Diario de Navarra

El departamento de Derechos Sociales del Gobierno foral ha denegado a una religiosa perteneciente a las Madres Teresianas el cobro de la Renta Garantizada. A juicio del Gobierno, la vivienda colectiva perteneciente a esta congregación en la que reside la interesada “garantiza el sustento básico de sus integrantes”. Por lo tanto, considera que “no tiene derecho” a esta ayuda “al tener cubiertas sus necesidades básicas”. El pasado mes de julio, esta religiosa, de nacionalidad venezolana, presentó un recurso de alzada contra la resolución denegatoria de Derechos Sociales. La interesada había venido percibiendo la ayuda durante un año, desde que la solicitó en abril de 2018, “al desconocerse que vivía en una comunidad religiosa”, apunta el departamento. En el expediente de abril de 2019 se solicitó el certificado de convivencia del domicilio de la titular, y fue en ese momento cuando se conoció que la religiosa reside en una vivienda de la congregación, una modalidad que el Gobierno considera “un recurso residencial permanente” incompatible con el cobro de la subvención. LA VIDA COMUNITARIA Derechos Sociales, que emitió el 20 de enero la orden foral que desestima el recurso de alzada de la religiosa, se remite a “las Constituciones de la Compañía de Santa Teresa de Jesús que, de forma reiterada en sus diferentes apartados, hacen referencia constante a la vida comunitaria de las hermanas y la solidaridad expresa entre ellas, sobre todo en situaciones de necesidad”, cita. Los recursos de la congregación se ponen “al servicio de la acción apostólica, especialmente entre los pobres, y para atender a las necesidades de las hermanas, comunidades y provincias”, extrae. Por todo ello, el departamento concluye “que no puede defenderse válidamente que la recurrente no tenga sus necesidades básicas cubiertas”. Respecto al segundo argumento de la religiosa, el hecho de haber sido ya beneficiaria de la prestación, Derechos Sociales alega que “la resolución anterior se dictó sin conocimiento de la información aportada en el presente procedimiento”. De modo que no solo no lo acepta, sino que desliza la posibilidad de que “debiera ser objeto de revisión para determinar un eventual cobro indebido de la prestación”. EL DEFENSOR, CON LA MONJA La religiosa hizo llegar su caso en diciembre, antes de que Derechos Sociales emitiera la Orden foral en respuesta a su recurso, al Defensor del Pueblo. Éste se posiciona de forma clara a favor de la reclamación de la religiosa, tanto en forma como en fondo. Respecto a la cuestión formal, reprocha al Departamento la falta de celeridad en la resolución del recurso, y le recuerda que el plazo máximo legal establecido para ello es de tres meses. Respecto al fondo del asunto, la institución que encabeza Javier Enériz considera que una comunidad religiosa “no es, ni puede considerarse, un recurso residencial” que utilice una persona “en el ejercicio de su derecho a la inclusión social”, sino que se trata de “una opción personal” de vida “conforme a unas creencias”. “No es una prestación técnica que articulen u organicen la Administración foral o las entidades con fines de asistencia social, sino un centro de una congregación en la que alguno de sus miembros puede presentar situaciones de necesidades iguales o incardinables en las que atiende la Ley Foral de Renta Garantizada”, valora. Por ello, recomienda a Derechos Sociales “no denegar el derecho a recibir la Renta Garantizada a la religiosa”. NA+ CREE QUE LA ACTUAL RENTA "EXCLUYE A LAS RELIGIOSAS" NA+ presentó, en el debate del proyecto de Presupuestos Generales para 2020, una enmienda parcial para modificar la ley que regula los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada. La propuesta, que no prosperó al ser rechazada por el resto de grupos (PSN, Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E), pedía que “no se consideren recursos residenciales permanentes, a efectos del cumplimiento de requisitos para ser perceptor de esta subvención, aquellos recursos en los que las personas que en ellos convivan compartan los gastos necesarios para sufragar el mantenimiento del recurso y la manutención de sus inquilinos”. A juicio de NA+, que mantiene su enmienda para el debate final de los Presupuestos, “la actual normativa excluye a las personas, normalmente religiosas jubiladas, que están en esta condición cuando tienen que correr con los costes para vivir”.

Diario de Navarra

Deniegan la Renta Garantizada a una monja porque vive en una comunidad

Derechos Sociales alega que tiene cubiertas sus necesidades básicas y el Defensor del Pueblo critica la decisión

Comentarios

Estabilizado un incendio en un campo sin cosechar que afecta a un pinar en Paternáin

Bodega Otazu, reconocida con el Premio Pyme Navarra 2026

La Asociación Navarra de ELA inaugura nueva sede en Mutilva

Cortada la avenida de Bayona, en dirección salida de Pamplona

La cervecería Napargar anuncia su cierre el 13 de julio