Un artículo publicado por ‘ABC’ este domingo desvela varios detalles del posible "chantaje" de Bárbara Rey al Estado a raíz de la ruptura de la relación sentimental que mantuvo con Juan Carlos I durante casi una década. En esta negociación tuvo un papel clave el periodista navarro Santiago Arriazu Irún, uno de los pioneros de la prensa del corazón en Madrid.

Según relatan los autores del artículo -Javier Chicote y Juan Fernández Miranda-, el negociador por parte de Bárbara Rey, Santiago Arriazu, recibió un 20% de comisión por sus gestiones.

En este caso, investigado por ‘ABC’ y en el que intervino el periodista navarro, se habría pactado a principios de octubre de 1997 para que un vídeo que Bárbara Rey había grabado con cámara oculta en su casa en una visita del monarca no saliera a la luz. La grabación se había realizado tres años antes, el 22 de junio de 1994, el mismo día que las fotografías en el porche de su casa publicadas recientemente en la revista neerlandesa ‘Privé’ y que se hicieron públicas por el hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo Junior.

PRIMER PAGO Y CONTRATOS

Según se relata en el propio ‘ABC’, el 24 de octubre de 1997, dos agentes del Cesid se personaron en el domicilio de Santiago Arriazu, un chalet en la urbanización Las Lomas de Boadilla del Monte (Madrid) con una bolsa con 50 millones de pesetas en metálico. Era el primer pago de los 600 millones pactados. Al parecer, Bárbara Rey y la entonces esposa de Arriazu, Danielle Sánchez, contaron el dinero. Cuarenta millones se los quedó la vedete y los diez restantes, el 20% pactado, el matrimonio Arriazu. Y fue el propio Arriazu, delante de los dos agentes del Cesid, el que quemó la cinta de vídeo en su barbacoa, después de que fallara el aparato que habían traído los espías para destruirla.

La cinta contenía el vídeo (de mala calidad) y el audio (de mejor calidad) del jefe del Estado y Bárbara Rey en el dormitorio de la vedete. Aunque, según relatan los periodistas de este diario madrileño, a esas alturas la actriz ya se había ocupado de realizar hasta 11 copias. Estas copias se habían encargado de hacerlas precisamente Ángel Cristo Junior, el hijo de Bárbara Rey; y Carlos Hugo Arriazu, el vástago de Santiago Arriazu, que en principio era desconocedor de que existían más copias.

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A partir de ahí, y siempre según el artículo de ‘ABC’, los pagos ya no se hicieron en metálico, sino por el banco, dándoles una apariencia de legalidad. Para ello intervino “una persona del entorno del Cesid” que tenía una agencia de comunicación. Esta empresa recibía los pagos, de unos cinco millones de pesetas mensuales (30.000 euros) y los canalizaba según el reparto pactado: un 80% para la vedete y un 20% para Santiago Arriazu. El periodista navarro editaba entonces una revista, ‘Meda’, que cobraba este 20% mediante contratos publicitarios.

Fuentes cercanas a Arriazu consultadas por el diario ‘ABC’ señalan que los anunciantes eran grandes empresas españolas, que estarían haciendo al Cesid y al Rey ‘el favor’ de facilitar los fondos camuflados como publicidad. Desde el entorno de Arriazu señalan, sin embargo, que el proceso era “legal”, porque la revista cobraba por anuncios y los publicaba.

Según ‘ABC’, ni el Cesid ni Zarzuela ni ningún otro organismo público denunciaron todos estos hechos como una extorsión, que además, habrían prescrito.

GONZÁLEZ, AZNAR Y ZAPATERO

La aventura de Bárbara Rey con el monarca comenzó en 1975 y duró hasta 1980, cuando ella se casó con Ángel Cristo. Se reanudaría más tarde, en 1990, al divorciarse del empresario circense durando otros cuatro años, hasta 1994 -según ha contado la vedete en varias ocasiones- cuando él conoció a otra persona, supuestamente la mallorquina Marta Gayá, definida hasta el momento por los medios “como su amiga íntima más leal” (en contraposición a Bárbara Rey y Corinna Larsen).

El primer soborno al Rey, citado también en ‘ABC’, consistió en 25 millones de pesetas en efectivo y varios contratos en TVE, y comenzó justo en 1994, el año de la ruptura. Así que los pagos de este primer chantaje se produjeron en la recta final del Gobierno de Felipe González (1982-1996).

Los del segundo -con la mediación de Arriazu - empezaron en 1997, se extendieron en la etapa de Aznar (1996-2004) y también en los primeros meses del Gobierno de Zapatero (2004-2011). Según contó Alberto Saiz, el primer director del CNI del presidente socialilista, fue Zapatero quien terminó con esta práctica un año después de ganar las elecciones.

Fuentes cercanas a Arriazu consultadas por ‘ABC’ cuentan que los últimos pagos se produjeron en 2005, en lugar de 2007, cuando culminaba el plazo establecido. Cabe la posibilidad de que no se llegara a completar, pero sí se abonara la inmensa mayoría.

'OPERACIÓN PERSA'

La operación puesta en marcha por el Estado con motivo del chantaje de Bárbara Rey al monarca se llamó ‘operación Persa’, no se sabe si por la afición de la vedete a los gatos o por el mercadeo convertido en chantaje que duró más de diez años (de 1994 a 2005), publicó también el diario ‘El País’ a mediados de octubre. Su objetivo fue evitar que la filtración de las fotos, vídeos y audios que evidenciaban la infidelidad de Juan Carlos I con Bárbara Rey pusiera en jaque la estabilidad de la Monarquía y, con ella, todo el sistema político edificado desde la Transición.

La difusión de dichos documentos tres décadas después evidencia ahora el fracaso de aquella operación, según explican fuentes consultadas por ‘El País’, aunque “lo que entonces se veía como una revelación explosiva de efectos devastadores, hoy, tras el rosario de escándalos que desencadenaron la abdicación y el exilio voluntario del rey emérito, se ha convertido en pólvora mojada, pasto de tertulias y prensa del corazón”. Esto podría considerarse así excepto por dos motivos: porque se usaron fondos públicos para tapar los pecados de alcoba de Juan Carlos I como si fueran secretos de Estado y porque, con los audios descubiertos, se cuestiona también qué sabía el Rey del intento de golpe de Estado del 23-F antes de que se ejecutara.