La cárcel de Pamplona acoge a 350 presos, la mitad de su capacidad

Una cárcel nueva, con un gasto de 100 millones y con 75.000 m2 construidos, debería figurar entre la élite de los centros penitenciarios españoles. Sin embargo, cuando se está a punto de cumplir cinco años de su inauguración, la prisión de Pamplona se encuentra infrautilizada. Solo están abiertos tres de sus once módulos para las cerca de 350 personas que cumplen su condena en la cárcel navarra, cuando estaba diseñada para acoger a 600 o más (tiene 504 celdas, muchas de ellas dobles), según detalló este lunes la coordinadora de Salhaketa, Libertad Francés. HUMEDADES Y ALIMENTACIÓN “No es una prisión a la que la gente le tenga mucha estima. La falta de actividades, de puestos de trabajo dentro de prisión hace que entienda que estar aquí es estar mano sobre mano. Hay bastantes quejas. También de gente que quiere estudiar en la UNED y no hay posibilidad, a diferencia de otras prisiones. Hay quejas de alimentación, de sonoridad y de humedades”, detalló la portavoz de la asociación dedicada a la defensa de los derechos de los presos. “Son las consecuencias de haber construido una cárcel que no se ajustaba a la necesidades de Navarra”, agregó Francés, quien también denunció la escasez de personal (hay unos 180 o 200 funcionarios) para desarrollar actividades. La asociación apoya que todos los navarros o personas con arraigo en la Comunidad foral, “hayan cometido el delito que sea”, puedan cumplir condena en el centro navarro. Al respecto, Francés dijo que el pasado febrero había 200 presos con esas características cumpliendo penas en otras prisiones. El dato figura en una respuesta del Senado al grupo Podemos y en la que se entiende por arraigo un año de residencia en la Comunidad foral antes de entrar en prisión. “En esas mismas fechas, había en la de Pamplona 292 personas. De ellas, 226 eran de Navarra o con arraigo aquí. El resto, 66, eran de otros lugares”, dijo. Francés explicó que cumplir condena en tu comunidad facilita el proceso de obtención de permisos de salida y el tercer grado. “A veces, las falta de arraigo es un argumento utilizado por la propia Administración para ralentizar el proceso de incorporación a la vida en libertad”. TRASPASO DE COMPETENCIAS La asociación de apoyo a los presos tiene como objetivos principal que Navarra reclame al Estado el traspaso de las competencias en materia penitenciaria para que así pueda desarrollar su propia política penitenciaria. “Mientras se consigue, pedimos que se vayan asumiendo competencias parciales en materia de salud, servicios sociales y educación”. Con este fin, Salhaketa ha elaborado un informe titulado ‘La asunción de competencias en materia penitenciaria por la Comunidad foral de Navarra. La necesidad de un impulso’. Prevé presentarlo a todos los grupos, así como a la delegada del Gobierno central en Navarra (Carmen Alba), al defensor del Pueblo y la Audiencia de Navarra, entre otras entidades. El documento recoge las razones jurídicas e históricas por las que se deben asumir esas competencias. EN EL ACUERDO PROGRAMÁTICO El documento recoge las razones legales por las que Navarra deben asumir unas competencias “que se han ido perdiendo desde los años 80 hasta casi desaparecer”. Entre otras, apuntó que el Amejoramiento (art. 39.1) indica que corresponde a la Comunidad foral la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria. La portavoz recordó que durante los debates en el Parlamento con motivo de la construcción de la nueva cárcel -hacia el año 2010- se planteó la asunción de estas competencias y, sin embargo, “no se ha hecho nada”. Otro argumento político esgrimido es que el acuerdo programático que sustenta al Gobierno cuatripartito “recoge” en uno de sus puntos “el compromiso de trabajar por estas competencias”. “Encierro, pero en condiciones de dignidad” “Apelamos y ponemos en el centro de nuestro trabajo el respeto a los derechos humanos de las personas presas que serán para que el encierro se lleve, al menos, en dignidad. Un respeto que, sin duda, si se materializa, nos hará una sociedad más humana y más justa”, indica la asociación en su informe. Para Salhaketa “los muros no pueden ser una frontera a partir de la que las instituciones navarras dejan de velar por los derechos de las personas”.

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