UPN ha registrado una moción en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno de España a ejecutar los acuerdos dirigidos al desarrollo de la Comunidad foral contenidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

La moción presentada es consecuencia de la interpelación realizada por UPN el pasado miércoles a la ministra de Hacienda, quien en su respuesta "dejó en el aire las actuaciones e inversiones pactadas por UPN con el Gobierno anterior en los PGE", ha señalado la formación regionalista en un comunicado.

Según ha indicado, "dichos compromisos, entre otros, son los relativos al reconocimiento de la edad de jubilación anticipada de la Policía Foral y de un colectivo de educadores que se encuentra discriminado por la normativa; el aumento de examinadores para obtener el permiso de circulación; nuevas inversiones en infraestructuras como el tren de alta velocidad, la autovía a Madrid y la N-121-A; la gratuidad de la AP-15; la limpieza del cauce del Ebro; o la dotación para Tudela de un nuevo polideportivo".

La moción insta también al Gobierno de España a "mantener el impulso y dar continuidad a todas las inversiones concretadas en la referida Ley de Presupuestos, en especial las que afectan a infraestructuras estratégicas relativas a la Línea de Alta Velocidad, Canal de Navarra, gratuidad de la AP-15 o la modernización de la N-121-A, así como la referida a la adecuación del cauce del Ebro a su paso por la Ribera". Así, los regionalistas piden que estas actuaciones se financien "de forma suficiente hasta su finalización".

Finalmente, la propuesta de UPN reclama al Ejecutivo central "mantener contactos con todos los agentes institucionales, políticos y sociales de Navarra que, desde el respeto a la Constitución Española y a la LORAFNA, apuestan por la colaboración institucional, el impulso de las infraestructuras estratégicas y la innovación constante, en un marco de leal cooperación y entendimiento".

Los regionalistas sostienen que "nuestra Constitución establece la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a ella y al resto del ordenamiento jurídico, garantizando, entre otros, el principio de legalidad". "El Gobierno y la Administración que dirige no son una excepción al Estado de Derecho y están, por tanto, obligados al cumplimiento de la ley", señalan.