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Tribunal Constitucional

I-E lamenta el "desamparo total" de las víctimas por el sistema judicial

La Ley Foral, señala I-E en un comunicado, tenía por objeto "reconocer y reparar a un grupo de víctimas de una violencia injusta e ilegítima"

Sede del Tribunal Constitucional.
Sede del Tribunal Constitucional.
Gustavo Cuevas (Efe)
  • Efe. Pamplona
Actualizada 29/07/2018 a las 16:31

Izquierda-Ezkerra ha lamentado el "desamparo total" en el que el sistema judicial ha dejado a las víctimas, tras la derogación por parte del Tribunal Constitucional de la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

La Ley Foral, señala I-E en un comunicado, tenía por objeto "reconocer y reparar a un grupo de víctimas de una violencia injusta e ilegítima".

"Víctimas que hasta la fecha han sido ignoradas por las leyes de reconocimiento y reparación de víctimas del terrorismo, y sobre las que se añade el hecho de que los responsables de la violencia que sufrieron han gozado hasta el día de hoy de total impunidad, ante la alarmante incapacidad del sistema judicial español de encausar a los victimarios e impartir justicia", denuncia la coalición.

Se trata, recuerda I-E, de "personas asesinadas en Navarra como José Luis Cano, Germán Rodríguez, Gladys Delestal o Joseba Arregi, y hablamos también de las personas que en Navarra han sufrido torturas a manos de funcionarios públicos sin que estos hechos hayan sido investigados y juzgados".

Sin embargo, añade, ahora el Tribunal Constitucional, con su sentencia anulatoria de cinco de los ochos artículos de la Ley Foral, "niega a estas víctimas un reconocimiento legal y social de la violencia que sufrieron".

"Es decir, el sistema judicial español no solo ha sido incapaz en décadas de juzgar y condenar a los responsables de esta violencia ilegal e ilegítima sino que ahora además el Tribunal Constitucional les niega el derecho democrático a la verdad y a la reparación legal y social", asegura I-E.

Para esta formación política, esta situación "es impropia de un estado de derecho y de una democracia. Lo único cierto es que el sistema judicial español y el TC lo único que han sido capaces de ofrecer durante décadas a estas víctimas es la impunidad de sus asesinos o sus torturadores".


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