Ni siquiera en los plenos en los que, a lo largo de los últimos años, ha tenido que dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan a su entorno -el último, el pasado 24 de junio, tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero-, Pedro Sánchez se había topado con una actitud tan crítica por parte de sus socios de investidura como la que tuvo que enfrentar este jueves en el Congreso por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Ni un solo grupo disculpó siquiera mínimamente que, un mes después de la irrupción de en torno a 72.000 personas procedentes de Marruecos, en las calles de la ciudad autónoma siga habiendo miles de migrantes. Incluso Sumar, con quien comparte Ejecutivo, hizo palpable su malestar por la falta de reproche al país vecino.

El ambiente en este inicio de curso político sita mucho de lo que barajaba Moncloa cuando el pasado 31 de julio colgó el cartel de vacaciones. En el Gobierno creían que, como había ocurrido el año anterior, la actuación de las comunidades autónomas del PP frente a la oleada de incendios que de nuevo estaba arrasando ya miles de hectáreas en toda España dejaría atrás el ruido generado de los escándalos y las noticias judiciales que gota a gota lo inundaron todo las semanas previas (la prisión para el exministro José Luis Ábalos; la condena de David Sánchez; la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de ratificar la apertura de juicio oral para Begoña Gómez; las causas contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y contra Zapatero...). Esperaban empezar septiembre con nuevos bríos. Lo han hecho lastrados por un asunto que no solo alimenta a la derecha sino que también le desgasta con la izquierda.

En un intento de calmar a sus aliados, Sánchez moduló el jueves el tono de sumisión que, a juicio de la mayoría de ellos, había mantenido hasta ahora hacia las autoridades marroquíes y aseguró que actuará con "contundencia" si se prueba que, como asumen la totalidad de los grupos de la Cámara, Mohamed VI tuvo algo que ver con el "episodio" del 30 y 31 de julio. Pero la promesa, aderezada con el anuncio de que el 21 de agosto se llamó a la embajadora marroquí en protesta por las declaraciones de dos ministros sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, es fundamentalmente retórica.

Sánchez insistió que en los informes disponibles -incluido el que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional envió a una jueza de la Audiencia Nacional y que tanto indignó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska- no hay "pruebas sólidas" de que el país vecino esté tras lo que él mismo tildó hace un mes de "ataque a la integridad territorial" española. Y no será fácil encontrarlas, por más que ese documento elaborado por el órgano perteneciente a la Comisaría de Extranjería apuntara a la visualización de un "guiado activo" de migrantes hacia lugares de paso por parte de supuestos gendarmes de Marruecos. Lo que cabe esperar pues es que el Gobierno se instale en el argumento de que su obligación es ser "prudente" para evitar un conflicto que, entre otras cosas, podría dificultar más aún la devolución de los miles de inmigrantes que quedan en Ceuta y la resolución de la crisis.

Es a esa resolución a la que fían en Moncloa el reencuentro con los socios de investidura. A escasos meses ya para unas elecciones generales que la mayoría sitúa en torno a marzo, en la agenda gubernamental para este otoño hay varios asuntos pendientes con los que el Gobierno aspira a retomar la iniciativa perdida. El fundamental es el primer proyecto de Presupuestos de toda la legislatura, tras tres años de incumplimiento de la letra constitucional, pero también está pendiente el prometido macrodecreto sobre vivienda, la aprobación del registro horario con el que Yolanda Díaz pretende resarcirse del fracaso de la reducción de la jornada laboral o la nueva (y polémica) financiación autonómica, que este viernes aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ahora debe llevarse al Congreso.

UN INFORME INCÓMODO

Más allá de las tensiones con unos grupos políticos que inevitablemente irán marcando perfil propio a medida que se acerquen los comicios, en todo caso, la grave situación de Ceuta ha dejado al descubierto otros desconchones: las tensiones, nada nuevas, entre Marlaska y la ministra de Defensa, Margarita Robles y un cierto resquemor ante la sospecha de que, después de ocho años en el cargo, el ministro del Interior no ha sido capaz de ganarse la autoridad ni controlar su departamento. La crítica ya circulaba en relación a investigaciones a las que los socialistas atribuyen intencionalidad política pero la publicación del informe que el CENIF entregó el lunes a la magistrada María Tardón después de que Marlaska negara que hubiera habido avisos de una avalancha de inmigrantes, los ha recrudecido.

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, desestimó lo reproches del ministro por el hecho de que Tardón ordenara que no se le diera traslado al Gobierno de una información relevante para la seguridad nacional, y recordó a Marlaska que cuando los agentes actúan comisionados por un juez en una investigación, operan bajo su dependencia funcional, en estricto sigilo y al margen del poder político. Una respuesta que ha servido tanto para que en el Gobierno haya quien sostenga que estamos ante una prueba más de que una parte del poder judicial actúa al servicio de la derecha, como para acrecentar el cuestionamiento del ministro.

El malestar interno, en todo caso, es mayor con Robles, que el jueves ni siquiera se levantó a aplaudir a Sánchez después de que este sostuvieran que ni el CENIF ni ningún otro organismo, tampoco el CNI, manejaron información sobre la magnitud del tsunami que se avecinaba y prometió hacer públicos todos los informes en su poder, previsiblemente, este mismo martes. Nadie en el PSOE espera que a estas alturas el presidente prescinda de ninguno de los dos, ni de la ministra de Defensa ni del ministro del Interior, pero sí hay voces que aducen que si no está a gusto ella misma debería pensar en irse. La aludida no se lo plantea y muchos en el propio gabinete quitan hierro al choque. "No estamos en Bulgaria", defendían fuentes de su entorno a la salida de la Cámara baja.