Dos socios de Osasuna, que se presentaron a compromisarios, han remitido una carta al club para pedir que reflexionen sobre lo ocurrido y se convoque “un nuevo proceso electoral respaldado por toda la legalidad y legitimidad que la asamblea requiere”.

En un escrito dirigido a la junta directiva, el defensor del socio, la comisión económica y el director general, valoran que el nuevo órgano “carece de la más mínima legitimidad” y ponen sobre la mesa su punto de vista. El texto lo firman David Serrano Baztán y Carlos Guzmán Pérez.

“El proceso no ha estado exento de polémica, en buena medida por la acción e intervención desarrolladas por la junta directiva, corroborada y ratificada públicamente ante diversos medios de comunicación por el presidente Luis Sabalza”, comentan sobre la actuación. “A nuestro entender, analizando los artículos 20 y 21 de los estatutos, todos los socios y socios que debidamente cumplan los requisitos pautados en los citados artículos deben tener garantizado el derecho a formar parte de la Asamblea General en libertado e igualdad de condiciones”, defienden.

“Tras el polémico proceso electoral, miembros de la actual Junta Directa, personal deportivo y no deportivo, miembros de la Comisión de Control Económico, y distintas empresas vinculadas actualmente a la entidad, han resultado electas, gracias a la presunta acción e intervención de la junta directiva”, apuntan en el artículo. “La recién electa Asamblea General carece de la más mínima legitimidad, tanto por lo referido a la no garantía de libertad e igualdad de condiciones de todos los candidatos y candidatas, como por la más que posible y evidente confrontación de intereses de varios de sus miembros electos”.

Estos dos socios hacen “hincapié en la necesaria legitimidad que debe contar la asamblea”. “A nuestro entender, una asamblea en la que buena parte de sus componentes han sido electos gracias en cierta medida a la intervención de la junta directiva actual, y en la que la otra parte de sus componentes mantienen de forma simultánea relaciones profesionales, mercantiles o directivas con la entidad, no puede ser garante de ello”.