Las cifras de la invasión de Ceuta saltan por los aires tres meses después. La avalancha que desbordó la frontera española el pasado 30 de julio pudo tener unas dimensiones muy superiores a las reconocidas por el Gobierno. Un informe de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional contabiliza 88.146 retornos a Marruecos, cuando todavía permanecen miles de inmigrantes en la ciudad autónoma. 

El balance del Instituto Armado supera en 16.146 personas las 72.000 entradas que calculó el Ministerio del Interior y también rebasa las 80.000 que posteriormente manejó el Ejecutivo. La discrepancia cuestiona la magnitud atribuida hasta ahora a una crisis fronteriza cuyo alcance real sigue sin esclarecerse.

"Se estima que, a fecha de elaboración del presente informe, podrían haber retornado a Marruecos aproximadamente 88.146 personas", sostiene la Guardia Civil. El documento, fechado el 27 de octubre, procede de su Estado Mayor y responde a un requerimiento de la magistrada María Tardón, que investiga la organización de la entrada masiva, la respuesta de las autoridades españolas y la supuesta connivencia de Marruecos en el asalto masivo.

La cifra constituye una estimación de retornos acumulados, no un recuento individualizado de las entradas de aquellos dos días. El informe tampoco precisa cuántas personas pudieron cruzar azuzadas por las autoridades de Rabat y regresar varias veces ni distingue los movimientos posteriores a la avalancha inicial. Pese a estas limitaciones, introduce una diferencia considerable respecto a los balances gubernamentales.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió durante semanas que habían entrado unas 72.000 personas. Incluso utilizó aquella magnitud para justificar la imposibilidad de anticipar el colapso pese a las advertencias que habían recibido distintos organismos españoles. Es más, Marlaska ante la Comisión de Interior del Congreso el 28 de agosto insistió que era básicamente imposible que se hubiera superado esa cifra.

AMPLIA HORQUILLA

Sin embargo, las estimaciones ya discrepaban entre los propios organismos estatales. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional, calculó entre 75.000 y 85.000 entradas. Su horquilla procedía del análisis de imágenes y de la duración de los flujos migratorios, ante la imposibilidad de contar individualmente a quienes atravesaron el espigón del Tarajal.

La incertidumbre alcanza a la propia Policía Nacional. En su respuesta a Tardón, el cuerpo admite que "no existen datos oficiales sobre ello", en referencia al número de personas que cruzaron. Explica que la entrada masiva se produjo por la zona del vallado y el espigón del Tarajal, bajo custodia de la Guardia Civil, sin pasar por el puesto fronterizo de su competencia.

También los retornos habían provocado importantes divergencias. El CENIF recogió un balance de la Guardia Civil que contabilizaba 73.514 salidas el 1 de agosto, aunque posteriormente situó su propia estimación entre 65.000 y 75.000 retornados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció otro balance ante el Congreso el 3 de septiembre. Afirmó que unas 50.000 personas habían regresado a Marruecos en menos de 24 horas y aproximadamente 63.000 durante las primeras 72 horas. Presentó aquella operación como el retorno de más del 90% de quienes habían cruzado.

La Policía Nacional aporta cifras distintas porque utiliza otro criterio. Contabiliza 1.999 retornos voluntarios y otros 450 por desistimiento de solicitudes de asilo. Se refiere exclusivamente a personas que manifestaron su intención de regresar a Marruecos después de ser interceptadas durante los operativos desarrollados en asentamientos irregulares.

El informe de la Guardia Civil incorpora otros dos balances sobre la tragedia: 90 fallecidos y 862 rescates realizados por los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Servicio Marítimo "en aguas de soberanía nacional". Respecto a las muertes, precisa que la Policía Judicial asumió las actuaciones relacionadas con las autopsias y el envío de muestras biológicas.

Los 90 fallecidos coinciden con la cifra facilitada el 27 de octubre ante Tardón por Nabila Benzina Pavón, consejera del Gobierno ceutí. La responsable autonómica declaró que tenía constancia de 91 cadáveres, aunque excluyó uno por considerar que correspondía a un periodo anterior. Sánchez había hablado de 141 fallecidos durante su comparecencia parlamentaria de septiembre.

LIMITACIONES MATERIALES

El documento revela también las limitaciones materiales de la Guardia Civil. De sus tres embarcaciones tipo Sierra, una estaba inoperativa por una avería de motor. Otra de las dos semirrígidas de los GEAS permanecía en reparación. Tampoco funcionaban tres de las siete cámaras térmicas móviles y no todos los nueve drones disponibles estaban operativos.

La Comandancia tenía 695 dotaciones, pero únicamente 585 guardias civiles disponibles el 29 de julio. El 10 de agosto esa cifra había descendido a 437, antes de recuperarse hasta 546 efectivos el 19 de octubre.

El dispositivo extraordinario contó con 154 agentes de refuerzo el 30 de julio. Alcanzó un máximo de 268 los días 15 y 16 de agosto, con un promedio de 218 efectivos adicionales durante el periodo analizado. Se movilizaron también embarcaciones de otras comandancias, helicópteros y especialistas de Criminalística.

El 2 de agosto se incorporaron dos helicópteros adicionales para trasladar a Madrid muestras biológicas de los cadáveres recuperados. El 25 de agosto se ordenó asimismo el envío de 14 dispositivos de identificación dactilar rápida para facilitar las tareas de identificación de las víctimas.