La atención a mujeres víctimas de trata en Navarra ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años. De apenas 16 casos en 2016, los datos del Informe Anual de Seguimiento contra la Violencia de Género del Instituto Navarro para la Igualdad revelan que ya en 2017 hubo 52 personas en esta situación de explotación sexual atendidas, creciendo un 200% hasta las 141 de 2019 y sumando 136 en 2020. Solo un tercio de esas víctimas se reconoce como tal. Tienen entre 21 y 57 años y casi la mitad, 62, provienen de Nigeria. A gran distancia le siguen las mujeres originarias de Colombia (22) y China (20).

El 80% de ellas fueron reconocidas por entidades sociales, recoge este informe. A un 19% las detectaron instituciones y servicios públicos y un 1% fue abordada por un cuerpo policial. Precisamente esa realidad muestra la importancia de un trabajo conjunto en la identificación y soporte a esas víctimas, y de ello se habló este jueves largo y tendido en una jornada sobre la trata de seres humanos organizada por la Guardia Civil que reunió a distintos portavoces del mundo de las asociaciones, así como del ámbito policial y judicial.

IR CONTRA LA DEMANDA

El capitán Vicente Calvo, jefe de la sección de Trata de Seres Humanos de la unidad técnica de Policía Judicial de Guardia Civil, se explicó con contundencia: “Hay que ir contra la demanda”. Y expuso que se debe abordar por qué modelo apuesta Europa, entre abolición, prohibicionismo (como Francia) o regulación (este último caso es el de Alemania, con medio centenar de personas dadas de alta en el ‘sistema’). Entre otras cuestiones, Luis Lafont, fiscal adscrito al Fiscal de Sala de Extranjería puso el foco en la víctima. “No debe ser un prueba a toda costa y la prioridad de nuestro trabajo debe ir en la línea de preservar su integridad moral a lo largo de todo el proceso”. Para ello, abogó por generalizar la especión protección legal que ya existe y que trata de no revictimizar a una testiga que comparece ante la policía o los tribunales. Actualmente esa figura protege a menores de 14 años en España o a personas con discapacidad y especial necesidad de protección.

Respecto a la situación en Navarra expusieron algunas grandes líneas de su marco de trabajo profesionales como la teniente fiscal y fiscal delegada en Extranjería Ana Carmen Arboniés. “Una víctima de trata puede estar en cualquier lugar y tenemos que abrir los ojos, insistir en la prevención y hacerlo con empatía”. Se posicionó como “absolutamente en contra de legalizar la prostitución”. Lo más importante es recuperar a la víctima, insistió.

Compareció también Carlos Vivanco, jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra, que enumeró el marco legal que guía sus actuaciones y que implica que, cuando detectan condiciones de trabajo o situaciones que podrían suponer indicios de delito se coordinan con los distintos cuerpos policiales para acudir a ese lugar y, en su caso, elaborar un informe para Fiscalía.

Víctor Obarrio, capitán de Policía Judicial de Guardia Civil en Navarra, señaló que se realizan una media de 10 inspecciones anuales en clubes de alterne de la Comunidad foral, así como un centenar de inspecciones laborales en el marco de investigaciones relacionadas con delitos contra las personas. En su turno, Felipe Guzmán, inspector jefe de la Brigada de Extranjería de Policía Nacional en Navarra, realizó una reflexión sobre los instrumentos legales disponibles actualmente en virtud de la Ley de Extranjería a la hora de regularizar la situación administrativa de las víctimas que se avienen a colaborar con la justicia. “A una víctima de trata que llega a una comisaría debe quedarle claro que no se le incoa ningún expediente sancionador”.

Marcela es el nombre ficticio de una mujer de origen brasileño de 39 años que en 2004 fue captada por una mafia que la engañó a prostituirse en España y Portugal. “Yo era estudiante de Derecho y mi sueño era terminar mis estudios. Cuando perdí el trabajo que tenía, me ofrecieron venir a España por 6 meses a emplearme en cuidar niños o mayores y limpieza doméstica por 1.200 euros al mes”. Accedió y el grupo le pagó el billete de avión entre Sao Paulo y Francia. Posteriormente aterrizó en Vigo, donde una furgoneta la trasladó junto a otras mujeres a Valencia de Minho, en la frontera lusa. “Una señora nos pidió allí todo lo que teníamos: pasaporte, direcciones y el dinero en metálico que tuviéramos. Nos reunió en una habitación y nos dijo que en realidad íbamos a ejercer la prostitución. Yo le dije que no, que quería regresar a mi país. Me dio una bofetada y me enseñó fotos de mis sobrinos de 4 y 6 años. En aquel momento me derrumbé. Había expuesto así a mi familia por perseguir mi sueño, por avariciosa. A las personas de Europa que se preguntan a ver por qué las mujeres víctimas de trata no huimos, no escapamos o no contactamos con la Policía les diría que se pongan en nuestra situación. La cadena mental que implica la amenaza a nuestras familias es muy fuerte”. Además, señaló, los proxenetas les insistían continuamente en que entre la policía o los abogados contaban con contactos que les iban a hacer llegar quién se iba a de la lengua. Ya en España, ejerció la prostitución en primer lugar en Sevilla, donde la organización la obligó además a consumir droga. “Un camarero me preparó una raya de cocaína y me dijo que si no obedecía... Y me enseñaba otra vez la foto de mis sobrinos”. Los clubes de alterne son como campos de concentración, ejemplifica, con multas, palizas o agresiones brutales. De Sevilla, Marcela fue llevada a Madrid. “Al principio fue más de lo mismo pero luego tuve la suerte de ser rescatada por Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), donde ahora trabaja. Entre una fase y otra, 4 años de recuperación y 11 psicólogos. Advierte sobre los puteros. “Un cliente va a una cafetería, no es un depredador sexual”.

Te puede interesar

“Los proxenetas se frotan las manos con la guerra en Ucrania”

Ir a la noticia