La examante del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Jesica Rodríguez García, ha depositado ante la Audiencia Nacional 43.950,54 euros para responder por el dinero público que percibió durante más de dos años de dos empresas estatales sin prestar servicio alguno. La cantidad consignada por la mujer que compartió entre 2018 y 2020 viajes y confidencias con el entonces dirigente del PSOE coincide céntimo a céntimo con la responsabilidad civil fijada por el Tribunal Supremo por aquellas contrataciones. 

El último ingreso, de 39.950,54 euros, se suma a los 4.000 que Rodríguez había depositado el pasado 14 de octubre. El juez Ismael Moreno recoge ambas operaciones en una providencia dictada este martes y pide ahora a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre la procedencia de dar por consignada formalmente la suma.

El dinero corresponde a las nóminas cobradas de Ineco y Tragsatec entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. La sentencia del Supremo de 22 de junio establece Rodríguez que recibió 34.450 euros netos de la primera compañía y 9.500,54 euros de la segunda. Ambas cantidades salieron de fondos públicos destinados a retribuir servicios que, según el tribunal, nunca prestó.

El alto tribunal condenó a Ábalos y a su entonces asesor ministerial, Koldo García, a indemnizar solidariamente a Ineco con 34.450 euros y a Tragsatec con otros 9.500,54. Rodríguez compareció en aquel juicio como testigo, por lo que esa obligación de indemnizar no fue impuesta a ella. Su eventual responsabilidad penal se investiga ahora por separado.

La iniciativa de devolver íntegramente el dinero llega mientras Rodríguez continúa investigada por presunta malversación. Su defensa ya invocó, al efectuar el primer ingreso, el artículo 21.5 del Código Penal, que contempla la reparación del daño como circunstancia atenuante. El juez tendrá que determinar su alcance si finalmente resulta condenada.

El origen del perjuicio se remonta a la contratación de Rodríguez en Ineco el 1 de marzo de 2019, cuando mantenía una relación sentimental con Ábalos. Según los hechos probados, el ministro utilizó su posición para conseguirle un empleo remunerado sin obligaciones laborales. Koldo García coordinó las gestiones y procuró que los responsables de la empresa no fiscalizaran su actividad.

NUNCA REGRESÓ

El Supremo considera acreditado que Rodríguez acudió a una entrevista y a recoger un ordenador, pero no regresó a trabajar. Figuraba adscrita a tareas administrativas para Adif y remitía partes de actividad. Cuando le pidieron aclaraciones, las consultas terminaron llegando al entorno del ministro. Durante aquel contrato efectuó al menos trece viajes con Ábalos sin solicitar permisos laborales.

Al concluir su contrato con Ineco, en febrero de 2021, comenzaron las gestiones para recolocarla. El tribunal atribuye a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, actuaciones para conseguirlo y señala la intervención de Ignacio Zaldívar, entonces director de Gestión Administrativa de la empresa ferroviaria. Rodríguez fue contratada por Tragsatec el 2 de marzo sin entrevista previa.

Tampoco allí desempeñó actividad laboral, según la sentencia. Su contrato terminó el 1 de septiembre de 2021, después de seis meses en los que continuó percibiendo nóminas. El Supremo calificó las contrataciones de malversación y tráfico de influencias al enjuiciar a Ábalos y Koldo, y advirtió de la posible responsabilidad de otras personas que no habían sido juzgadas.

A raíz de esa advertencia, Anticorrupción pidió que Rodríguez declarara como investigada ante Moreno. Compareció el 20 de julio y se acogió a su derecho a guardar silencio. Su defensa recurrió la imputación alegando, entre otros motivos, que los hechos ya habían sido juzgados, pero la Audiencia Nacional confirmó este octubre que la investigación sobre su participación podía continuar.