El estado de salud de las personas que reciben la Renta Garantizada es “sustancialmente peor que el de la población general” y pone de manifiesto el “fuerte vínculo que hay entre enfermedad y exclusión social”, una relación “estrecha y bidireccional” . Así se desprende del cruce de datos acometido entre los departamentos de Salud y Derechos Sociales para elaborar el nuevo Plan Estratégico de Inclusión Social, cuyo borrador fue presentado este lunes por el Gobierno de Navarra. Otras de las conclusiones extraídas es que la obesidad y el sobrepeso infantil y juvenil es tres veces más frecuente entre los perceptores, así como también es mayor la incidencia de la diabetes y de los trastornos mentales desde la misma infancia.

El Plan Estratégico de Inclusión Social, el primero en esta materia desde el año 1998, es de “carácter transversal”, por lo que plantea diferentes objetivos en materia de pobreza, salud, educación, vivienda y empleo, entre otros. Tiene un desarrollo previsto de cuatro años (2018-2021) y contempla un presupuesto adicional de 45,7 millones. Fue presentado ayer por el vicepresidente Miguel Laparra, y los consejeros de Salud y Educación, Fernando Domínguez y María Solana, respectivamente.

REDUCIR LA POBREZA SEVERA

En materia de Salud, y basándose en los datos expuestos anteriormente, el Ejecutivo se ha puesto como objetivo “reducir un 10% las desigualdades encontradas”. Para ello, una de las medidas que quiere aplicar es la identificar en la historia clínica a las personas en riesgo de exclusión socio-sanitaria, así como establecer protocolos específicos.

En el bloque de pobreza y exclusión social, el Ejecutivo quiere “reducir a la mitad la pobreza severa”, que en 2015 afectaba al 8,8% de la población utilizando el umbral autonómico de ese año (5.150 euros).

En cuanto a vivienda, recuerda que es “un derecho exigible a la Administración” y prevé “garantizar una vivienda” a 2.500 núcleos familiares en dificultad social . Para ello, mantendrá su estrategia de construcción de vivienda social y analizará la opción de compra pública de vivienda usada.

Reducir el abandono escolar temprano y el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan son dos de las prioridades que establece el Plan en materia de Educación, ya que no contar con una titulación mínima también es un factor de exclusión social. Sobre el primero de ellos, se plantea llevarlo a un porcentaje inferior al 8%, cuando se sitúa hoy en un 11,3%. En cuanto a los jóvenes sin ocupación de ningún tipo, la meta es que sea inferior al 10%, frente al 14,3% actual.

Para lograrlo, se apuesta por “una distribución equitativa de recursos en el sistema educativo”, así como “implementar acciones para prevenir el abandono, y potenciar el trabajo en red para lograr un sistema educativo inclusivo y apoyar la continuidad de estudios postobligarios de jóvenes en situación de exclusión”.