La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha podido acceder al contenido de 15 teléfonos, discos duros y otros soportes intervenidos a Koldo García y Víctor de Aldama porque la información se encuentra cifrada. Dos años y medio después de los registros que hicieron estallar el caso Koldo, una parte de aquel arsenal digital -que es clave para esta macrocausa sobre la trama Koldo-Ábalos-Cerdán y para las causas de los hidrocarburos- continúa cerrada para los investigadores.

Los agentes han comunicado la incidencia al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que vuelve a dirigir el conjunto de las pesquisas tras la condena del exministro José Luis Ábalos y la pérdida de la condición de aforado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La Guardia Civil logró extraer los archivos de esos 15 dispositivos, pero no franquear la protección que impide leerlos.

En concreto, según la información remitida a Moreno, continúan inaccesibles tres móviles, tres discos duros y un pendrive de Koldo, además de siete discos y un ordenador clónico intervenidos a De Aldama. En noviembre de 2024, cuando el empresario se avino a colaborar con la justicia ya se ofreció a desencriptar sus dispositivos, un ofrecimiento que entonces no tuvo respuesta.

Ábalos fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión; Koldo García, a 19 años y ocho meses; y De Aldama, a cuatro años y seis meses. La pieza regresó después a la Audiencia Nacional, donde la investigación continúa abierta sobre hechos que quedaron fuera del juicio.

La operación en la que aparecieron estos dispositivos se desplegó el 20 de febrero de 2024. El Juzgado Central de Instrucción número 2 había autorizado el día anterior la entrada en el domicilio familiar de Koldo García en Polop de la Marina (Alicante). Allí fueron intervenidos teléfonos, ordenadores, tabletas y memorias con información profesional y personal del antiguo asesor de Ábalos. Koldo sostuvo después, en una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, que había reclamado sin éxito su devolución o una copia clonada.

De Aldama fue detenido ese mismo día junto con Koldo y varios responsables de Soluciones de Gestión, la empresa que había obtenido los contratos públicos de mascarillas investigados. La UCO le intervino seis móviles, dos ordenadores y diez dispositivos de almacenamiento. En la vivienda de Koldo halló 23 teléfonos, 14 memorias, un ordenador y una grabadora. También se llevó un ordenador y dos móviles de Patricia Uriz, exesposa de García y también investigada. El balance completo de la operación ascendió a 161 dispositivos.

Aquellos registros desbordaron pronto el objeto inicial de la causa. Los dispositivos de Koldo (con centenares de grabaciones subrepticias) y De Aldama guardaban años de relaciones, encargos y negocios en torno al Ministerio de Transportes. De sus volcados salieron conversaciones y mensajes que el Tribunal Supremo terminó incorporando al cuadro probatorio de la sentencia por las mascarillas.

DATOS BÁSICOS

El material intervenido también permitió reconstruir la contratación ficticia de Jésica Rodríguez en empresas públicas, los contactos relacionados con el chalé de La Alcaidesa y las gestiones para obtener una licencia de hidrocarburos para Villafuel. La sentencia destaca expresamente el peso de los mensajes cruzados por Koldo con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y con la propia Rodríguez para acreditar que la joven cobró de fondos públicos sin trabajar.

La explotación de los dispositivos abrió además la rama de las adjudicaciones de obra pública. Ocho audios grabados por Koldo entre 2018 y 2023, unidos a sus mensajes, permitieron a la UCO reconstruir conversaciones sobre constructoras, obras y presuntas comisiones que llevaron la investigación hasta Santos Cerdán. Ese material sostuvo el informe policial entregado al Tribunal Supremo en junio de 2025 y amplió definitivamente el caso más allá de los contratos sanitarios.