Los nubarrones que hace un mes y medio dibujaban en negro el futuro de la única pista de hielo de Navarra, ubicada en Huarte y propiedad del Consistorio local, parecen disiparse. Casi definitivamente, según explican desde el departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra la marcha de las negociaciones a tres entre ellos, el Consistorio local y la Federación Navarra de Deportes. Después de que en febrero, y por razones de viabilidad económica, la parte municipal iniciara los trámites para el cierre definitivo una vez que esta primavera termine la temporada, este miércoles 10 de abril recordaban desde el Ejecutivo que se está trabajando en la colaboración conjunta y que esperan concretar las condiciones del acuerdo a tres. “Lo que no se baraja es que no vuelva a fabricarse hielo para la próxima temporada”, zanjaban las dudas que podían quedar.

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El trabajo a tres bandas se inició en marzo, después de que en una comparecencia parlamentaria la consejera Rebeca Esnaola apuntara que el Gobierno sería parte de la solución pero la última palabra la tenía el titular de la instalación, el Ayuntamiento de Huarte. Ya se mostraba convencida de que reabriría en septiembre. El primer contacto a tres, con datos económicos actualizados, tuvo lugar el día 27, previo a las vacaciones de Semana Santa. Allí se puso de manifiesto que el déficit del último año se había rebajado de 300.000 a 100.000 euros. También se confió en que la federación aportara ideas para dar viabilidad a una instalación que utilizan más de 300 deportistas en sus entrenamientos semanales, además de las actividades con colegios, clases, cursillos y la apertura para el público en general.

Falta por tanto concretar la forma del acuerdo y la aportación de cada parte al palacio de hielo que cumplirá veinte años en 2025 y que se construyó junto a un complejo hidrotermal en Itaroa, junto al frontón Euskal Jai y el centro comercial y de ocio. Gestionado por una empresa municipal que acabó extinguiéndose, pasó a manos del Consistorio, que lleva años denunciando las dificultades para sostener unas instalaciones que en su mayoría son utilizadas por personas ajenas al municipio.