El juicio del caso Kitchen ha quedado visto para sentencia este martes, tras casi cuarenta jornadas que se han celebrado en la Audiencia Nacional a lo largo de cuatro meses, después de que tres de los ocho acusados hayan decidido hacer uso de su derecho a la última palabra.

"Queda visto para dictar sentencia", con esta frase la presidenta del tribunal Teresa Palacios ha dado por concluido este juicio, que comenzó el pasado 6 de abril y que ha sentado en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy por presuntamente ordenar la puesta en marcha de este operativo para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación y grabaciones comprometedoras para el partido y sus dirigentes.

En concreto, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y a su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, quienes se enfrentan a sendas peticiones del fiscal de 15 años de cárcel.

Ninguno de los tres ha ejercido su derecho a la última palabra, algo que sí han hecho el excomisario José Villarejo; el que fuera chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos; y el policía y exasesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo.

La mayor condena la pide la Fiscalía para José Villarejo (19 años de cárcel), que ha tenido que afrontar un nuevo juicio derivado del llamado caso Villarejo o Tándem por esta pieza número 7, que es la del caso Kitchen.

VILLAREJO DICE QUE PISÓ "CALLOS IMPORTANTES"

Como el exministro del Interior o su número dos, también el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y José Luis Olivera, que estuvo al frente de la UDEF, han optado por no hacer uso de la última palabra.

"Confío plenamente en la exposición que hizo mi abogado y en ustedes", se ha limitado a señalar el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.

Sí se ha dirigido a los magistrados el comisario José Manuel Villarejo, que se ha preguntado cómo se le ocurrió "pisar callos tan importantes" para haber terminado donde ha terminado, al tiempo que ha recalcado su confianza en la independencia judicial, el tribunal y la Fiscalía y en que la verdad finalmente "saldrá a la luz".

Villarejo ha cuestionado nuevamente el origen del caso en su contra y sobre sus grabaciones ha dicho que no tenían intención aviesa, sino que las hizo como agente de inteligencia y ha lamentado el daño que haya podido hacer a quienes se han visto "incursos en ello". "No dejan de ser comentarios y tal en ambientes distendidos", ha apuntado.

"Clemencia y justicia" ha pedido por su parte Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas, que enfrenta una petición de 12 años de cárcel y que logró un puesto como policía, aunque está suspendido de empleo y sueldo por este caso.

Según su alegato, jamás tuvo conocimiento de "ilegalidad alguna" y permitió que mirasen su propio móvil creyendo siempre en un "operativo lícito totalmente".

"Siempre he creído que había que actuar con los agentes de la autoridad, como la ley marca", ha afirmado y ha advertido de que "cualquier día de condena significaría el fin de la carrera profesional de funcionario".

Cualquier mínima condena, como policía, "supone una condena de por vida", ha señalado también el comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015, que ha sostenido que llamar "coci" al chófer en un mensaje "no significa conocimiento de ilegalidad alguna".

El tribunal deberá ahora deliberar y dilucidar si la cúpula de Interior orquestó una operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para los dirigentes del PP.

Los acusados han defendido la legalidad de la operación y que el objetivo era recuperar el dinero oculto del extesorero del PP y obtener información sobre posibles testaferros.

También han negado que el dispositivo se llamase Kitchen, una denominación que consideran periodística y que se debe a que el chófer de Bárcenas, captado como confidente en el verano de 2013, recibió el apodo de "cocinero" o "coci". Por su labor cobró 48.000 euros procedentes de fondos reservados.

Como puntos álgidos, este juicio deja la declaración como testigo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la del propio Bárcenas, que ejerce la acusación particular.

También ha destacado el testimonio de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, quienes fueron eximidos de esta causa tras haber sido imputados por su relación con Villarejo.

Durante la vista oral quedaron fuera del caso dos inspectores jefe, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, a quienes se les retiró la acusación.

La anécdota que deja este juicio son los choques entre la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, y la letrada del PSOE, Gloria de Pascual.