El director gerente del Servicio Navarro de Salud (SNS), Gregorio Achutegui, ha asegurado en comisión parlamentaria que no disponen de indicios suficientes de que se haya producido un delito de cohecho en el antiguo Complejo Hospitalario de Navarra así como que no ha habido ningún intento de destruir ni ocultar ninguna prueba.

Achutegui ha comparecido a petición del portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien ha denunciado que el 17 de septiembre 2020, y con conocimiento del gerente del SNS, se advirtió al denunciante que destruyese una grabación con indicios de un presunto delito de cohecho por parte de otros tres profesionales con los que estaba inmerso en un conflicto laboral.

“El conflicto es fundamentalmente laboral y ha tenido una resolución laboral razonablemente buena a unos ritmos razonables”, ha considerado Achutegui asegurando que “nunca” han tenido “indicios suficientes para llevar ningún tema con fundamento a la fiscalía” y que "no ha habido ningún intento ni de ocultar ningún delito ni de eliminar ninguna prueba”.

Según ha relatado solo tienen constancia de la escucha de una grabación el 7 de octubre “de unos dos minutos de duración que se oía mal” en “un acto simbólico de destrucción” de ese audio dentro de un proceso de facilitación y mediación organizado por una empresa externa para resolver un conflicto laboral en el Área del corazón.

“La persona aportante de esta grabación puede tener un original de esa copia”, ha comentado asegurando que “no se ha destruido nada, no habido intención de destruir ni ocultar nada, ni delitos ni pruebas” y que “todas las que necesite la justicia estará a su disposición”, si bien ha aclarado que por el contexto de mediación de la escucha esta tiene “carácter relativamente confidencial”.

Achutegui ha mostrado sus sospechas de que el correo al que ha hecho mención el portavoz de Navarra Suma podría ser la convocatoria de esa reunión “en la que la empresa planteaba una mera destrucción simbólica como destrucción de problemas”.

El responsable del SNS ha reiterado que desconocen las pruebas que el denunciante ha aportado al Defensor del Pueblo y la Fiscalía asegurando que a ellos no se las ha dado a pesar de que desde el servicio “se le había reiterado que aportase las pruebas en varias ocasiones, otra cosa es que no se haya hecho por escrito”.

A esta acción de escucha del audio, ha señalado, se convocó a las personas interesadas pero solo acudieron el denunciante y responsables del área, “señal de que ya el proceso de mediación no iba bien”.

A partir de ahí, y con conocimiento de que el caso había pasado a la fiscalía, se inició un “proceso de reflexión dentro del servicio” entendiendo que “procedían medidas organizativas” y “no existían indicios suficientes de delito para llevar un tema a la fiscalía”, ha apuntado

De este modo, ha referido, se elaboró un expediente de información reservada y sobre sus conclusiones se adoptaron medidas “exclusivamente organizativas no solo contra una persona, sino contra dos” al entenderse que “desde el punto de vista del conflicto había más de un responsable”.

“No se ha pretendido perjudicar a nadie, sino primar el servicio por encima de todo y mejorar las relaciones entre los médicos porque en un servicio en el que hay una interactuación tan estrecha y con márgenes de decisiones tan concretos sería un grave riesgo para los pacientes no tener un equipo plenamente cohesionado”, ha explicado.

El portavoz de Navarra Suma ha denunciado que “han pasado de decir que no podían investigar los hechos porque no disponían de las pruebas por no aportarlas el denunciante a reconocer que le han requerido destruir esos indicios” criticando que no se personen en la causa y asegurando que “el denunciante ha tenido que cogerse una excedencia después de pasar un calvario laboral”.

Desde el PSN Patricia Fanlo ha asegurado que “es un conflicto laboral de mucho tiempo” puesto que “este señor tenía muchos anexos B en el SNS desde hace más de 10 años” y ha recordado que los afectados “han firmado que no han percibido dinero”.

Ana Ansa, de Geroa Bai, ha considerado que “ha habido errores, cuanto menos de gestión”, si bien se ha mostrado prudente y a la espera de que se resuelva la vía judicial para así poder tener acceso a toda la información y poder “hacer una valoración técnica y política del asunto”.

Crítica se ha mostrado también la representante de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, quien ha considerado que “no se ha actuado ni con la debida diligencia ni con la debida transparencia” y que “el departamento de Salud se está equivocando” porque “pretende justificar determinadas actuaciones u omisiones en base a un conflicto laboral”.