Ayerdi dimitió y fue sustituido por Mikel Irujo en el Gobierno, una de las decisiones que este último tomó al poco tiempo de acceder a la consejería fue prescindir de Blanco.

Y a Pilar Irigoien (directora general de Política Económica y Empresarial y Trabajo de agosto a diciembre de 2015, y directora gerente de Sodena de diciembre de 2015 a agosto de 2022) y que públicamente había defendido en varias ocasiones la actuación de su consejero (de Gobierno) y presidente (de Sodena), fue cesada de su cargo recientemente. Pero en este caso no fue Davalor el caso que le obligó a dejar su puesto público, sino el de las mascarillas de Sodena.