Diario de Navarra

Cambios los ha habido en los dos últimos siglos que han alterado costumbres y hábitos en la abogacía en sintonía con los hitos más o menos acertados y aceptados del avance de la sociedad. Sea como fuere, cada uno ha estado ajustados a cada momento. Ángel Ruiz de Erenchun, letrado y Decano del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona (Micap) entre 1983 y 1999, habla de los togados que usaban “birrete, corbata negra y traje negro, camisa blanca”, amén del complemento que cubría su cuerpo y era distintivo de su profesión. En cierto modo, aquella indumentaria sobria daba lustre a un acto de solemnidad, como era y sigue siéndolo un juicio. “Ahora la Ley Orgánica sólo exige la toga. A mí, de forma particular, me parece que ir con toga y debajo unos vaqueros resta solemnidad al acto. En cualquier caso son formalismos que van cambiando con el tiempo. Todo va evolucionando, lógicamente”. El apunte aparece recogido en una entrevista que divulgó el Micap en la dedicación de la sesión inaugural del III Curso de Especialización en Derecho Foral a repasar los avatares que han jalonado su bicentenario. El Colegio de Abogados, toda una institución que excede de su función de ente unificador y referente de los letrados para ser parte del entramado social de la ciudad, cumplirá el 12 de septiembre dos siglos de recorrido, no sin trazar recovecos que iluminaron su constitución como resultado de una inquietud latente en su cuerpo fundacional. Hoy nadie cuestiona la obligación de estar colegiado para vestir de toga. Pero detrás de lo que es una evidencia, hay una historia. “El 12 de noviembre de 1757 dieciocho abogados navarros presentaron ante las Cortes un ‘Memorial de los abogados’. Pedían el establecimiento de un Colegio y tenían resuelto formarlo con sus Estatutos ‘para la mejor defensa de las causas, el socorro de pobres, huérfanos y viudas y para evitar muchos abusos’, ya que, según la Ley de Cortes de 1624, a los abogados se les encomendaban ‘las haciendas, vidas y honras’. Concluían que la formación del Colegio era de utilidad a la causa pública y motivo para que se conserve el honor de la profesión’”. Las primeras palabras de la Breve Semblanza de la Historia del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, de Jesús Leache Machinandiarena (Aoiz, 1924-Pamplona, 2005), llevan la firma de su decana, Blanca Ramos Aranaz. Había un ambiente favorable, con experiencias incipientes en otros puntos del país, que ayudó a cuajar la iniciativa de aquel grupo impulsor. “En ese momento -como se supo en la apertura del III Curso de Derecho Foral, concebida como el primer acto del bicentenario- había comenzado ya el movimiento colegial, con la fundación del Colegio de Abogados de Zaragoza, de Granada y de Madrid. En 1757 se presentaron unos estatutos a las Cortes, pero no son aprobados. Se reitera la petición en 1780, con el mismo resultado, por motivos que se desconocen, en 1790 se aprueban finalmente los estatutos por una Real Cédula de Carlos IV. Sin embargo, el Colegio no se funda hasta 1818”. Entre los hitos más importantes de su fundación, apuntados como tales por Elisa Viscarret, abogada del Micap y autora de una tesis doctoral centrada en su historia, destaca la “alta consideración” que en pleno siglo XIX y antes había de la profesión. Las mismas leyes vinculan a su ejercicio la defensa de ‘haciendas, vidas y honras”. “Y por eso -señala la letrada- se exigen unos requisitos muy serios” para su desempeño. Herencia del marco legal de los siglos XVI y XVII era obligación disponer de “cinco años de Cánones y leyes, como una carrera universitaria. Tres años de pasante. Y luego, el examen y aprobación del real Consejo”. Había además otra exigencia, que se mantuvo hasta 1836, “con la excepción del período liberal o constitucionalista de 1820 a 1823” que quedó derogada: la limpieza de sangre. Legado del pasado histórico fue criterio para el ejercicio de la abogacía en Pamplona “tener ocho apellidos cristianos”. En otras palabras, la limpieza de sangre suponía “no ser descendiente de moro, ni de judío, no de penitenciado del Santo Oficio”. Durante el trienio liberal tampoco se exigió “el examen del Consejo de Navarra”. Entiende Viscarret con sentido común que “cada uno somos sujetos de nuestra época y que no se puede juzgar una época desde la otra. No tiene ningún sentido. Hay que vivir donde se está”. Cuando se constituyó el Colegio, “la abogacía era una especie de élite profesional, conservadora. Una de las cosas que más llama la atención de los estatutos es que el primer artículo hace referencia a la definición de los patronos, la Inmaculada y San Ivo”. 28 AÑOS DE ESPERA La transición de 28 años desde la aprobación de los estatutos con la Real Cédula de Carlos IV de 1790 hasta la fundación fue un paréntesis de espera y resignación, en medio de lento avance de la burocracia y de recovecos necesarios de allanar. La razón de la demora “fue un pleito”, como expuso en el primer acto del bicentenario Elisa Viscarret. Los estatutos debían pasar lo que se conocía como “Sobrecarta, también llamada Pase Foral”. La Diputación se opuso. Entendía que “todo lo relativo a los abogados estaba regulado por las Cortes, a petición de los tres estados. Y, por tanto, los cambios que querían hacer los abogados vía estatutos debían hacerse a través del mismo cauce procidemental”. Conocedores de la alambicada y lenta tramitación de la Justicia y la Administración, los abogados con mayor inquietud por dar forma al nuevo proyecto que consideraban necesario, a tenor de la nueva corriente que soplaba en la profesión, debieron hacer virtud de la paciencia. Siguiendo el cauce reglamentario, elevaron a las Cortes para su debate y aprobación los nuevos estatutos en 1817. La Ley 104 de 1818 colmó sus expectativas. El dilatado proceso había culminado con éxito. El nuevo marco legal introdujo requisitos inovadores para el acceso a la profesión. “Entre ellos -señala Viscarret- un examen adicional, realizado por el propio colegio, así como la necesidad de estar adscrito al colegio para ejercer”. “El 12 de septiembre de 1818 se reúnen en el aula de la Sagrada Teología del Convento de San Francisco y se firma el acta” constituyente. Nace el Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona. El calificativo de Ilustre que cuelga de su descripción como rasgo distintivo tardó en ser incorporado en el argot jurídico dos años. El acuerdo de renovación del tratamiento protocolario del Colegio fue adoptado el 1 de abril de 1820, en una sesión en la que se dio cuenta de una circular del Ministerio de Gracia y Justicia, clave para entender el embrión de la actual Audiencia Provincial. Desde el 11 de marzo de ese año, según rezaba el comunicado oficial, “el Consejo y Corte Mayor de Navarra formarán la Audiencia Territorial”. Toda la estructura organizativa anterior se apoyaba en derechos adquiridos por Navarra, compilados en su Fuero General que regulaba de hecho “la figura del abogado y del procurador”, como recordó en una exposición histórica la catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de Navarra, Mercedes Galán. La propia creación del Colegio de Abogados de Pamplona sobre la base de la historia de Navarra dispuso, entre otros asuntos de interés, la designación “de cuatro abogados para socorrer a los pobres”. “Me gusta mucho esa figura”, sostiene Elena Viscarret. “Desde los inicios de la abogacía se considera una obligación de la profesión atender a los pobres. Que nadie se quede sin la debida asistencia por no tener recursos. Es más, en el XVI se establecía que las causas de pobres se vieran las primeras. Ha sido el precedente de los turnos de justicia gratuita”. De igual parecer es Ángel Ruiz de Erenchun. Desde que se incorporó al Colegio asegura que “se siguen manteniendo todos los principios tradicionales. Nuestra función es colaborar con la Administracion de Justicia y dar un buen servicio al justiciable. El derecho de defensa y la protección de los Derechos Humanos. Y luego, desde la junta de Gobierno, amparar al compañero en los agravios que se puedan producir. Si un juez les trata mal o un justiciable les hace cualquier cosa. Recuerdo en el año 75 los asesinatos de los abogados de la calle Atocha o a otros compañeros que los detenían. En aquella época había represalias contra los abogados que defendían causas políticas y teníamos que asistirles en comisaría, asistir a los registros que se realizaban en sus despachos. He visto a compañeros encarcelados, a otros les amenazaban. Y el Colegio siempre salía en su defensa. Afortunadamente, ahora no hay ningún abogado en la cárcel por el ejercicio de la profesión”. Colegiados en la procesión del Corpus Christi, el 4 de junio de 1953. PUENTE LA REINA Existe en el anecdotario que recoge la Breve Semblanza de la Historia del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona un capítulo dedicado al traslado obligado en 1823 de los Tribunales Reales de Navarra a Puente la Reina. La razón, el asedio al que estaba sometida Pamplona por las tropas realistas en la época del Trienio Liberal. Obviamente, el Colegio de Abogados siguió la estela de los magistrados hasta mediados de septiembre. Dos siglos de andadura han nutrido de detalles de distinto signo e importancia el devenir de la institución pamplonesa. En su aportación particular a la historia, Ruiz de Erenchun no puede sino destacar el alivio que, al menos, para el esfuerzo físico ha supuesto el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. No es difícil imaginar el típico rostro del abogado enfrascado en una lectura meticulosa entre una maraña de legajos y libros. “Y pensar -señala- que ahora te llevas toda la jurisprudencia en el ordenador portátil. Y claro, eso te permite resolver temas desde la playa, sentado en una hamaca, llamando por el móvil. Vas a cualquier sitio con el ordenador, te pregunta sobre cualquier material, y con una simple búsqueda en Google lo solucionas. La tecnología ha sido la revolución más importante. Defender y la forma de defender es muy similar. Quizá hemos empeorado en que los abogados antes teníamos más léxico. Los antiguos abogados eran grandes oradores. Y nosotros no. Siempre hay excepciones pero, en general, tenemos una oratoria muy pobre”. Como recoge su web, “durante los casi doscientos años de su constitución, el Colegio de Abogados de Pamplona se ha mantenido constante en su función de garante de la independencia, calidad e integridad de los servicios que se prestan por sus integrantes a la sociedad, en defensa del respeto a los derechos de la ciudadanía en todos los ámbitos, de freno a la arbitrariedad y de impulsor de cuantos cambios legislativos se han estimado convenientes para fomentar la evolución y mejora de la sociedad a la que ha servido y sirve”.

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