El exconcejal del Ayuntamiento de Ultzama Agustín Ancizu Elizondo ha asegurado hoy que las decisiones sobre la planta de biometanización se tomaron "en base a informes jurídicos y técnicos" y que su actuación como edil buscaba cosas "buenas" para los ciudadanos.

Ancizu ha comparecido hoy ante la comisión que investiga en el Parlamento esta planta, donde se ha cogido a su derecho a no declarar ni contestar a las preguntas de los parlamentarios.

Sin embargo sí ha querido hacer constar que su actuación como concejal "solo ha tenido como objetivo tratar de hacer las cosas que fueran buenas para los ciudadanos".

"En la documentación del Ayuntamiento se recoge lo que he hecho en cada momento. No tendría sentido ahora tratar de contestar sobre asuntos que se han producido hace tiempo, pues las respuestas puede que se sean erróneas en cuanto a fechas y otros detalles", ha dicho.

Y ha añadido que "las decisiones relativas a la planta se tomaron en base a informes jurídicos y técnicos" aunque "el resultado de la gestión de purines en la planta no ha sido el que se esperaba y a los ganaderos participantes en el proyecto nos ha supuesto un enorme esfuerzo por el tiempo dedicado y por la pérdida de dinero que nos ha supuesto".

Tras precisar que no ha sido socio de la Bioenergía Ulzama S.A., ha explicado que "las modificaciones legislativas sobre las energías alternativas y el impuesto del 7% a la electricidad contribuyeron decisivamente a las cuantiosas pérdidas económicas" que han sufrido los ganaderos afectados por el proyecto de la planta.

Ante la comisión parlamentaria ha comparecido esta mañana también el exconcejal y miembro del primer Consejo de Administración de Bioenergía Ulzama, S.A. Francisco María Iribarren Altuna, quien del mismo modo se ha acogido a su derecho a no declarar al estar citado como imputado en la querella interpuesta por el Gobierno de Navarra.

"Las manifestaciones que podría efectuar ante esta comisión pudieran afectar a la causa penal y, en consecuencia, me acojo a mi derecho a no declarar ni contestar ninguna de las preguntas que ustedes me formulen", ha precisado.

Por su parte, el también exconcejal Francisco Javier Berasain Gascue ha recordado que se ha interpuesto una querella criminal ante dos de sus compañeros de corporación durante las legislaturas 2007-2001 y 2011-2015 por delitos de malversación, fraude de subvenciones, falsificación, estafa y prevaricación pero la querella puede ampliarse y ser él uno de los afectados.

Ha sostenido además que "cualquier respuesta" que pudiera dar ante la comisión "no serviría para hacer cambiar la opinión que a priori tiene cada uno de los grupos parlamentarios", ya que, a su juicio, "las conclusiones que se derivaran de la misma las tienen claras desde el principio".

"En mi labor como concejal durante las citadas legislaturas, así como en la 2003-2007, he trabajado siempre por los vecinos y vecinas del valle, actuando bajo la legalidad informada por los técnicos del ayuntamiento. Por todo ello, me acojo a mi derecho de no declarar ante esta comisión", ha subrayado.

Tanto UPN como PPN han respetado la decisión de los comparecientes, mientras que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra han "lamentado" esta situación.

Además, el socialista Guzmán Garmendia ha advertido que se está sentando "un precedente muy peligroso", una cuestión "que habrá que dilucidar para futuras comisiones".