En la jornada sobre bandas juveniles violentas organizada por la Policía Nacional en colaboración con la Fundación Policía Española hubo múltiples perspectivas y hasta desencuentros. Pero en lo que la mayoría de los ponentes coincidió fue en que la sensación de inseguridad ha crecido entre la población. Al menos fue lo que se repitió durante la mañana, en la que se pasó de soslayo sobre la situación actual concreta de este fenómeno en la Comunidad foral, en la sede de la Confederación de Empresarial Navarra (CEN).

En su intervención, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, se refirió a esta percepción ciudadana, y puso en cuestión los datos del último balance de criminalidad porque, recordó, el año pasado hubo un estado de alarma y toques de queda: “No me vale que me comparen los datos de 2021 y 2019”. Galve señaló que en el Palacio de Justicia no acusan un descenso. De estas afirmaciones discrepó el inspector jefe Javier Susín, jefe de Sección de la Brigada Provincial de Madrid. “No se ha incrementado el número de delitos; sí la alarma social”, determinó antes de añadir que “hace dos años y poco el 20% de los detenidos eran menores y ahora rondamos el 40%”. En la capital española, en la que se concentran los miembros de bandas violentas, ahora cuentan con más medios para explorar las vías de financiación de estos grupos, que calificó como “muy chabacanas”, como robos con violencia y pequeñas extorsiones. Susín contó que, con un fenómeno caracterizado por la multirreincidencia de los miembros de las bandas, tratan de impulsar una reforma de la normativa en torno a la tenencia de armas blancas. Su mayor preocupación son los machetes, que buscan prohibir y de los que indicó que “crean sensación de impunidad”.

Sobre las bandas, manifestó que eran variopintas y ya no solo integradas por extranjeros. “El noventa y pico por ciento son españoles como nosotros, nacidos aquí”, aclaró. También ha evolucionado la forma de captación: “Las redes sociales han sido muy perjudiciales en este tema”. Con la pandemia, en especial los más niños “se han hecho de bandas, entre comillas, en la red; sin embargo no tienen ninguna identificación y ni una sola detención”. Se ven atraídos por la imagen que transmiten estos grupos de sus miembros y aunque “no han hecho nada malo”, puntualizó Susín, “ellos se están colocando una diana en el pecho”. Se trata más que de una captación de una imitación, continuó el inspector jefe Balbín, de la Comisaría General de Información. Los integrantes tienen en común la falta de referentes y de un “sentimiento de pertenencia”.

En otro tono se expresó el inspector de la Brigada Provincial de Información de Navarra, Carlos Monforte. “Da igual las operaciones que hagamos, van a surgir nuevos grupos”, expuso. En su análisis manifestó que los integrantes cuentan con “un montón de insatisfacciones y necesidades básicas que cubrir que, evidentemente, no cubren con un esfuerzo de estudio o trabajo o sacrificio; van a lo sencillo”. Y sin una salida laboral, añadió, darán el salto a otro tipo de delitos.

Monforte mencionó la Operación Yuca (2020), en colaboración con la Policía Municipal de Pamplona, en la que hubo 48 detenidos y se imputó a otros cuatro que se encontraban en prisión. No obstante, remarcó la importancia de que la sociedad conozca que la policía no está solo para detenciones, sino “también para ayudar”.

Durante la jornada sobre bandas juveniles violentas, la asociación Servicio Socioeducativo Intercultural (SEI) expuso su forma de trabajo para acoger a jóvenes migrantes. “Es un modelo bueno, pero es preventivo”, admitió Maite Ziganda, directora de la entidad. Los chicos permanecen en la asociación una media de dos años y, aseguró, hay constancia de que “no acaban” en estos grupos. Ziganda explicó que su acompañamiento tiene en cuenta la situación familiar que han dejado atrás en sus países y la que viven en España. En los adolescentes, apuntó, hay más inestabilidad emocional y además importante el sentido de pertenencia. Es importante, indicó, “generar un espacio de acogida”. Esta segunda cuestión la refrendaron los otros ponentes como un motivo que lleva a los jóvenes a entrar en bandas de todo tipo. Cuando cumplen 18 años y no tienen los 3 de residencia, recordó, no pueden optar a estudios oficiales ni trabajo. A Navarra llega una proporción similar de chicos que de chicas que se concentra sobre todo en el instituto Plaza de la Cruz y Julio Caro Baroja. “No sé si el sistema comunitario habría que repensarlo”, advirtió.

“Nos ponemos mucho más de acuerdo con la policía o agentes judiciales que con quien gestiona la educación”, aseguró luego Mikel Uruñuela, director de la asociación educativa Berriztu, entidad que gestiona centros de internamiento juveniles. Uruñuela abogó por ahondar en la “dificultad y complejidad” del fenómeno de las bandas juveniles: “Se necesitarían más investigaciones para poder actuar con mayor conocimiento, sin dejarnos llevar ni por alarmismos ni ponernos una venda en los ojos”.

El presidente y fundador de la oenegé Movimiento Contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, compartió junto al periodista de ABC Pablo Muñoz la mesa sobre el impacto social de las bandas violentas juveniles y su tratamiento en los medios de comunicación. “La deriva hacia la violencia es una deriva hacia la realización identitaria”, aseguró Ibarra, que apostó por eliminar el apellido ‘juveniles’ a las bandas para no estigmatizar a la juventud. El presidente de la oenegé determinó que en la sociedad debe haber “un clima de deslegitimación de la violencia”. Además, denunció que “la ley del menor no está acertando con los delitos más graves” y que la sociedad “tiene derecho a defenderse” aunque, precisó, “no con mentalidad punitiva”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, y el fiscal superior José Antonio Sánchez aportaron el enfoque judicial al fenómeno de las bandas juveniles violentas. Repasaron las figuras jurídicas existentes para encuadrar sus actividades, aunque aspectos como el concierto entre partes para llevarlas a cabo o la estructura que las regula son difíciles de probar. Galve mencionó algunos sucesos y detenciones recientes, en los que destaca la juventud cada vez mayor de los integrantes de las bandas. Los menores de 14 años, recordó, son inimputables. El presidente del TSJN se preguntó de forma retórica si en la actualidad hay más agresividad y delitos de “lesiones gratuitas”.