Las entidades financieras de Navarra serán también las que asuman el pago del impuesto sobre las hipotecas en lugar de los ciudadanos como ocurre ahora. Pero a diferencia del resto de España, eso no será inmediato, aunque podría producirse antes de diciembre. El cambio no tendrá repercusión económica en la recaudación de Hacienda, ya que simplemente cambia el sujeto pasivo que pagará el impuesto. Por este tributo a las hipotecas Hacienda ingresa en torno a 4 millones de euros al año.

Como el pasado martes adelantó este periódico, el Gobierno aprobó ayer el proyecto para modificar la ley, con el fin de que sean bancos y cajas quienes abonen el tributo de Actos Jurídicos Documentados (AJD) al formalizar un crédito hipotecario. El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, indicó que la iniciativa cuenta con el visto bueno del cuatripartito, por lo que tiene ya mayoría para ser aprobada.

El camino que seguirá ahora el proyecto, como apuntó ayer Aranburu, es ir previsiblemente al próximo pleno del Parlamento, el jueves 22 de noviembre, donde será debatido, votado y aprobado, ya que se tramitará de manera urgente y en lectura única. Los grupos podrán presentar enmiendas. Sin embargo, este cambio legal no entrará en vigor hasta el día siguiente de que sea publicado en el Boletín Oficial de Navarra (BON), algo que se llevará a cabo lo antes posible, aseguró el consejero.

Es por eso por lo que se baraja que se pueda aplicar antes de que acabe noviembre. Eso podría afectar y retrasar la firma de hipotecas previstas en Navarra para estos días.

Aproximadamente se están firmando unas 400 hipotecas al mes en la Comunidad foral. Este año, con datos hasta agosto, han sido 3.128, con una cantidad media de 109.700 euros, según los datos del Instituto de Estadística de Navarra.

A qué escrituras afecta

El impuesto, que en la Comunidad foral es del 0,5%, se aplica sobre la llamada responsabilidad hipotecaria, que es una cantidad algo mayor a la del préstamo. Por ejemplo, en una hipoteca de 140.000 euros, la responsabilidad hipotecaria podría ser de 190.000, por lo que el tributo de AJD costaría 950 euros.

Este impuesto de AJD grava el documento notarial de la escritura pública del préstamo hipotecario. No afecta a otras escrituras relacionadas con el préstamo, como puede ser la de modificación o la de cancelación del mismo.

Ahora, la ley foral especifica que en las escrituras de constitución de un préstamo con garantía (ya sea hipotecaria u otra) el impuesto lo paga el prestatario, es decir, el cliente. Cuando se apruebe el cambio planteado por el Ejecutivo, pasará a abonarlo “la persona o entidad prestamista”, es decir, bancos y cajas. También lo pagarán las cooperativas de crédito cuando sean las que dan estos préstamos.

Las entidades financieras no podrán deducir esta nueva obligación de abonar el impuesto de AJD en su declaración del Impuesto de Sociedades en los ejercicios futuros, comenzando por 2019. El Gobierno incluye así lo que se está aplicando en el régimen común.

Los que están exentos

La ley navarra seguirá manteniendo que los préstamos a determinados contribuyentes continúen exentos, por lo que no se verán afectados por este cambio legal. Disfrutan de esta exención, en concreto, los partidos políticos con representación parlamentaria; la Cruz Roja Española; el Gobierno de Navarra y demás organismos de la Administración foral y sus establecimientos de “beneficencia, cultura, docentes o de fines científicos”; y el Estado y “las administraciones públicas territoriales e institucionales y sus establecimientos de beneficencia, cultura, seguridad social, docentes o de fines científicos”.

“Seguridad jurídica”

Pese a que desde el pasado sábado en el resto de España los clientes no pagan este impuesto, el consejero destacó que han actuado en Navarra con “gran rapidez y sin precipitación”. “Hemos querido asegurar sobre todo la seguridad jurídica de los ciudadanos” aprobando el cambio con una ley y “atando bien todos los cabos”.

 

Había dos opciones para que los ciudadanos dejaran de pagar el impuesto sobre las hipotecas en Navarra. Una vía era dejarlo exento en el caso de la compra de la vivienda habitual, como ocurre en Euskadi, y la otra, secundar lo que impulsó el Gobierno central de Pedro Sánchez en el resto de España, dejando el pago en manos de las entidades financieras. Finalmente el Gobierno foral y sus socios han optado por este segundo camino, pese a que EH Bildu pedía el pasado lunes que se estudiara una fórmula similar a la de las haciendas vascas.

El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, destacó que lo han estudiado, pero no han optado ahora por eso. Argumentó que, de momento, en Euskadi siguen pagando el impuesto los clientes, aunque luego queda exento en la compra de la primera vivienda, algo que las haciendas vascas pueden comprobar por tener esos datos. Y que sin embargo, si en Navarra van a abonar el impuesto las entidades financieras, la exención “complicaría la gestión” de cajas y bancos, ya que tendrían “la responsabilidad de decidir cuál es primera vivienda o vivienda habitual”, algo que no les corresponde, dijo, porque sólo lo puede hacer Hacienda. E indicó que así lo han entendido también los socios del Ejecutivo.

El País Vasco decidirá si cambia su regulación sobre este impuesto el próximo 22 de noviembre, cuando se reunirá el llamado Órgano de Coordinación Tributaria, en el que están las diputaciones y el Gobierno de esa comunidad, según informó el Diario Vasco.

La oposición navarra

En cuanto a la postura de la oposición navarra, el PSN también es partidario de que sean las cajas y bancos los que paguen este impuesto secundando la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y de hecho fue el primero en presentar una proposición de ley en este sentido, solicitando que se debatiera con carácter urgente.

El PP, por el contrario, propone que en la hipoteca de la vivienda habitual o primera del ciudadano el pago de este impuesto quede exento, como ocurre en las haciendas vasca, vía que defendió UPN.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, considera que el ciudadano “tarde o temprano” tendrá que “morir al palo” y terminar pagando el impuesto hipotecario, ya que el banco intentará recuperar lo perdido.

Al ser cuestionado sobre el Real Decreto ley del Gobierno según el cual los bancos deben asumir el impuesto hipotecario que antes abonaban los clientes, Galve respondió que “todo el mundo piensa que al final el que terminará pagando, tarde o temprano, va a ser el ciudadano”. El presidente del TSJN añadió que “el optimismo es una cosa que no se debe perder nunca, pero es lógico que el banco, que también es un negocio, intente lo que por un lado le cobran, repercutirlo por otro”.

Asimismo, también reconoció que la imagen que dio el Tribunal Supremo cambiando de criterio a los 15 días “no es bonita” porque, “sobre todo, da sensación de falta de coordinación”.