El Gobierno de Navarra se marca como objetivo que ninguna persona perceptora de renta garantizada que esté en condiciones de trabajar permanezca más de dos años sin acceder a un empleo y que un 50% de ellas acceda a un puesto de trabajo antes de los doce primeros meses.

Este compromiso se recoge en el borrador del Plan Estratégico de Inclusión Social 2018-2021, que además plantea reducir la pobreza severa, garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y favorecer así la emancipación de los jóvenes y reducir el abandono escolar temprano.

Entre sus objetivos figura también reducir el porcentaje de jóvenes que ni trabajan ni estudian y las desigualdades en el estado de salud de los perceptores de renta garantizada.

El borrador, que se encuentra en fase de exposición pública previa su aprobación, ha sido presentado en rueda de prensa por el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y los consejeros de Educación y Salud, María Solana y Fernando Domínguez.

El incremento presupuestario adicional del conjunto del plan equivale a 45,7 millones de euros, con menos dinero para la renta garantizada y más para empleo y acompañamiento social y una importante inversión en vivienda y educación, según Laparra, quien ha reconocido que su objetivo en relación con el empleo es "muy exigente y ambicioso, pero viable".

En la actualidad, el número de perceptores de renta garantizada se sitúa en torno a 12.000. Con todos ellos trabajan los servicios de Orientación para analizar su empleabilidad y así poder segmentar las que están en "condiciones de incorporarse a un empleo razonablemente", algo que antes no se hacía, según ha indicado.

Laparra, quien ha sostenido que el plan está pensado en "clave de derechos", ha destacado también el objetivo de reducir la pobreza severa de un 8,8% a un 4,4%.

En materia de vivienda, su consideración de derecho subjetivo, obliga a concretar la oferta dirigida a los sectores con más dificultades de acceso, hasta 2.500 núcleos familiares. En esta línea se plantean ofrecer una vivienda de alquiler social o apoyo para sufragar el coste de la misma a quienes tengan ingresos inferiores a dos veces el alquiler de mercado, a quienes no se haya ofrecido antes y que no la hubieran rechazado en los últimos 5 años.

La estrecha relación que existe entre salud y exclusión social hace que también se planteen medidas en ese área que han sido detalladas por el consejero Domínguez, quien ha citado como uno de los grandes ejes de su departamento reducir las desigualdades en salud, ya que las situaciones de pobreza se acompañan de peor salud.

En este sentido ha indicado que en situaciones de pobreza y exclusión social se ha detectado que la obesidad y el sobrepeso infantil y juvenil es tres veces más frecuente entre estas personas, al igual que la diabetes o los cuadros depresivos y trastornos mentales.

El plan de acción en este ámbito se centra en mejorar el estado de salud, superar las barreras de acceso al sistema sanitario e impulsar el espacio sociosanitario e intervención comunitaria.

La constatación de que no contar con una titulación mínima es un factor de exclusión hace que también se prevean medidas en Educación. Así, según ha explicado Solana, el plan prevé reducir el abandono escolar temprano y situarlo por debajo del 8% y situar por debajo del 10% el porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja.

Para lograrlo se propone una distribución equitativa de recursos en el sistema educativo; facilitar información y orientación a las familias sobre la oferta existente; implementar acciones para prevenir el abandono y potenciar el trabajo en red para lograr un sistema educativo inclusivo y apoyar la continuidad de estudios postobligarios de jóvenes de familias en situación de exclusión.

Entre otras medidas ha citado la creación de una comisión interdepartamental contra el absentismo y abandono escolar, servicios orientación, un programa de currículo adaptado, subvenciones a servicios sociales de base y al secretariado gitano e incrementar la oferta formativa para adultos.