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Jornadas

Los gestores culturales reclaman un mayor reconocimiento a su labor

Una mesa redonda analiza en las jornadas organizadas por KUNA la a veces difícil relación entre técnicos culturales y responsables políticos

Ampliar Mikel Etxebarria, Juan Carlos Castillo, José Mari Asín y Luis Ben (moderador), en el Condestable
Mikel Etxebarria, Juan Carlos Castillo, José Mari Asín y Luis Ben (moderador), en el Condestableeduardo buxens
Publicado el 16/11/2022 a las 06:00
Gestores culturales y políticos están condenados a convivir pero con frecuencia no se entienden. Ha sido una preocupación constante en la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra, KUNA, que este martes fue analizada en una mesa redonda dentro de las jornadas que han tenido lugar en el Condestable de Pamplona con el título 'La gestión cultural, una profesión por regular'.
José Mª Asín, actor y coordinador cultural en Zizur Mayor durante casi 30 años, recordó que los gestores se presentan a oposiciones y saben cuáles son sus funciones, algo que no siempre ocurre con los políticos. “Somos posibilitadores de la participación de la ciudadanía en el hecho cultural”, añadió. Y eso, dijo, se hace a través de una estrategia que elaboran con un planteamiento crítico y abierto, huyendo de lo acomodaticio y siendo eficientes con el gasto.
La base para él es el criterio. Toman decisiones buscando el valor añadido y sin eludir el riesgo de ciertas propuestas, algo que los políticos a veces no ven con buenos ojos. “Yo no estoy para llenar teatros, estoy para generar públicos para el teatro; y si luego se llena, mejor”, apunta.
En su opinión cada vez que un concejal accede al cargo debería plantearles sus objetivos políticos para que ellos implementen los programas adecuados. Asín señaló el intrusismo del político en la labor del técnico y la sobrecarga de tareas como algunos de los problemas de la profesión y advirtió de que se van a amortizar plazas próximamente.
Mikel Etxebarria es jefe de Acción Cultural en la Diputación de Vizcaya. En su opinión, los gestores aportan apoyo técnico y conocimiento al político, y deben tener un mayor reconocimiento social. “Tenemos que empoderar al concejal para que se pelee con otras áreas, con Urbanismo, Personal, Hacienda, Educación, Transportes...”, explicó. En su opinión tienen que explicarles a los políticos la importancia de la cultura y darles herramientas. “Tenemos que dejar de ser misioneros, no somos portadores de la verdad, nos debemos a una sociedad que puede pensar diferente”, dijo, y señaló que hay cierta tendencia a la injerencia y a minusvalorar la opinión del técnico. El concejal debe indicar el camino, pero no decidir la operativa. “Debe responder al por qué y para qué y que deje al equipo técnico el resto”, expuso.
Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta y presidente de la FNMC puntualizó que por su tamaño muchos municipios de Navarra no cuentan con técnico de cultura. Además, señaló que los cargos políticos están condicionados por factores como leyes o plazos. “Hay que entender que nos eligen y ningún político actúa de espaldas a la sociedad o para no agradarla”, declaró. El técnico es, según dijo, el que elabora bases, orienta, prepara, y generalmente lo que ha trabajado no se echa atrás después por los políticos. “Además de ser fundamentales, necesitamos ese apoyo y asesoramiento de los gestores”, dijo, y pidió respeto mutuo. Un político tiene que tomar decisiones, pero recordó que la cultura es más subjetiva que el urbanismo: “Nunca he tenido que discutir con el coordinador de cultura en 8 años y casi a diario discuto con la secretaria, el interventor y el arquitecto municipal”.
Juana Escudero, de la FEMP, recordó telemáticamente cómo Julian Schnabel se llevaba las manos a la cabeza cuando visitó Madrid en época de elecciones y se enteró de que cada cuatro años cambiaban los planes culturales. “Estáis locos, no vais a poder tener una política transformadora si trabajáis con estos tiempos”, dijo y, entre otros puntos, señaló la debilidad que supone que la acción local cultural no esté sancionada en la Constitución, ni en ninguna ley nacional. “Esa infantería de funcionarios no tiene reconocimiento, un estatus para desempeño adecuado de sus funciones”, dijo, y protestó porque los salarios o la clasificación profesional son menores de lo que a su juicio deberían ser. En ese sentido ve una oportunidad en la Agenda 2030: “El empleo digno tiene que llegar a nosotros”, añadió.
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