En julio de 2024, hace ahora justo dos años, ERC cerró un acuerdo con los socialistas catalanes para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, el primer no independentista en alcanzar el cargo en dos décadas. A cambio, no solo el PSC sino también el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometían a implementar una reforma del modelo de financiación autonómico que permitiera a la comunidad alcanzar una suerte de concierto económico a la catalana, emulando la singularidad fiscal de Euskadi y Navarra. Una transformación en profundidad cuyos efectos empezarían a verse este 2026, cuando debía ser la Generalitat y no la Agencia Tributaria española la responsable de recaudar el Impuesto sobre la Renta en Cataluña. 

Dos años después, la Hacienda central acaba de completar una campaña ordinaria del IRPF en Cataluña, mientras el Gobierno se prepara para llevar este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el nuevo modelo de financiación autonómica pactado finalmente con Esquerra. Un formato que apenas permite atisbar la materialización de ese concierto a la catalana, pero cuyo método de negociación bilateral y el beneficio que supone para la comunidad ahora pilotada por Illa tiene garantizada la oposición del resto de las comunidades del régimen común; las comandadas por el PP, pero también la Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page y con los recelos de la Asturias de su compañero, Adrián Barbón.

El primer pacto PSC-ERC establecía el traspaso a la Generalitat de "la gestión, recaudación, liquidación e inspección" de "todos los impuestos soportados en Cataluña". Además, el nuevo modelo debía "aumentar sustancialmente la capacidad normativa" del Gobierno autonómico, en coordinación con el Estado y la Unión Europea. La única diferencia que los republicanos aceptaron respecto al cupo de las comunidades forales era la fijación explícita de una "cuota de solidaridad" que debía sumarse en el caso catalán a la cantidad pactada con el Estado por la prestación de servicios por parte de éste.

Más allá de la financiación autonómica, el acuerdo establecía también el blindaje del catalán en la escuela, la entrada de la Generalitat en la gestión del aeropuerto de El Prat, la creación de un consorcio Estado-Generalitat para asumir la ejecución de las inversiones estatales en infraestructuras o la defensa de las selecciones deportivas propias. Gobierno y Generalitat han hecho algunos avances en el consorcio de inversiones y han concretado el traspaso de Rodalies, aunque sin completar ninguno de estos procesos. No ha habido avances en el resto de las promesas socialistas. De hecho, cuando se cerró el preacuerdo en ERC eran conscientes de que se trataba de una propuesta extremadamente exigente para el PSOE. Y aun así supuso la ruptura del partido; solo el 53% de los militantes apoyaron el pacto con los socialistas para facilitar la investidura de Illa y los republicanos celebraron después un congreso que supuso la salida de la mitad de su cúpula, con Pere Aragonès -el expresident de la Generalitat hoy alejado de la política- y Marta Rovira a la cabeza.

Esquerra no solo quería conseguir el "control de la caja" sino acabar también con la inclusión de Cataluña en el batallón de las comunidades autónomas del régimen común. Por eso otro de los puntos del acuerdo de investidura, aceptado por el PSOE, era la exigencia de una relación de bilateralidad entre Gobierno y Generalitat. Esto es, que el nuevo modelo debía acordarse al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Finalmente el nuevo modelo sí se negoció formalmente en el marco de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat - aunque el acuerdo definitivo se cerró con ERC, que no está representada en el Gobierno autonómico-. Pero también pasará por el CPFF, donde será aprobado gracias a la mayoría del Gobierno en este organismo, antes de llegar al Congreso donde no tiene asegurada la mayoría. Un mecanismo de negociación atípico, en todo caso, que indigna al resto de comunidades.

"LA LLAVE DE CAJA"

 La propuesta que llegará finalmente al pleno del CPFF este miércoles no cumple las expectativas generadas en 2024, cuando Marta Rovira aseguraba que la Generalitat tendría "la llave de caja" gracias a su negociación. Pero sí responde a dos elementos fundamentales para los republicanos: aumenta los recursos para la Generalitat y el respeto al principio de ordinalidad. El primer objetivo se traduce en 4.700 millones de euros para las arcas catalanas gracias a la inyección de 21.000 millones a la financiación autonómica, lo que permite al Gobierno defender que "nadie pierde" con la reforma. Respecto al principio de ordinalidad -que Cataluña ocupe el mismo puesto en el ranking de las comunidades que aportan y en el de las que reciben-, las cifras propuestas por el Gobierno lo cumplen para 2027, pero no queda recogido en el modelo, como querían los republicanos.

También queda pendiente la reclamación sobre el IRPF. El Gobierno abre la puerta a aumentar la porción autonómica sobre este impuesto en base a las competencias exclusivas de la Generalitat -Policía y Prisiones-, pero no se contempla la gestión, recaudación, liquidación e inspección total de la renta comprometida hace dos años.