Navarra Suma ha pedido al Gobierno foral que “reflexione sobre la efectividad” de las medidas puestas en marcha en materia de vivienda para hacer frente al impacto del coronavirus.

Para NA+, “la vivienda es una cuestión esencial y, por ello, es necesario hacer un seguimiento constante de las medidas implementadas por si fuera oportuno modificar algunas condiciones y requisitos fijados inicialmente”.

La coalición plantea este debate después de que la presidenta Chivite, señalan, “no haya dado respuesta clara a las preguntas formuladas o no haya ofrecido la información que se le ha requerido para saber si están funcionando”.

A este respecto, destacan que se han registrado 150 solicitudes a los programas EmanZipa y David de ayudas al alquiler no protegido, “pero no se ha dicho cuántas de ellas cumplen los requisitos y han sido aprobadas ni tampoco, en su caso, los motivos por los que han sido denegadas”.

Así, consideran que “la propia presidenta reconoce que son pocas”, por lo que “habrá que valorar a qué se debe”. En opinión de NA+, “puede deberse, como así lo creemos, a que los requisitos son muy exigentes y dejan fuera a muchos ciudadanos”. “No se está pensando en las situaciones reales que la crisis del covid-19 está originando”, agregan.

Además, han criticado que “no se informe sobre el número de moratorias o condonaciones de pago de rentas solicitadas a Nasuvinsa por parte de inquilinos de viviendas protegidas con la excusa de que se pueden presentar hasta principios de mayo”. “¿Impide acaso que el plazo no haya expirado para conocer el número de solicitudes presentadas a día de hoy?”, se preguntan.

“Precisamente, por eso queremos saber las que se han presentado, porque si las condiciones que se imponen son complicadas de cumplir es mejor cambiarlas antes de que venza el plazo”, explican.

Finalmente, desde NA+ tampoco se entiende que el Gobierno no facilite el número de moratorias o condonaciones concedidas por empresas arrendadoras porque, dicen, se gestionan directamente con las promotoras privadas.

“Es verdad que se solicitan a las empresas privadas, pero es el Gobierno el que abona las subvenciones a los arrendadores, que deben comunicar al Gobierno las familias y personas arrendatarias que han disfrutado de dicha mora o condonación, por lo que es perfectamente conocedor de este dato”, concluyen.