Diario de Navarra

La mayoría de los casos de bullying se dan en adolescentes y los españoles son plenamente imputables a partir de los 18 años. ¿Quiere decir eso que acosar a un compañero sale gratis? ¿Que no hay castigo para lo que los expertos consideran una lacra social? Nada más lejos de la realidad. María Dolores Serrano, profesora de Derecho y Criminología en la sede central de la UNED, se trasladó a Pamplona para desgranar lo que contempla la ley en estos casos. Y hay muchas alternativas. El punto de partida es la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, norma en vigor desde 2001 que establece la frontera de los 18 años para la imputabilidad plena y los 14 como edad biológica en la que se considera al menor responsable. A los menores de 14 no se les aplica la Ley. A ellos se les corregirá en el ámbito familiar, civil o administrativo. “Hay mucho debate con estos rangos de edad y la conveniencia o no de rebajarlos. Yo considero que la edad de 14 es adecuada, comenzó la criminóloga. En su opinión, el principio del superior interés del menor (sobre todo en el caso del acosador) que inspira la ley hace que ésta tenga una finalidad reeducadora y resocializadora. De ahí que se incida en la prevención: “Hay una creencia de que los menores quedan impunes y no estoy de acuerdo. A las consecuencias jurídicas, aunque se les llamen medidas y no penas, son verdaderas penas. Eso sí, con carácter educativo”. La Ley establece tres tipos de medidas cuya duración dependerá del rango de edad, de 14 a 16 años y de 16 a 18: privativas de libertad (internamiento, régimen cerrado, abierto, permanencia de fin de semana), no privativas de libertad (asistencia a centros de día, libertad vigilada, prohibición de aproximamiento o comunicación con la víctima) y terapéuticas (tareas socioeducativas en favor de ONG, amonestaciones del juez, etc. “Es muy raro que el acoso termine en internamientos cerrados, pero se dan casos y la ley contempla hasta 6 años para los mayores. Para el bullying, la medida asistencia a centros de día, que pueden ser los propios colegios, es la ideal. También la prohibición de acercarse o tener contacto con la víctima (por cualquier medio, incluido telemático) es muy importante. Incluso el juez puede dictar un cambio de colegio, que es lo que todo el mundo solicita en estos casos”, repasó María Dolores Serrano. EL RECURSO A LA MEDIACIÓN La mediación también juega un papel muy importante y siempre se propone como alternativa al proceso judicial. En los casos de acoso es una medida muy empleada para la resolución de conflictos. De ahí que se haya creado la figura del mediador del bullying en los colegios, ya que ese tercero imparcial ayuda a que el acosador comprenda a la víctima y viceversa. Y por último está el ámbito de la responsabilidad civil, que recae en el menor y, solidariamente, en sus padres, tutores, acogedores, guardadores legales y de hecho. Por este orden. Si el menor no tiene bienes (habitual), la responsabilidad baja por esa escala. “Por ejemplo, si un juez condena por acoso a un menor y establece una responsabilidad de 1.000€, esa cantidad deberá pagarla el padre. Si éste ha actuado con responsabilidad en la formación del niño, se le podrá rebajar. O si hay varios menores acosadores implicados, la cuantía se divide entre sus progenitores. Y también los centros tendrían responsabilidad civil porque entran en la guarda de hecho durante el tiempo que el menor permanece en el centro”, terminó.

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Ser un acosador tiene su castigo

La llamada Ley del Menor marca la acción contra el acoso: desde privación de libertad por hasta 6 años a la responsabilidad civil de padres y colegios

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