La falta de una regulación ha impedido que el euskera puntúe como mérito en 54 procesos de concurso oposición en cientos de plazas en Salud convocadas en la zona mixta y la no vascófona.

El Gobierno navarro sigue sin aprobar una nueva norma más de un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) anulara varios artículos del decreto de 2017 sobre el uso del euskera en las administraciones públicas del anterior Ejecutivo de Uxue Barkos.

El fallo judicial anuló la regulación del euskera como mérito en los concurso oposición de ingreso o en los de méritos (internos) para acceder a un puesto en la Administración foral en la zona mixta y la no vascófona. No impedía que el euskera puntúe, sino su aplicación “imperativa” para cualquier plaza. No afectaba a la zona vascófona ni a las plazas en las que el euskera es requisito.

El vicepresidente y consejero de Función Pública, Javier Remírez, compareció este martes en el Parlamento para explicar, a petición de EH Bildu, cuántos procedimientos han resultado afectados por la ausencia de una nueva norma y cuándo la van a aprobar.

Hay que recordar que el Gobierno decidió no recurrir la sentencia y anunció que aprobaría una regulación para cuando el fallo fuera firme. Sin embargo, las diferencias internas lo han impedido. Remírez aseguró este martes que tienen el trabajo “bastante avanzado” y que esperan lograr en torno al decreto que regule los méritos “el mayor grado de consenso político, sindical y social”.

NO AFECTA A CONCURSOS DE INGRESO SIN MÉRITOS

El consejero recordó que la sentencia no afecta a los procesos de ingreso por oposición donde no se realiza valoración de méritos ni al personal público que logró su plaza vía concurso oposición o traslado en procedimientos donde sí se valoraba el euskera como mérito, pero que eran firmes antes del fallo judicial.

AFECTA A CONVOCATORIAS DE 736 PLAZAS EN SALUD

El euskera como mérito no ha puntuado en las plazas de la zona mixta y no vascófona de los concurso oposición convocados por Salud desde que la sentencia del TSJN es firme o cuya fase de concurso se celebró después de que lo fuera. Desde entonces, Salud ha convocado 15 procedimientos con 451 plazas que se encuentran en distintas fases (inscripción, valoración, propuesta de nombramiento, elección de plazas...) a las que se han presentado 14.116 aspirantes de los que 2.841 han aprobado.

Además, se convocaron 39 procedimientos de médico especialista de área, con 285 plazas de diferentes especialidades que ahora se encuentran en fase de inscripción de aspirantes.

En todos esos procesos, no puntuó ni puntuará el euskera como mérito en las plazas de la zona mixta y no vascófona (sí en las de la zona vascófona).

INSPECTOR DE PF Y TÉCNICO EN FARMACIA

Además, la sentencia del TSJN afectó a los procedimientos de ingreso por concurso oposición que estaban en tramitación en ese momento. Fueron en concreto dos convocatorias de ingreso en la función pública, una para 14 plazas de empleo de inspector de la Policía Foral y la convocatoria por concurso oposición de 2 puestos de técnico en Farmacia en el departamento de Salud.

LA NUEVA REGULACIÓN, SIN FECHA TODAVÍA

Tres consejeros que pertenecen a los tres socios de la coalición de gobierno están en el grupo de trabajo interno que elabora la nueva regulación: el socialista Javier Remírez, la consejera que está al frente de la Política Lingüística, Ana Ollo, de Geroa Bai, y el consejero de Justicia, Eduardo Santos, de Podemos.

Remírez, que no concretó cuándo se aprobará la nueva norma, recordó que el TSJN no impide que se valore el euskera como mérito en la zona mixta y la no vascófona, sino que marca que se tengan en cuenta las características del puesto, sus funciones y la realidad sociolingüística.

CRÍTICAS AL RECHAZO EN REGULAR LOS MÉRITOS

Marta Álvarez, de Navarra Suma, criticó que más de un año después de la sentencia no haya una nueva regulación. “Ustedes no pueden avanzar, porque no se ponen de acuerdo”. Afirmó que el anterior Gobierno de Uxue Barkos aprobó un decreto que “vulneraba la igualdad de oportunidades” en el acceso a la función pública. Recordó que el PSN se manifestó contra esa política lingüística, pero luego ha mantenido a su responsable, la consejera Ana Ollo, en el mismo cargo. “Son rehenes de sus socios”.

La socialista Inma Jurío respondió que la consejera no marca la política lingüística, sino que es el Gobierno “en su conjunto” el que toma las decisiones.

La portavoz de Geroa Bai, Blanca Regúlez, indicó que el Ejecutivo trabaja para que la nueva norma “ponga al euskera en su lugar”.

Bakartxo Ruiz, de Bildu, quien había pedido la comparecencia, consideró “un grave error político” no recurrir la sentencia y dar “por bueno” su contenido. Indicó que en las plazas en las que no se ha valorado el euskera, sí ha puntuado saber inglés, francés o alemán, hasta con 2 puntos. Y planteó a cuántos de los más de 14.000 presentados “se les ha discriminado”. Dijo que esperaba la “autocrítica” del Gobierno.

CRONOLOGÍA

30 de noviembre, 2017. Entra en vigor el decreto del Gobierno de Uxue Barkos que regula el uso del euskera en las administraciones. Fue recurrido por varios sindicatos.

27 de septiembre de 2019. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra anuló parte del decreto.

22 de octubre de 2019. El Gobierno de María Chivite acata la sentencia del TSJN y decide no recurrirla. Es firme desde hace casi un año.

SENTENCIA DEL TSJN

Anula la valoración “imperativa” del euskera como mérito en la zona mixta y servicios centrales. La parte del decreto de 2017 que fue anulada por la sentencia decía que el euskera “deberá suponer” en concursos oposición de ingreso el 7% en relación con la puntuación asignada al resto del baremo de méritos, y en concurso de méritos (internos) el 6%. En función del grado de atención a la ciudadanía se podría elevar hasta el 14 y el 12%, respectivamente.

Anula la valoración del euskera como mérito en la zona no vascófona. El decreto establecía que el euskera “podrá suponer” en esta zona hasta el 7% en un concurso oposición, y hasta el 6% en concurso de méritos. Quedó anulado.

Servicios centrales. Anula que deban ser “imperativamente” bilingües sus notificaciones, impresos, rótulos de oficinas, uniformes, señalización viaria, etc. Se debe tener en cuenta al destinatario y la zona en la que reside y la actuación concreta.