ANEA pone en duda la viabilidad del nuevo modelo de residencias

La asociación navarra de residencias ANEA, que aglutina a la mitad del sector formado por unas 6.200 plazas y unos 72 centros, mostró ayer sus dudas sobre la viabilidad del nuevo modelo de residencias aprobado el martes, con el respaldo de diez autonomías (entre ellas Navarra) y la oposición de nueve (entre ellas la socialista Castilla La Mancha de García Page). ANEA forma parte a nivel nacional del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS) que también ha mostrado sus reticencias con el nuevo modelo residencial porque, entre otros motivos, considera que aumentará el precio de las plazas. “El Gobierno debe garantizar que el nuevo modelo no cueste ni un euro más a las personas usuarias”, sostiene CEAPS, para quien se repite la historia de la Ley de Dependencia: “un documento sin financiación suficiente”. Por eso, consideran especialmente perjudicadas con el nuevo modelo quienes cobren Prestaciones Vinculadas a Servicio, una ayuda pública a quienes deben pagar una plaza en una residencia privada porque no ha sido posible acceder a una plaza pública o concertada.

Aquí, el presidente de ANEA, Rafael Sánchez Óstiz, plantea sus dudas sobre si, realmente, el Gobierno de Navarra adaptará a la normativa foral los nuevos criterios impulsados por el gabinete de la ministra Ione Belarra cuando comunidades como el País Vasco, Cataluña y Madrid ya han avanzado que no asumirán sus requisitos. Dos de los principios es que las nuevas residencias no pueden tener más de 120 plazas y, por otro, que las residencias deberán organizar a los usuarios en unidades de convivencia con ambiente de hogar de menos de 15 personas, atendidas de manera personalizada con los apoyos que precisan para el desarrollo de su vida cotidiana.

Navarra, según ANEA, deberá adoptar los nuevos criterios, por lo que deberá modificar el real decreto 92/2020, donde se establecen unidades de convivencia de entre 16 y 26 personas, según casos. “El nuevo modelo genera incertidumbres y dudas. ¿Se va a a cumplir por parte de todas las comunidades? Luego, no hay ningún estudio ni evidencia científica de que una unidad de convivencia de 15 personas sea mejor que otra de 25 o 30. Y tampoco que una residencia de menos de 120 plazas sea mejor que una de 300 o más. De hecho, la residencia de Navarra con mejor valoración y mayor lista de espera es la Casa de la Misericordia”, valora el directivo, quien señala que aplicar las unidades de convivencia a 15 supone, además de inversiones y subida de coste, reducir plazas en un momento de llegada del ‘bayboom’. " Lo que no hay que cuestionar es que todos estamos por mejorar la atención a las personas", subraya Sánchez Óstiz. El responsable, además, recuerda que quien falló durante la pandemia "fue el sistema sanitario" y no las residencias, por lo que se opone a que se argumente que es necesario cambiar el modelo residencial por lo ocurrido en la pandemia, que hizo especial mella entre los usuarios de estos centros.

Patronales de Dependencia han cuestionado el Acuerdo aprobado este martes por el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas sobre un nuevo modelo de residencias y han advertido de que supondrá "un incremento muy importante" de los precios. Para el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, el acuerdo "nace muerto" por la oposición que ha suscitado entre patronales, sindicatos y CC AA.

"Nace muerto porque nace con la oposición de las patronales, de los sindicatos y de ocho CCAA más Ceuta, que son más de dos tercios de la población de este país. Es un acuerdo muerto, nace muerto. No sé por qué tanta satisfacción de la ministra", ha abundado el presidente de la FED. A su juicio, habría que preguntarse si España puede "permitirse" este modelo y "sobre todo, si es sostenible". "Queremos lo que no podemos, nos fijamos en un modelo nórdico que aplican los países más ricos de Europa", ha apostillado.

Fernández-Cid considera que se pretenden cambios "de lo más radicales" que van a suponer que para "más de 181.000" residentes que ocupan plazas privadas "se incremente el precio en un 50%, de media, 1.000 euros más al mes".

En cuanto a las medidas concretas, ha calificado de "absurdo" que se prohíba construir residencias de más de 120 plazas porque "si se tienen que imputar todos los costes entre menos residentes, los precios van a subir". Además, en su opinión, da igual que la residencia tenga más plazas si los centros se dividen en plantas independientes. "No hay ninguna masificación", ha defendido.

En la misma línea, el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero, ha opinado que "el Gobierno ha perdido una excelente oportunidad de diseñar el modelo de atención a las personas mayores para los próximos años".

"Prueba de ello es que es un documento que nace con la oposición de sindicatos, familias, profesionales del sector y del 72% de la población española (ya que las CCAA que han votado en contra de este modelo representan ese porcentaje de población)", ha señalado Cubero en declaraciones a Europa Press.

Además, ha advertido de que el documento "carece del estudio diagnóstico que justifique las medidas a adoptar, carece de un estudio económico que cuantifique el impacto que van a tener las comunidades autónomas, y carece de una memoria económica que asegure la viabilidad del modelo que se quiere implementar".

Para el secretario general de AESTE, es necesario reformar el modelo de atención a las personas mayores, pero "escuchando a quienes son los destinatarios: las personas mayores" algo que, según ha dicho, no se ha hecho. "En todo este proceso no se ha consultado con las principales organizaciones de mayores de nuestro país", ha denunciado.

La consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu,  valorado de forma “muy positiva” la aprobación del acuerdo que fija los requisitos mínimos que deben cumplir los centros y servicios de dependencia en España.

El acuerdo ha contado con el voto favorable de Navarra, en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que este martes ha reunido al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y a representantes de las comunidades autónomas.

Con este nuevo modelo residencial, “las residencias funcionarán a partir de ahora de forma más parecida a un hogar”, ha señalado en un comunicado Maeztu.

Según ha resaltado, “medidas como el límite de las plazas residenciales en un máximo de 120, unidades de convivencia más pequeñas, la apuesta por la atención centrada en la persona y la mejora en las ratios de atención y condiciones laborales del sector, se alinean con el modelo que ya aprobamos en Navarra en 2020, siendo pioneros a nivel de España.

En este sentido, ha recordado que “la limitación en el número de plazas residenciales se refiere únicamente a los centros de nueva construcción”, y que “en ningún caso va a afectar a los centros ya existentes”.

Por otro lado, ha subrayado que “si antes de la pandemia ya era necesario mejorar el sistema de atención residencial, tras la pandemia esto se ha puesto aún más en evidencia”, y ha destacado que esta línea de trabajo está siendo posible gracias a la mejora significativa de la financiación del Estado al sector, a través del Plan de Choque en Dependencia y de los fondos europeos–Next Generation UE, que entre otras medidas promueven la mejora de los cuidados de larga duración y los cambios en el modelo asistencial.