El Gobierno de Navarra aprobó el 29 de diciembre el primer Plan Estratégico de Convivencia de Navarra. Recoge una serie de medidas para poner en marcha hasta 2024, con un presupuesto de 18,3 millones de euros. Lo publicó en el Boletín Oficial de Navarra y lo llevó al Parlamento para su debate. Ayer, tras un mes de sucesivos aplazamientos, por fin finalizó el plazo para que los grupos presenten sus propuestas para cambiar o añadir aspectos a la iniciativa del Ejecutivo. Lo que han planteado pone de relieve que los socios del Gobierno foral deberán elegir para aprobar su plan entre Navarra Suma (NA+) y Bildu si quieren que salga adelante.

Ambos grupos han presentado propuestas antagónicas y además, NA+ ya advirtió que si el plan no incluye una de las suyas, y es que se produzca la condena expresa de ETA por parte de todos los grupos, rechazará el plan. Esa iniciativa, además, será muy difícil que la aprueben PSN, Geroa Bai y Podemos, ya que especifica que no se podrá alcanzar ningún acuerdo político ni presupuestario con quien no se sume a esa condena. Hay que recordar que el tripartito ha aprobado todos sus presupuestos gracias a que los ha pactado con EH Bildu.

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La coalición de Bakartxo Ruiz y Adolfo Araiz ha planteado por su parte propuestas que es muy difícil que acepten los socios del Ejecutivo, y más concretamente el Partido Socialista. Bildu reclama que el plan cite entre las debilidades de Navarra en torno a la convivencia la zonificación lingüística “impuesta” por la ley del euskera en la que se divide la Comunidad foral o su “alta” ratio policial. Sobre el euskera realiza varias demandas, como que se dé un mínimo de euskera a los escolares en toda Navarra. Plantea promover un nuevo “marco normativo” que permita colocar la ikurriña en las instituciones; rechaza que el plan incluya el colaborar con la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, cuya sede está en Vitoria (sostiene Bildu que "esta institución y su actuación no responden a la necesaria imparcialidad ni visión inclusiva"); y pide que entre las investigaciones en torno a la violencia se incluyan los casos de “tortura”.

Por último, Podemos e I-E han presentado conjuntamente propuestas para que el plan recoja el objetivo de la “inclusión”, promover la “socialización” y actuaciones educativas para la convivencia, entre otras.

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