La oferta que ha trasladado Osasuna al Gobierno de Navarra para recomprar El Sadar es ligeramente superior al valor de tasación de 2014 que sirvió como referencia para ejecutar la dación en pago que salvó al club de la desaparición. El estadio alcanzó entonces un precio de 23,5 millones (el total de la entrega de bienes fue de 43) que abonó la Comunidad foral. Pues bien, la propuesta en firme que se ha cursado al Ejecutivo es de unos 24 millones de euros, contemplando el pago aplazado hasta el máximo de años que permite la ley del Patrimonio en Navarra, un total de 10. Si Osasuna sube a Primera, el pago sería más rápido porque habría que abonar un porcentaje sobre los ingresos de televisión y de supuestos traspasos de jugadores, en parecidas circunstancias a lo que se hizo en su día con la deuda fiscal.

Las negociaciones para la recompra del estadio comenzaron hace más de un año y van por buen camino toda vez que el Gobierno es partidario de la venta, que nunca puede ser inferior a lo que se pactó en la operación de cuatro años. La ley en este sentido habla de que el “pago de las cantidades aplazadas se garantice suficientemente mediante hipoteca, aval bancario, seguro de caución u otra garantía suficiente usual en el mercado” y que “el órgano competente determinará el interés aplicable a las cantidades aplazadas que no podrá ser inferior al interés legal del dinero”.

Es precisamente en este punto donde se encuentra la negociación abierta. El precio legal del dinero es del 3%, tasa que se ha trasladado a Osasuna, lo que supondría que al valor de los 23,5 millones del estadio habría que sumar cantidades anuales de intereses que romperían el planteamiento presupuestario de la entidad en el caso de que no jugara en Primera División.

La propuesta del club se fundamenta para aminorar esos intereses en que se le conceda un precio a la anulación de la cesión de uso gratuito de El Sadar que conllevaría la operación. Tras la ley de reestructuración de la deuda con Hacienda de 2014, esta cesión se firmó en junio de 2015 mediante una resolución en la que se establecieron las condiciones de utilización del estadio durante los siguientes 30 años sin pagar nada a cambio (Osasuna por el contrario paga un alquiler al año por usar Tajonar).

Esa renuncia a la cesión gratuita considera que el club que tiene un valor determinado que rebajaría los intereses del 3% de la recompra, hasta el pago de esos 24 millones. Se entiende que la operación entra lógicamente dentro de la legalidad y es el Gobierno quien debe responder a la oferta. Hay sintonía de que sea así. Se encuentra en estos momentos en la fase de análisis y Osasuna confía en que pronto se pueda llegar a un acuerdo definitivo. Ya se habla de cómo hacer los primeros pagos.

La operación de compra es viable para el club pese a que no se consiga el ascenso. El pago de El Sadar será en diez años y LaLiga ya ha garantizado que no penalizará el cumplimiento de los ratios con este gasto ni tampoco mermará el tope salarial que pudiera perjudicar el nivel competitivo. Por medio de su director general, Javier Gómez, también ha ofrecido financiación a través de las entidades bancarias con las que se trabaja. En Primera, con el aumento de los ingresos, el escenario sería mucho más favorable, pagando porcentajes de derechos de televisión y traspasos de jugadores.

La necesidad de recomprar el estadio viene motivada por las obras a las que está obligado Osasuna , aunque también es latente la deuda moral que hay contraída con la sociedad navarra. El club dispone de 14 millones para invertir en los próximos dos años ya que con este fondo que proviene de los beneficios del último ejercicio ha visto aminorado el pago del impuesto de sociedades.

Para lo que no hay plan previsto es para la recompra de los terrenos de Tajonar, que en su día se tasaron en 14,4 millones. Sería inviable para el club sumar esta operación a la iniciada con el estadio, por lo que este asunto queda aparcado. Osasuna seguirá pagando 75.000 euros al año en Segunda y 250.000 si juega en la máxima categoría.