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Educación

Los sindicatos de la enseñanza concertada reciben el apoyo del Parlamento

En su comparecencia, solicitada por Geroa Bai, los portavoces sindicales han instado a "invalidar" lo que consideran "un fraude" y un acuerdo "inaceptable" y "vergonzoso"

Sindicatos de la concertada prevén movilizaciones contra Educación
Los representantes de los sindicatos UGT, SEPNA-FSIE y LAB.
D.N.
  • EFE. Pamplona
Actualizada 29/07/2020 a las 15:19

Los sindicatos de la enseñanza concertada SEPNA, UGT, LAB y ELA han recibido este miércoles el apoyo de la mayoría del Parlamento en su rechazo al acuerdo firmado entre el Gobierno y la patronal del sector, de eficacia limitada al tener el aval únicamente del 1% de la representación social, formada por USO y CCOO, y que ha apostado por derogar.

En su comparecencia, solicitada por Geroa Bai, los portavoces sindicales han instado a "invalidar" lo que consideran "un fraude" y un acuerdo "inaceptable" y "vergonzoso" al "excluir" de la negociación al 99% de la representación sindical, además de "regresivo" por los recortes para los docentes en los últimos años de su vida.

Por SEPNA-FSIE, Alicia Azpilicueta, ha afirmado que "el consejero de Educación y la presidenta del Gobierno son los máximos responsables de la situación" de los trabajadores de la enseñanza concertada e ikastolas y estaría bien que reconocieran lo que han hecho y firmado, incluso que lo argumentaran".

Y ha recordado que el Gobierno se comprometió a negociar un nuevo convenio y "no ha cumplido" usando la crisis sanitaria "como excusa" para "impedir la negociación e imponer un acuerdo" de "dudosa legitimidad", que "atenta contra la libertad sindical" y "hace caso omiso a la voluntad del Parlamento".

"Este Gobierno está actuando de forma sectaria, discriminando" a 3.500 trabajadores "por ser de centros concertados cuando la educación es un servicio público", ha añadido, y denunciado también que el acuerdo pone fin a la transparencia pactada en 2017 para el dinero público que recibe la patronal de la enseñanza concertada.

Alejandro Gastaminza, de UGT, ha señalado que del 3,25% de subida salarial el 1,25% proviene del acuerdo de 2017 para revertir recortes y denunciado que solo se diera a los sindicatos seis días para negociar lo firmado entre el Gobierno y la patronal del sector cuando prorrogar aquel acuerdo hasta final de año para dar tiempo a un nuevo consenso hubiera costado solo 170.000 euros.

Ha cuestionado ademas "el talante" que refleja el consejero con sus "ataques sin precedentes" a los sindicatos, asegurado que no pararán hasta "derogar" un acuerdo que provoca una "injusta situación".

En la misma línea Miren Agurtxane Senar , de LAB, ha subrayado que el objetivo es que "decaiga este acuerdo regresivo", al tiempo que ha puesto en duda el destino de la subid del 4,5% que se ha aplicado al dinero que el Gobierno entrega a los centros y que debía ser para mejorar las condiciones laborales.

Ha puntado asimismo que es "tan sorprendente como increíble" que un Gobierno liderado por un partido socialista avale un acuerdo que tiene "en contra el 99%" de la representación de los trabajadores y para el que además se exige una adhesión firmada "incluso en contra de la propia conciencia" para "poder ejercer" los derechos.

Por último Juan Pedro Urabayen, de ELA, ha asegurado que los trabajadores de la red concertada salen "muy baratos" al Gobierno, aseverado que aún pierden un 13% de su poder adquisitivo tras los recortes sufridos, y mostrado su malestar con un consejero que "mintió" y que ha propiciado una "salida autoritaria".

Por esas razones y otras ha apostado por un convenio provincial para la enseñanza concertada como !única herramienta con rango jurídico suficiente" para tener garantías y contar con unas condiciones laborales y una red dignas.

Para María Solana, de Geroa Bai, "no parece muy legal" un acuerdo solo con el 1% de los sindicatos aunque el consejero no busque atacar la red concertada "porque con las patronales se sienta, habla, negocia, acuerda y consiente que se reduzca" el acuerdo de 2017 en materia de transparencia, cuya falta "ha costado mucho dinero a las arcas publicas", y además sin exigirles "un proceso negociador con sus trabajadores con garantías".

Por Navarra Suma Pedro González ha criticado los seis días de plazo para negociar en junio y un acuerdo que no supone "sino pérdida de derechos, que lo que hace es recortar en derechos básicos y además en el momento más delicado y duro para los docentes", algo "totalmente injusto", y de cuya legalidad también ha dudado.

Jorge Aguirre, del PSN, ha dicho comprender "el enfado y el cabreo" de los sindicatos por no estar en la negociación y no compartir el contenido del acuerdo, pero ha considerado que el mismo avanza en la analogía retributiva con la red pública, que ha tenido altibajos a lo largo de los años, y defendido que revierte recortes porque el consejero y el Gobierno "cumplen los acuerdos".

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha defendido la participación de los sindicatos en la negociación de las condiciones laborales y en el uso de fondos públicos, porque eso supone "mayor democracia y mayores garantías de transparencia", y se ha mostrado partidaria de revertir recortes, mejorar condiciones de trabajo y derogar este acuerdo firmado en junio.

Por Podemos, Ainhoa Aznárez, ha apostado igualmente por dignificar el empleo, apuntado que es la reforma laboral del PP la que permite esta situación al "eliminar de un plumazo la negociación sindical" y defendido el control del dinero publico y que se reconduzca la situación con una nueva negociación con los sindicatos.

Desde I-E, Marisa de Simón, ha apuntado que esta es una situación enrevesada con "empleados de una empresa privada" cuya "patronal ha acordado con Educación, por lo que es ridículo revestirlo con los sindicatos", ha sostenido que la solución es que todos los centros educativos sean públicos y recordado a Geroa Bai y Podemos que son "corresponsables" de las decisiones del Gobierno.

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