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Tribunales

Condenan a la Fundación de la UPNA por cuatro despidos improcedentes

Dos sentencias concluyen que, además de las razones expuestas en las cartas de despido, influyó "un conflicto laboral grave"

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Vista de la UPNACEDIDA
Publicado el 26/08/2022 a las 06:00
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la improcedencia de los despidos a cuatro trabajadores de la Fundación de la Universidad Pública de Navarra en diciembre de 2020. Los jueces concluyen que los despidos no estuvieron motivados únicamente por las razones objetivas alegadas (organizativas en dos casos y económicas en los otros dos), sino también por “la situación de grave conflicto laboral existente en el seno de la fundación desde hace años”. Las sentencias son firmes y condenan a la entidad a abonar un segundo año de salarios, que se suma al pagado tras el despido. En total, más de 323.000 euros.
El 9 de diciembre de 2020, la fundación comunicó el despido a siete trabajadores. Lo hizo unos días después de que la junta rectora analizara “la gravedad de la situación económica” de la entidad y se pidiera a la gerente medidas, a lo que ella propuso, entre otras reducciones de gasto, siete despidos. La junta los aprobó.
Entre los despedidos se encontraban los cuatro demandantes, que junto a otra empleada habían denunciado internamente a principios de ese año estar sufriendo “un clima laboral hostil, con vaciamiento de funciones en algunos casos y trato personal inadecuado” (se llegó a informar a la entonces Defensora de la Comunidad Universitaria y al Rector). La investigación abierta desestimó las alegaciones de los trabajadores y decretó el archivo de las denuncias de acoso laboral.
UNA SITUACIÓN "INSOSTENIBLE"
Los cuatro empleados despedidos y que habían denunciado acoso laboral acudieron a la justicia para reclamar la nulidad de sus despidos. Consideraban que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, relacionando sus ceses con las denuncias. El Juzgado de lo Social nº 1 rechazó la nulidad, pero sí los declaró improcedentes.
La sentencia vio acreditado que los despidos obedecían a la situación económica negativa y cuestiones de organización alegadas por la fundación, pero también a un conflicto laboral “grave”, que se remota años atrás y que tiene su origen, al menos en parte, en el nombramiento de la actual gerente y de la directora del Servicio de Empleo y Formación Continua. Para la magistrada, este conflicto provocó una situación laboral “insostenible”, pero no considera que los despidos estén vinculados con las denuncias. “No fueron una represalia por haber ejercitado sus derechos, sino una manera, no adecuada, de intentar acabar con un conflicto laboral grave, duradero, que afectaba al funcionamiento ordinario de la entidad y a la propia salud de los trabajadores”.
El TSJN refrendó la “ilegalidad” de los despidos, que consideró “una desproporción” y que vinculó con la situación de conflicto laboral, además de las razones expuestas en las cartas de despido. Los jueces también rechazan su vinculación con las denuncias de acoso. Principalmente, porque se despidió a siete personas a la vez, cuatro de ellas denunciantes y tres que no guardaban relación con el conflicto, y porque una quinta persona que denunció no fue despedida.
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