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Parlamento de Navarra

Las inversiones para 2018 se reducen a 35,5 millones y es díficil que se pueda gastar todo

El programa informático para las licitaciones de obras locales ha ocasionado problemas a varios ayuntamientos

El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, en su escaño, ayer durante el pleno del Parlamento.
El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, en su escaño, ayer durante el pleno del Parlamento.
Actualizada 14/12/2018 a las 09:43

Los 113 millones de euros en inversiones “financieramente sostenibles” que el cuatripartito anunció a bombo y platillo y llegó incluso a aprobar por ley, se han quedado definitivamente en 35,5 millones. El pleno del Parlamento aprobó el jueves la nueva ley que limita ese gasto al plan de inversiones locales para más de 300 actuaciones de ayuntamientos por 25,7 millones de euros, y a un gasto de 9,8 millones en un plan de banda ancha. Todos los grupos votaron a favor excepto Podemos-Orain Bai, que se dividió, y 4 de los 7 votaron en contra.

La duda está en si se llegará siquiera a gastar esos 35,7 millones, ya que hay ayuntamientos que están teniendo muchos problemas para poder adjudicar obras en plazo. Algunos ya avanzaron que no podrían llevarlas a cabo. Por este motivo, la norma aprobada el jueves faculta a la consejera de Administración Local, Isabel Elizalde, a incluir a otras entidades locales que sí estarían en condiciones de realizar las obras. Siempre sin incrementar la cantidad total de gasto.

La ley de Presupuestos del Estado de este año incluyó una disposición que permite destinar parte del superávit público de 2017 a inversiones “financieramente sostenibles”, siempre que cumplan unos requisitos. Navarra tuvo superávit y el Ministerio de Hacienda le ha autorizado a gastar 35,5 millones, no los 113 millones que el Gobierno foral y sus socios reclamaron y llegaron a aprobar por ley.


 

MAYOR PLAZO CON CONDICIONES

Los 25,7 millones para inversiones locales están destinados a obras de pavimentación con o sin redes, a adecuar dotaciones municipales a la normativa de edificación, a redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales, alumbrado público y a caminos. Este dinero completará el que aporten las entidades locales hasta alcanzar un gasto total de 38 millones de euros.

Son trabajos que se tienen que adjudicar antes de final de año, pero se realiza la inversión a lo largo de 2019. El tiempo apura, y hay ayuntamientos que han tenido numerosas dificultades técnicas con la plataforma de licitación electrónica llamada Plena. Además, se están produciendo problemas para la adjudicación de los contratos de obra, “obligando a las entidades locales en muchos casos a declararlos desiertos”. Así lo ha reconocido el director general de Administración Local, Xabi Lasa, en una carta que con fecha de 7 de diciembre envió a los ayuntamientos.

En ella, les comunicaba que Administración Local permitirá en algunos casos ampliar el plazo para adjudicar las obras hasta el 21 de enero. Esos ayuntamientos deben acreditar que iniciaron el procedimiento de adjudicación antes del 15 de diciembre y que, o bien han tenido dificultades con la plataforma Plena o han declarado desierto de forma motivada el procedimiento de adjudicación.

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INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Los ayuntamientos, además, tienen de plazo hasta el 17 de diciembre para enviar al Gobierno de Navarra una memoria económica de la inversión. El Ejecutivo foral debe trasladar esa información a la Intervención General del Estado, para que constate que esas inversiones cumplen la normativa y elabore con sus conclusiones un informe antes de acabar 2018. Si las entidades locales no remiten esa memoria en plazo, no podrán acogerse a las inversiones sostenibles, les ha advertido por carta el director general de Administración Local.

 

QUÉ PASA CON LA LEY ANTERIOR

En estos momentos Navarra tiene aprobadas dos leyes regulando la inversión de parte de su superávit de 2017: una por 113 millones y otra, la de ayer, por 35,5 millones. Sólo se aplicará ésta última, ya que es la que cuenta con la autorización del Estado. La primera es papel mojado porque desde el primer momento se supo que ese gasto no estaba autorizado por el Ministerio de Hacienda. Pese a ello fue impulsada y aprobada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain-Bai e I-E, es decir, con el voto incluido de la presidenta Uxue Barkos. Eso, pese a que el Gobierno ha reconocido que necesitaba esa autorización para llevar a cabo el gasto. La norma aprobada ayer, la que ajusta la inversión a algo menos de la tercera parte, fue llevada al Parlamento por el Gobierno foral que no incluyó en su articulado la petición de que la anterior quedara derogada.

El hecho es que no se podrán llevar a cabo las inversiones anunciadas en la ley de los 113 millones aprobada en octubre, como las que se iban a realizar, por ejemplo, en diversos centros educativos, en centros de salud, en la nueva sede de Policía Foral, o en el plan de vivienda de alquiler.

Pese a que la ley de los 113 millones se aprobó sin la autorización del Ministerio, el Gobierno central no se plantea, al menos por ahora, recurrirla. Así lo desveló en el pleno la socialista María Chivite.

El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, recalcó que la cifra finalmente aprobada no ha sido fruto de un acuerdo entre gobiernos, sino que es la que ha autorizado “unilateralmente” el Ministerio. “Eso ha hecho que el Gobierno haya tenido que priorizar”, señaló Aranburu, y que haya optado por las inversiones locales y el plan de banda ancha.


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