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UGT dice que la zonificación linguística se encuentra "dentro de lo razonable"

Javier Elizalde asegura que eliminarla "supondría la discriminación del 90% de la población"

Vista del edificio de los sindicatos en la avenida Zaragoza

Vista del edificio de los sindicatos en la avenida Zaragoza

Actualizada 06/06/2018 a las 10:32
  • EFE. Pamplona
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El secretario de Autonómica y Acción Sindical de UGT en Navarra, Javier Elizalde, considera que la actual zonificación se encuentra "dentro de lo razonable" dada la realidad lingüística "tan diversa" del territorio navarro y que su eliminación supondría la "discriminación" del 90% de la población.

Así lo ha manifestado esta mañana durante su intervención en la comisión especial para la elaboración de una nueva ley foral del euskera, donde comparecía en compañía de la secretaria General de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de la UGT, María José Anaut.

"La actual zonificación se encuentra dentro de lo razonable y lo ponderado, dada la realidad lingüística tan diversa de nuestra comunidad", ha afirmado Elizalde, que ha lamentado que la cooficialidad del euskera se pretenda implementar "de forma poco equitativa o equilibrada", independientemente de la zona lingüística a la que pertenezca cada individuo.

Tras pedir una interpretación más "racional" y "ponderada" de la cooficialidad del euskera, ha advertido que la supresión de la zonificación supondría "eliminar la múltiple realidad de Navarra", hecho que conllevaría a su vez la "discriminación" de, aproximadamente, el 90% de la ciudadanía.

"De forma subyacente, la libertad personal del individuo quedaría coartada -ha lamentado-, se le estaría poniendo en la encrucijada de aprender euskera para ser un ciudadano de primera o no hacerlo, renunciando con ello a algunos de sus derechos fundamentales y convertirse en ciudadano de segunda".

Además, ha apostado por que todos los navarros accedan "en iguales condiciones" a los puestos de trabajo de la Función Pública, aplicando los principios de igualdad, mérito y capacidad. En este sentido, ha apostado por impartir una formación posterior para quienes hayan obtenido plaza si dicho idioma resultase necesario para su puesto de trabajo.

Por otro lado, ha considerado que el modelo D "otorga al castellano un tratamiento similar o incluso peor que al estudio de una lengua extranjera". "El número de horas impartidas en castellano debe incrementarse para garantizar un mejor nivel académico en cuanto a castellano se refiere", ha solicitado.

Por su parte, Anaut se ha opuesto a la política lingüística del actual Ejecutivo por considerarla "perjudicial para la inmensa mayoría de los trabajadores de nuestra comunidad", ya que las bases que está sentando el Gobierno Foral en esta materia producirán situaciones "de verdadera desigualdad".

"Apoyamos muchas de las medidas de fomento del euskera que en Navarra se vienen realizando desde hace décadas, pero el mantenimiento del acervo cultural en modo alguno debe confundirse con la pretensión de alcanzar una sociedad bilingüe que no se corresponde con la realidad sociolingüística de Navarra", ha matizado.

Tras recordar que Navarra "no es una sociedad bilingüe", ha asegurado que "de ninguna manera es comparable lingüísticamente" a territorios como Cataluña, Galicia, Baleares o Euskadi, "donde el empleo real de la lengua regionales alcanza un porcentaje de uso considerable en la vida cotidiana".

En consonancia con Elizalde, ha trasladado la "especial" preocupación del sindicato por las normas que se están planteando para acceder a la Función Pública.

Según ha explicado, "la determinación de un puesto de trabajo con requisito de euskera veta por completo la posibilidad de optar al mismo a todo ciudadano que no posea titulación de euskera, es decir, a casi todos los navarros".

Anaut ha criticado que esto "no es proporcional y vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad del 90 % de los navarros". Por todo ello, ha considerado que "al menos" en la zona mixta, servicios centrales y zona no vascófona, la implantación del euskera como requisito "debe ser limitado a supuestos puntuales, no algo generalizado".

"No pretendemos oponernos a la obligación de garantizar el derecho de conocer las lenguas regionales, pero tenemos el convencimiento de que ello ha de llevarse a cabo de forma racional y proporcionada, no forzando situaciones", ha apuntado.

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