La fiebre de los centros de datos ha desatado una batalla por el acceso a la red eléctrica en España. Las solicitudes se disparan, la capacidad escasea en algunos puntos y dos industrias compiten ya por los mismos megavatios. Las fábricas reclaman al Gobierno que libere potencia bloqueada por proyectos que no avanzan y dé prioridad a inversiones maduras. Los operadores responden que las restricciones diseñadas para ordenar el boom pueden expulsar miles de millones de euros.

El choque se mide en gigavatios. El proyecto de real decreto señala que el gestor de la red de transporte ha concedido más de 6 GW de acceso a centros de datos desde finales de 2023, a los que se suman otros 6 GW otorgados por las redes de distribución desde 2020. Los permisos superan incluso las previsiones más ambiciosas de la Estrategia de Inteligencia Artificial para 2030.

SpainDC replica con otra fotografía. La patronal calcula que España alcanzará entre 2 y 3 GW al final de la década. Su último informe proyecta 2.537 MW en 2030, frente a 439 MW en 2025, y 66.900 millones de euros de inversión. "Son 3 GW, no 12", resume el sector.

Ese abismo está en el corazón de la disputa. La industria manufacturera sospecha que parte de la capacidad queda atrapada durante años en proyectos que quizá nunca se construyan. SpainDC argumenta que equiparar permisos con demanda real sobredimensiona el problema.

Pedro Sánchez defendió esta semana que España debe anticiparse a las tensiones de otros mercados y tratar el acceso a la red como un activo estratégico escaso. El borrador busca distinguir proyectos "firmes y viables" y evitar que la capacidad quede bloqueada por iniciativas que no avanzan.

La gran industria quiere ir más lejos: pide que los permisos premien proyectos capaces de acreditar inversión, actividad y empleo y que, cuando la red no dé para todos, la electrificación de fábricas existentes tenga prioridad. "No estamos en contra de los centros de datos. Son esenciales. Aplaudimos la llegada de nuevos inversores", aseguran fuentes manufactureras. "Estamos viendo una explosión de demanda y no hay capacidad para todos", señalan.

Para estas compañías, sustituir gas por electricidad en una planta existente no equivale a sumar al sistema un gran consumo nuevo. Los centros de datos rechazan esa distinción y advierten de que crearía consumidores de primera y de segunda.

LA CLAVE DE LA DISCORDIA

El borrador obliga a los nuevos centros a respaldar al menos el 80% de su consumo con electricidad renovable mediante autoconsumo o contratos a plazo. La generación deberá ser nueva y el operador tendrá que acreditar hora a hora qué cubre ese porcentaje.

SpainDC considera que el Gobierno ha cruzado una línea. Rechaza el "diseño, intensidad y plazos" del decreto y sostiene que las obligaciones son técnica y económicamente inviables. "España ha pasado de ser uno de los países más atractivos de Europa a dejar de serlo", afirma Emilio Díaz, presidente de la asociación. Una fuente del sector lo resume así: desde que apareció el borrador, "el teléfono ha dejado de sonar".

SpainDC asegura que tres proyectos que suman unos 9.000 millones de euros ya trabajan con alternativas fuera de España si el decreto se aprueba y eleva al 80%-90% la nueva inversión potencialmente comprometida. Son estimaciones de la patronal, no cancelaciones confirmadas.

El decreto ha abierto incluso una brecha con parte del sector renovable. APPA comparte el objetivo de alimentar los centros de datos con energía limpia -propone llegar al 100%-, pero rechaza obligarlos a demostrar cada hora que un 80% de su consumo procede de instalaciones nuevas. Prefiere un cómputo anual.

"Lo que pedimos es que el consumo renovable se acredite mediante una correlación anual", explica José María González Moya, director general de APPA. La asociación calcula que cubrir cada megavatio de demanda bajo esas condiciones exigiría desplegar unos 11 MW combinados de solar, eólica y almacenamiento. Mientras se fuerza a levantar nueva capacidad, añade, España ya desaprovecha electricidad renovable en determinadas horas por falta de red o demanda.

La factura que nadie quiere La pelea no acaba en quién consigue el enchufe, sino en quién paga la red necesaria para alimentarlo. Y ahí la industria marca otra línea roja: no quiere que el coste de integrar a estos nuevos gigantes eléctricos termine repartido entre todos los consumidores.

El impacto no es directo. Que un centro de datos consuma más no significa que un hogar vaya a pagar su factura, pero la presión puede colarse por otras vías. La primera está en el mercado mayorista. Red Eléctrica ha concedido desde 2022 11,8 GW de capacidad para nueva demanda que todavía no está en servicio, además de 7,1 GW ya conectados. Si ese consumo crece más deprisa que la generación disponible, puede tensar los precios en las horas de menor oferta. La Agencia Internacional de la Energía calcula que, si llegara a materializarse toda la cartera prevista, los centros de datos podrían equivaler a alrededor del 10% de la demanda eléctrica punta actual de España.

La segunda factura está en la propia red. Llevar centenares de megavatios hasta nuevas instalaciones exige reforzar líneas, subestaciones y otros activos del sistema, y una parte de esos costes se recupera a través de peajes y cargos regulados. Es ahí donde aparece el temor de la industria: que la expansión digital obligue a acelerar inversiones que después se socialicen entre hogares y empresas.

El salto ya se ve en la planificación. Transición Ecológica ha elevado de 13.600 millones a más de 17.000 millones de euros la inversión prevista en redes hasta 2030, un 30% más tras recibir 2.566 alegaciones. Sara Aagesen lo define como "la mayor inversión en redes eléctricas de la historia de España". Los centros de datos no explican por sí solos ese aumento, pero llegan justo cuando la red debe absorber una oleada de nuevos consumos mucho más intensivos y concentrados.