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Comisión de Investigación

NaBai participó en la adjudicación de la planta de biogás de Ultzama

El delegado del Gobierno en Bruselas, antiguo edil, advierte ahora falta de información del proyecto; tres exconcejales, uno de ellos denunciado por el Ejecutivo, se acogen al derecho de no declarar

Imagen del delegado del Gobierno foral en Bruselas y exedil por NaBai, Mikel Irujo, y Maiorga Ramírez.

El delegado del Gobierno foral en Bruselas y exedil por NaBai, Mikel Irujo, y Maiorga Ramírez.

Calleja
Actualizada 10/02/2018 a las 08:48

El grupo municipal de NaBai, del que era concejal en Ultzama entre 2007 y 2011 el actual delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, Mikel Irujo, participó en la mesa de contratación y dio su visto bueno a la adjudicación de la construcción de la planta de biogás. Su cabeza de lista, Jesús María Osácar, fue uno de los firmantes del acta de la contratación a favor de la empresa Levenger el 4 de noviembre de 2008, como primera de las dos concesionarias. Tanto la sociedad como su sucesora en la gestión de la planta de Iraizotz -Bioenergía Ultzama- figuran entre los denunciados por el Gobierno de Navarra en una querella por “estafa y fraude” de subvenciones, entre otros delitos, junto a su antiguo presidente y dos ex miembros de su primer consejo de administración.

El 4 de febrero de 2009 NaBai dio su visto bueno al igual que la Agrupación Ultzama (AU), que ostentaba la alcaldía, al traspaso de la concesión de Levenger a Bioenergía Ultzama. A ese pleno, Mikel Irujo no asistió, según refleja el acta.

La confirmación de ambos trámites contradice su versión de “falta de información” y “opacidad” del proyecto, que señaló este viernes en la comisión de investigación parlamentaria. “La información que se obtenía eran tan sólo en los plenos, pero también es cierto que, como señala la Cámara de Comptos, dicha planta no tenía afectación en el presupuesto municipal de la Ultzama, lo cual hacía muy difícil su seguimiento”, llegó a indicar el que fuera elegido como tercer miembro de la lista que presentó NaBai hace once años en el valle.

Según manifestó, NaBai quedó “fuera del equipo de gobierno municipal”, y el entonces alcalde, Patxi Pérez (AU), no compartía información, “salvo los acuerdos que ya figuraban en pleno”.

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“¿Era necesaria la planta de biogás de Ultzama?”, recibió por interpelación del socialista Guzmán Garmendia. Irujo, que intercaló castellano y euskera en sus respuestas, contestó que su ejecución “fue una decisión del alcalde y de su grupo”.

“¿Cree que el problema de la gestión de los purines está resuelto hoy día? Usted, como delegado del Gobierno en Bruselas, ¿podría decir si la emisión de purines respeta la normativa europea?”. “No le puedo responder. No tengo datos objetivos para responder. Desde el año 2011 no tengo ninguna vinculación con el Ayuntamiento”, significó. En un momento dado, el socialista Guzmá Garmendia expresó su “protesta” por “la actitud observada en un miembro del Gobierno de Navarra”.

Durante su turno de intervenciones, Sergio Sayas y Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN) aludieron a la participación indirecta de un antiguo edil de NaBai en la sociedad Bioenergía Ultzama. Sayas le hizo ver, por otro lado, a a Mikel Irujo que “acudió al 50% de los plenos en 2007”.

El hoy delegado del Gobierno en Bruselas se refirió a las “dudas suscitadas” en NaBai en un pleno de abril de 2010, entre otras razones, porque tuvo constatación entonces de que había “concejales de la Agrupación Ultzama en el Consejo de Administración de Bioenergía Ultzama”.

SILENCIO DE TRES EXCONCEJALES

Antes de su comparecencia acudieron a la comisión tres antiguos corporativos de la Agrupación Ultzama -Agustín Ancizu Elizondo, Francisco Javier Berasain Gascue y Francisco María Iribarren Altuna-. Los tres se acogieron a su derecho de no responder a las preguntas de los parlamentarios. Con matices diferentes justificaron su decisión con la lectura de sendos comunicados, coincidentes en la existencia de una causa judicial abierta en período de instrucción tras la querella presentada por el Gobierno.

Francisco María Iribarren adujo su condición de denunciado. “Las manifestaciones que pueda realizar podrían afectar a la causa judicial”, dijo. Francisco Javier Berasain se excusó con el doble argumento de que “la querella puede ampliarse a otras personas” y de mostrar su solidaridad con sus dos compañeros denunciados. Agustín Ancizu habló, por su parte, de “las pérdidas de dinero que sufrieron los ganaderos a partir de las modificaciones legislativas sobre energías alternativas y el impuesto del 7% sobre la electricidad”.

La exsecretaria municipal, Irene Tortajada Fernández, confirmó la legalidad de los trámites dados en la redacción del anteproyecto y el proyecto en 2007.


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