Los cuatro últimos cargos del anterior Gobierno de UPN que aún estaban cobrando cesantías agotaron su prestación el pasado 12 de agosto, una vez transcurridos los dos años (tope máximo) desde la fecha en que se acogieron a este derecho. Se trata de Carlos Erce, ex director general de Turismo, Íñigo Huarte, ex director general de Recursos Educativos; María Jesús Valdemoros, ex directora general de Política económica y Empresarial; y Ana Carmen Zabalegui, directora general de Cultura-Institución Príncipe de Viana.

Unas semanas antes, el pasado 24 de julio, agotaban su prestación por cesantía los tres últimos consejeros del Gobierno de Barcina que también las seguían cobrando: José Iribas, Marta Vera y Juan Luis Sánchez de Muniain. Este último percibía un complemento que cubría la diferencia entre su sueldo como parlamentario y el máximo que permite la cesantía, una circunstancia que contemplala normativa vigente.

UNA QUINCENA DE ALTOS CARGOS

En total, desde junio de 2015 hasta julio de 2017, la Administración foral ha desembolsado más de 1,2 millones de euros para pagar las cesantías de una quincena de altos cargos del anterior Ejecutivo.

La cesantía es una remuneración que se abona con el fin de compensar las dificultades de reincorporación al mercado laboral que establece la Ley de Incompatibilidades. Se pagan por un período máximo de dos años y no las disfrutan los altos cargos que vuelven a un puesto de funcionario o quienes se incorporan a un trabajo. Sí es posible cobrar la diferencia entre la remuneración del nuevo trabajo y la que garantiza la cesantía (80% del sueldo que tenía como cargo) como ha hecho Juan Luis Sánchez de Muniain.

De los diez miembros del Gobierno y sus 117 cargos de confianza sólo una cuarentena tienen derecho a la percepción de cesantías. Se trata del presidente del Gobierno y sus nueve consejeros; los más de 20 directores generales de la Administración foral; y los directores gerentes de los organismos públicos dependientes de ella.