Pedro Sánchez ha pulsado el botón rojo y ha convocado elecciones anticipadas. Lo hace sumido de lleno en un auténtico tormento judicial que rodea de forma directa e indirecta al núcleo de su poder. La decisión de Junts de dejar caer en el Congreso de los Diputados los dos decretos clave con los que el Ejecutivo pretendía atajar la crisis de vivienda ha evidenciado la extrema fragilidad de la mayoría parlamentaria y ha abocado la legislatura a un estancamiento que amenaza con su final definitivo. Sin embargo, el verdadero quebradero de cabeza para Moncloa no proviene únicamente de la aritmética parlamentaria, sino del constante goteo de investigaciones judiciales que interpelan al presidente. A lo largo de este año 2026, las causas que acechaban al entorno personal, familiar y político del presidente han ido cayendo como piezas de dominó cerrando la primera mitad del curso con un exministro condenado a prisión, un hermano inhabilitado y varios frentes de investigación abiertos en la Audiencia Nacional y los juzgados de Madrid. Pese a que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no le han atribuido por el momento la comisión de ningún delito de forma directa ni le han situado como investigado, la acumulación de escándalos procesales salpica de lleno el liderazgo del jefe del Ejecutivo.

CASO BEGOÑA GÓMEZ

La causa que afecta más directamente al entorno familiar del presidente es la que investiga a su esposa, Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado acordó el pasado 21 de septiembre la apertura de juicio oral contra ella por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, deberá responder por el segundo de esos delitos. El procedimiento será juzgado por un jurado popular, después de una instrucción que se ha prolongado durante casi dos años y medio. La investigación se ha centrado en las actividades profesionales de Gómez, sus relaciones con empresas y entidades vinculadas a sus proyectos y el posible aprovechamiento de su posición como esposa del presidente del Gobierno. Las acusaciones sostienen que pudo beneficiarse de esa proximidad institucional, mientras que su defensa rechaza las imputaciones.

Desde el inicio del proceso, el Gobierno y el propio Pedro Sánchez han defendido sin fisuras la inocencia de Gómez, enmarcando las actuaciones en una "estrategia de acoso y derribo" orquestada por sectores de la oposición política y mediática, además de reiterar en numerosas ocasiones su total convicción de que el caso se fundamenta en denuncias falsas y bulos infundados, confiando en que el recorrido de la causa terminará demostrando la transparencia de todas sus actuaciones. Su imputación, en abril de 2024, fue el motivo que llevó a Sánchez a publicar una carta en la que anunció que se tomaba cinco días para reflexionar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo.

LAS PRESUNTAS 'CLOACAS' Y LEIRE DÍEZ

Otro de los frentes pendientes es la investigación sobre las presuntas maniobras de personas vinculadas al PSOE para obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y agentes de la UCO de la Guardia Civil, así como para interferir en procedimientos que afectan al entorno socialista. En esta causa aparece Leire Díez, exmilitante socialista a la que se atribuyen presuntas gestiones destinadas a desacreditar a investigadores y recabar información sensible.

Las pesquisas también han puesto el foco en antiguos responsables y colaboradores del partido. Uno de los elementos relevantes para el desarrollo del procedimiento es la documentación y los dispositivos electrónicos que puedan aportar información sobre las reuniones y comunicaciones entre los implicados. Entre los nombres que han aparecido en las informaciones relacionadas con esta investigación figura Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Sánchez, cuyo teléfono fue señalado como objeto de actuaciones judiciales. La relevancia política de esta causa reside en determinar si existió una estructura organizada dentro del PSOE para obstaculizar investigaciones judiciales y quiénes habrían participado en ella. 

EL CASO PLUS ULTRA Y LAS PESQUISAS SOBRE ZAPATERO

El caso Plus Ultra mantiene bajo investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una figura con enorme peso político dentro del socialismo y cercana al actual jefe del Ejecutivo. La Audiencia Nacional investiga presuntas irregularidades relacionadas con el rescate público de la aerolínea, aprobado durante la pandemia, y posibles delitos vinculados al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales. El juez instructor, José Luis Calama, rechazó en septiembre la petición de Zapatero para que se declarase la nulidad general del procedimiento. La resolución descartó que se hubieran vulnerado los derechos del expresidente durante la instrucción, por lo que la investigación continuó su curso.

Además, las actuaciones han incorporado también otras líneas de investigación. El magistrado citó como investigadas a las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, para el próximo 30 de noviembre. Asimismo, ordenó nuevas diligencias sobre las joyas incautadas durante el registro del despacho del expresidente, cuyo origen y valoración deberán esclarecerse. La causa constituye un foco de presión política para el PSOE por la relevancia de Zapatero y por las explicaciones que puedan exigir las pesquisas sobre las relaciones entre el expresidente, empresarios y responsables de la aerolínea. El presidente aseguró hace semanas que "contaría con él" para la campaña electoral de unos eventuales comicios generales.

LA CONDENA DEL HERMANO

El frente judicial familiar incluye también a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con su puesto en la Diputación pacense. El procedimiento examinó las circunstancias en las que se creó y cubrió una plaza vinculada a actividades musicales, así como las decisiones administrativas que hicieron posible su contratación. En la misma causa, el tribunal condenó al expresidente de la Diputación y exsecretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación. La sentencia consideró que se habían producido irregularidades en las actuaciones administrativas relacionadas con el puesto ocupado por el hermano del presidente. Una resolución que supone un nuevo coste político para Sánchez, que ha defendido públicamente la inocencia de su hermano, enmarcándolo -al igual que con su esposa- en una campaña personas contra él por parte de la ultraderecha

ÁBALOS Y LAS DERIVADAS DE LAS MASCARILLAS

La trama de las mascarillas constituye otro de los grandes golpes judiciales sufridos por el entorno político del presidente. El Tribunal Supremo condenó el pasado mes de junio al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a su antiguo asesor Koldo García a 19 años y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio -aunque este último eludió ingresar en la cárcel por su colaboración con la Fiscalía-. El procedimiento examinó las irregularidades relacionadas con contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia y las relaciones entre responsables públicos y empresarios. A la condena de Ábalos, figura destacada del PSOE -secretario de organización del partido hasta 2021 y la persona encargada de pronunciar el discurso de la moción de censura contra Rajoy que llevó a Sánchez al poder en 2018-, se suman las investigaciones sobre posibles irregularidades en adjudicaciones de obras públicas, en las que aparece el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, investigado también en la trama -fue quien reemplazó al propio Ábalos en la secretaría de organización del partido cuando este fue cesado-. El impacto para Sánchez es principalmente político: varios antiguos colaboradores de su etapa al frente del PSOE han quedado implicados en procedimientos de corrupción.