Diario de Navarra

Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras España, da las claves de la campaña que ha puesto en marcha esta ONG y Salud por Derecho y que, de momento, no ha encontrado el respaldo del Ejecutivo central ni del resto de países de la UE. “Estamos asistiendo a un escenario con enormes tensiones y a unas negociaciones opacas propias de un mercado persa”, denuncia. Países en los que vive el 16% de la población mundial acaparan el 60% de la reserva de vacunas. ¿Qué reflexión le suscita? Una bastante desalentadora. Estamos en una pandemia mundial, histórica, pero siguen vigentes las mismas maneras de hacer en cuanto a propiedad intelectual que había hasta ahora, y eso está generando numerosas trabas a la hora de acelerar la producción. Lo que está claro es que hasta que no estemos todos vacunados no vamos a salir de la pandemia de una manera completa. No es una cuestión de justicia o de buenismo, sino de que en términos de salud pública hay que tratar de hacer llegar el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible a toda la población mundial. Si algo no tenemos en esta pandemia es tiempo. ¿Existen mecanismos para que esto sea factible? Uno es la propuesta que hicieron en octubre India y Sudáfrica en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que está en negociaciones. Lo que plantea es la posibilidad de establecer una exención al sistema de patentes, a estas leyes de propiedad intelectual que recoge el acuerdo ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), hasta que se logre la inmunidad mundial. ¿Qué repercusión tendría eso? Si se suprimieran las patentes tendríamos una bolsa compartida de conocimiento, tanto de medicamentos como de vacunas y tecnologías que luchan contra la covid-19. Eso generaría que no sólo pudieran producir las farmacéuticas que tienen alguna de las vacunas, o los laboratorios con los que han llegado a algún acuerdo, sino que se podría producir a nivel mundial. Hay países del Sur con músculo financiero y tecnológico, como Pakistán o India, que podrían aumentar la producción de vacunas. ¿Qué acogida ha tenido la propuesta? Curiosamente, de los 164 países que conforman la OMC hay 100 que ya la apoyan, y son todos países del Sur. Los países de rentas altas donde el lobby farmacéutico es muy potente no están a favor de esta medida: Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega, Suiza o la propia Unión Europea en bloque. ¿Cómo lo argumentan? Por un lado, dicen que en esos acuerdos de propiedad intelectual ya hay flexibilidades que permiten establecer determinadas excepciones. Por ejemplo, la licencia obligatoria, que permite que un país suprima una patente en aras de un problema de salud pública. Es cierto que las hay, pero el problema es que hay que ir caso por caso, producto por producto y país por país. Eso supone entrar en una maraña administrativa compleja y de muy largo plazo, además de que es complicado, porque muchas veces las farmacéuticas tienen una capacidad fuerte para presionar a ese país. Lo que se propone ahora es una medida radical en el sentido positivo, es como un órdago al actual sistema de leyes de propiedad intelectual, pero es que hay que tener en cuenta que estamos en una situación excepcional que hace imprescindibles soluciones excepcionales. Por otro lado, estos países dicen que ya han habilitado otro tipo de mecanismos. ¿Qué mecanismos? La Unión Europea y también el Gobierno español tienen un mecanismo de solidaridad con las vacunas, que implica que destinan el 5% de las vacunas adquiridas a países en desarrollo o a crisis humanitarias. Esto es positivo aunque el porcentaje es muy pequeño, pero es una medida insuficiente. Con el excedente de los países de rentas altas no vamos a conseguir la inmunización mundial. Por otro lado está la herramienta Covax, liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es una herramienta que pretende un acceso equitativo de los países de rentas bajas y medias a la vacuna. También es una iniciativa muy positiva y que va a lograr distribuir bastantes dosis, pero nunca las suficientes. No es sólo una cuestión de dinero, sino de acelerar la producción. Se cita la epidemia de VIH/sida como precedente histórico de esta reivindicación. ¿Qué sucedió entonces? Se permitió distribuir y vender en países de renta baja la producción de medicamentos genéricos contra el VIH, sin que las patentes lo bloquearan . Eso hizo que bajara muchísimo el precio del tratamiento, que estaba en más de 10.000 dólares. Es decir, no es la primera vez que se ha hecho esto. Y no es solamente una petición de Médicos Sin Fronteras o de organizaciones de la sociedad civil, sino que la propia OMS también está empujando en esta dirección. Todo esto redunda en una cuestión, y es que no se puede tratar a los medicamentos como a cualquier otro bien de consumo. Las farmacéuticas alegan que son empresas y que necesitan beneficios para seguir invirtiendo en investigación. Nadie les niega el hecho de que tengan que cubrir los costes, pero hay una opacidad absoluta sobre el coste real de esa I+D. Con algunos medicamentos, como el de la Hepatitis C, se ha demostrado que el margen de beneficio es a veces estratosférico. También hay que tener en cuenta que en muchas investigaciones participa dinero público a través de diferentes vías, y eso tampoco lo desglosan nunca. En el caso de la Covid, la inversión a través de los diferentes gobiernos ha sido histórica, de más 100.000 millones de dólares. Tendría sentido que, al menos, hubiera determinadas salvaguardas, porque no es sólo dinero de la farmacéutica. ¿Cómo de factible es que haya consenso en el seno de la Organización Mundial del Comercio? El 4 de febrero hubo una reunión informal para seguir avanzando, pero de momento las posiciones están enconadas. En caso de que finalmente se estableciera esta exención, ¿implicaría eso tener que establecer algún tipo de contraprestación para las farmacéuticas? No lo sé, la letra pequeña es compleja. Una de las mayores dificultades que están teniendo las negociaciones es ver qué pasará con aquellas vacunas o aquellos productos que ya están vendidos o apalabrados. Al final, de lo que va esto es de que no sólo puedan producir unos pocos. Es la única solución para esta pandemia.

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Raquel González: “Hay países del Sur con músculo para incrementar la producción de vacunas”

Médicos Sin Fronteras pide al Gobierno central que apoye la suspensión de patentes covid-19 para acelerar la producción y distribución del antídoto, como han hecho 100 países en el seno de la Organización Mundial del Comercio

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