UPN ha afirmado este miércoles que persisten las causas que llevaron en agosto al Gobierno de Navarras a instar el desalojo del Palacio Marqués de Rozalejo y ha denunciado que se decidió actuar en sentido contrario tras la reokupación sin que hubiera informes jurídicos ni de patrimonio que lo avalaran.

Según ha dicho a los medios el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin, el acto de la consejera María Solana pidiendo que se suspendiera el desalojo "está huérfano de cualquier soporte" y de ahí que el juez respondiera diciendo que se trataba de una postura de "tolerancia" con la okupación.

En este sentido ha subrayado que no hay informe jurídico alguno que respalde la decisión del 17 de agosto de suspender la petición de desalojo cursada ante el juez en julio, y en Hacienda, responsable de patrimonio, "no consta ningún documento" relacionado con ella, a pesar de que este departamento promovió en julio que el Gobierno se personara como acusación para recuperar un inmueble de su propiedad.

El regionalista ha destacado además que Hacienda tomó esta iniciativa después de dar su "conformidad" a un escrito del Defensor del Pueblo de abril que apoyaba las quejas de un ciudadano sobre las molestias que provocaban los okupas del Palacio Marqués de Rozalejo.

A estos argumentos que vendrían a avalar la necesidad de pedir de nuevo el desalojo del inmueble, Sánchez de Muniáin ha añadido sendos informes de patrimonio y de técnicos de obras tras visitar el edificio.

El primero habla de riesgos estructurales, sanitarios y de incendio, mientras que el segundo alude a las medidas necesarias para proceder a un cierre de obra, las que deben tomarse hasta entonces para un cierre provisional, y a la puerta de acceso al Palacio apuntalada antes del desalojo con hormigón pero no así tras la reokupación.

Para UPN, a la vista de esta documentación, que dice que ha reunido tras varias peticiones parlamentarias, "persisten todos los riesgos, molestias y actividad ilegal, con fraude fiscal, para recuperar el edifico".