Diario de Navarra

Alfonso Aguirre Carrera es un vecino de Caparroso que no ha parado hasta que el Boletín Oficial de Navarra (BON) ha cambiado la forma de facturar los anuncios a ganaderos que, como él, realizan una ampliación de sus explotaciones. Persona de ideas fijas- “soy muy cabezón” confiesa-, su tenacidad y, sobre todo, su convicción de que el método de facturación no era claro ni justo le ha llevado a realizar mil llamadas, a desplazarse a Pamplona para reunirse con técnicos y responsables de departamentos e, incluso, ha recurrido al Defensor del Pueblo de Navarra. ¡Todavía no ha terminado su batalla. El Gobierno de Navarra le exige que pague 514 euros de un anuncio en el BON en 2018, pero él se niega porque considera que solo debe abonar 60 euros y que, además, le debe devolver otros 295 euros de otro anuncio mal facturado de 2014. Este ganadero de 41 años no se arredra ante las cartas que, según cuenta, le llegan alertando de que si no paga se le restará ese dinero de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria. En su lucha, Alfonso se siente moralmente triunfador porque ha logrado que el Gobierno foral rectifique su criterio de cobro de anuncios como el suyo. EL PRIMER ANUNCIO La historia comienza en enero de 2014. Entonces, su madre era propietaria de una granja de cerdos en la localidad ribera y la familia decide aumentar el número de cabezas. Rebasan las 2.500 y, según la ley, es obligatorio una Autorización Ambiental Integrada (AAI). Alfonso, cumplidor, realizó el trámite que consiste en un proyecto enfocado al aspecto medioambiental (previsión de materias primas, residuos, etc). Entonces, le llegó una factura de 355,20 euros por la publicación de la resolución de aprobación de su AAI en el BON. “No piensas que el Gobierno de Navarra te engaña y pagué. ¡Como los autónomos pagamos tantas cosas!” El detonante llega en 2018, cuando realiza una nueva ampliación y debe renovar su AAI. Para entonces, Alfonso y su madre conforman una sociedad civil y, a los dos, les llega una factura con 27 euros, 54 euros en total. “Era por el anuncio de que me iban a dar la resolución. Me pareció muy fuerte, pero lo pagamos”. Alfonso ya esperaba otra factura similar a la 2014, de unos 355 euros, pero se equivocaba. Esta vez el coste era de 257,40 euros para él y otros 257,40 euros para su madre. En total, 514,80 euros. “Ya me empieza a no cuadrar. Si en 2014 una AAI de una explotación de porcino situada en Caparroso cuesta 355 euros, ¿cómo renovar la AAI de la misma explotación, en el mismo emplazamiento y el mismo tipo de animales cuesta casi 580 euros más. ¡Es casi el doble para lo mismo!” COBRO POR PALABRAS Alfonso llamó al BON . Quería explicaciones. “Me daban largas. Insisto e insisto y, al final, después de muchas llamadas y de ir allí, consigo una reunión con la responsable del BON, Berta Boj”, apunta. Alfonso tenía un objetivo en el encuentro: que le explicara la diferencia de coste. “Las facturas que me habían mandado solo me indicaban el concepto y el importe. Eso no está bien. Si me cobras, explícame por qué me cobras. Cuando vas al supermercado te detallan cuánto cuesta cada cosa o un carpintero te desglosa el material... Aquí, nada de nada”. Alfonso acudió a la reunión con Boj. “Me vino a decir que ella se limitaba a cumplir las órdenes de Desarrollo Rural y del Gobierno de Navarra. Me explicó que los anuncios de AAI se cobran por palabras. De ahí la diferencia de coste. Al final, ella se quitó la responsabilidad y me mandó a Desarrollo Rural”. El encuentro dio frutos. A los pocos días, Alfonso cuenta que recibió una llamada de la directora del BON dándole la razón de que no se especificada el cobro. Casi a la vez, le llegaron a casa “rehechas” todas las facturas desde 2014 detallando el número de palabras. En concreto, el anuncio de 2014 incluía 1.480 palabras; el anuncio de la resolución de 27 euros tenía 225 palabras y la publicación de la resolución de 2018, contenía 2.145 palabras. “La siguiente pregunta era muy clara: ¿Por qué usan 665 palabras más de una resolución a otra? Son 160 euros de diferencia”. En busca de nuevas respuestas, Alfonso se dirigió a los técnicos de Medio Ambiente. “Mi sorpresa es que desconocían que los anuncios nos los cobran a los ganaderos y que el importe depende del número de palabras que ellos usen. ¡Qué menos que lo supieran!”. A continuación, se reunió con el responsable jurídico de Medio Ambiente. “Me reconoció que si mandaba a dos técnicos escribir un mismo anuncio salía distinto precio. Así que te puede tocar un técnico aspirante a Bécquer o a telegrafista...”. Alfonso escaló instancias. Recurrió a la directora de Medio Ambiente, Eva García Balaguer, pero sus “infinitas” llamadas durante “cinco meses” no recibieron respuesta. Desesperado, decidió ir al Defensor del Pueblo. La primera actuación de este organismo fue dirigirse a Desarrollo Rural. “Contestaron que García Balaguer no me respondía porque lo mío era asunto del BON. ¡Qué cachondeo!”. Seguido, el Defensor dirigió un escrito a Justicia, Presidencia e Interior. “De su conversaciones por correo electrónico veo que, en lenguaje llano, le dicen al Defensor: Aguirre tiene razón, hemos modificado la orden foral equís por la que se cobraba con palabras y a partir de ahora, cobramos una cantidad fija por anuncio de 60 euros. Ahí ya flipo en colores. Además, el cambio se debió hacer en diciembre”. El problema, según Alfonso, es que su queja es anterior a la reforma de la norma. “¡La modifican porque he estado dando la turra y me quieren cobrar los 514 euros!. No voy a pagar, aunque me tenga que contratar a un abogado. Esto es un robo. Desde 2014 me ha pedido el Gobierno 950 euros cuando solo debía haber pagado 120. Lo más grave, y que puede traer cola, es que desde 2005 están cobrando por palabras todas las AAI. ¿Cuántos ganaderos han pagado de más?”. Imagen de las facturas De arriba a abajo: la primera de 2014 como se envía seguida de la rehecha con el desglose por palabras. Y lo mismo la factura de 2018, la primera y la rehecha.

Diario de Navarra

La 'guerra' de un ganadero con el BON

Alfonso Aguirre cuenta que ha batallado contra el BON y el Gobierno hasta lograr que los anuncios de Autorizaciones Ambientales Integradas se dejen de cobrar por palabras, como se venía haciendo desde 2005, y que se pague una cantidad fija

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