De lunes a viernes, entre las once de la mañana y las dos y media de la tarde, Yolanda Delgado deja de ser solo durante unas horas las manos y la voz de su marido. Es el único intervalo en el que una trabajadora entra en casa para atenderlo. El resto del día, las noches y todos los fines de semana vuelven a recaer sobre ella. "Yo soy su mujer, no su cuidadora", afirma. Antes trabajaba como responsable de recepción. Lo dejó cuando la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) avanzó y su marido comenzó a necesitar ayuda permanente. Nadie la formó en esta enfermedad, pero aprendió a movilizarlo y a asistirlo. Delgado ocupa, sin contrato ni sueldo, una de las plazas que le faltan al sistema español de cuidados. Su historia muestra la otra cara de uno de los mayores yacimientos de empleo de los próximos años: España necesitará cientos de miles de profesionales para atender a una población cada vez más envejecida y a personas de cualquier edad que han perdido autonomía. El 20,7% de la población española tenía 65 años o más a 1 de enero de 2025. El envejecimiento se acelerará durante las próximas décadas, con un crecimiento especialmente intenso entre los mayores de 80 años. El sector sanitario calcula que España deberá incorporar unos 261.400 profesionales adicionales de aquí a 2030 solo para mantener los actuales niveles de cobertura del sistema de dependencia. De hecho, el mercado laboral ya acusa el aumento de las necesidades de cuidados. La afiliación en las actividades residenciales y los servicios sociales sin alojamiento se ha más que duplicado desde 2009: ha pasado de unos 392.000 trabajadores a superar los 814.000 en junio de 2026. No todos esos empleos pertenecen estrictamente al sistema de dependencia, pero el salto muestra la rapidez con la que crece la economía de los cuidados. La expansión se ha concentrado fuera de las residencias. Los servicios sociales sin alojamiento -precisamente donde se encuadra parte de la atención domiciliaria- reunían cerca de 474.000 afiliados, frente a unos 341.000 en las actividades residenciales. Más del 80% del empleo en ambos ámbitos estaba ocupado por mujeres. 

EMPLEO DIFÍCIL DE CUBRIR

Que el sector genere puestos de trabajo no significa que consiga cubrirlos. Empresas y sindicatos llevan años advirtiendo de que la escasez de personal no responde únicamente al aumento de la demanda. También tiene que ver con las propias condiciones ofrecidas. "La precariedad de las retribuciones y de las condiciones laborales hace que no haya personas que quieran trabajar en este sector", sostiene Chelo Cuadra, responsable del sector de Dependencia de FSC-CC OO. Las últimas tablas estatales situaban los salarios base de auxiliares y gerocultoras en torno a los 1.150 euros mensuales. Desde este año, sin embargo, la remuneración de una jornada completa no puede ser inferior al nuevo salario mínimo: 1.221 euros repartidos en 14 pagas, o 17.094 euros brutos anuales. Pero el problema no está solo en las tablas salariales, sino también en la jornada real de trabajo. La reforma laboral ha reducido notablemente la temporalidad, pero la estabilidad formal del contrato no siempre se traduce en estabilidad económica. Según los datos manejados por Comisiones Obreras, alrededor del 80% de la contratación en el sector es indefinida, aunque la parcialidad está aumentando, especialmente en la ayuda a domicilio. Una trabajadora puede atender a varios usuarios en un mismo día, con servicios de una o dos horas repartidos entre la mañana, el mediodía y la tarde. La desaparición o el traslado de uno de ellos puede alterar sus horas de trabajo y sus ingresos. "En cuanto una persona deja de requerir el servicio, pueden cambiarte la jornada o reducirte el contrato", explica Cuadra. Esa variabilidad introduce una incertidumbre que no siempre refleja la modalidad indefinida del contrato. A ello se suma la elevada exigencia física y emocional. Las profesionales movilizan a personas con poca autonomía, acompañan enfermedades degenerativas, detectan cambios en el estado de salud y sostienen buena parte del bienestar cotidiano de las personas dependientes. En residencias y centros de día, el deterioro con el que ingresan muchos usuarios exige además una atención cada vez más intensa. 

Teresa Sánchez, trabajadora de la dependencia en la Comunidad de Madrid, describe un escenario de plantillas insuficientes y sustituciones que no llegan. "En las residencias privadas y concertadas nos enfrentamos a otro verano con bajas y vacaciones sin cubrir, con unas ratios que es imposible sostener", afirma. Las trabajadoras, añade, libran únicamente un fin de semana al mes y perciben salarios cercanos al mínimo interprofesional. "Es imposible darles una atención de calidad y como se merecen con estas condiciones de trabajo que tenemos", denuncia esta profesional. 

LA FAMILIA COMO RED

Pero cuando el servicio profesional no existe, no llega a tiempo o resulta insuficiente, el cuidado cambia de lugar: sale de los servicios públicos y entra en las casas. "Nos preocupa que se priorice el cuidado informal porque puede desprofesionalizar el sistema y derivar la atención hacia personas que no están preparadas para realizar esas tareas", sostiene la responsable del sector de Dependencia de FSC-CC OO. Es el caso, por ejemplo, de Judith Agenjo. Hace una década entró en la empresa familiar mientras buscaba una oportunidad relacionada con su formación. Pero poco después, su abuela comenzó a sufrir un deterioro cognitivo. Como hija y nieta única, fue asumiendo las responsabilidades durante casi ocho años. "Cuando estás cuidando a alguien tienes que estar prácticamente 24 horas. Necesitas un trabajo que te permita salir corriendo en cualquier momento", explica. Durante ese tiempo recibió ofertas relacionadas con su trayectoria profesional, aunque tuvo que rechazarlas. Sabía que un trabajo con horarios rígidos era incompatible con las necesidades de su abuela. Tras la muerte de su familiar creyó que podría recuperar el tiempo perdido, pero descubrió que el mercado laboral tampoco espera. Su historia personal refleja un coste más difícil de medir que el propio abandono directo del empleo: carreras interrumpidas, trabajos aceptados por necesidad, procesos de selección a los que no se puede concurrir y oportunidades profesionales que se dejan pasar. Las estadísticas confirman que ese coste sigue recayendo principalmente sobre las mujeres. Según el módulo de conciliación de la Encuesta de Población Activa, unas 328.000 habían reducido su jornada o pasado de un empleo a tiempo completo a otro parcial para atender a hijos, nietos o familiares dependientes, frente a 33.400 hombres. Entre las personas ocupadas con responsabilidades de cuidado, el 8,9% de las mujeres había reducido su tiempo de trabajo, frente a solo el 0,9% de los hombres. 

La brecha también aparece en otras adaptaciones laborales, como las excedencias, los cambios de puesto o el desempeño de tareas que pueden ser menos exigentes: cerca de un tercio de ellas había modificado de algún modo su empleo para poder cuidar, frente a alrededor del 18% de ellos. La diferencia se estrecha, en cambio, en las medidas que no implican una pérdida directa de ingresos. El 10,4% de las mujeres y el 9,1% de los hombres habían adaptado su horario sin reducir el número de horas, mientras que el teletrabajo habitual alcanzaba al 1,5% de ellas y al 1,3% de ellos. Los datos apuntan a que la desigualdad se concentra sobre todo en las decisiones que comportan una renuncia salarial o profesional. Para personas como Yolanda Delgado, la pérdida se extiende al futuro. Esta mujer tiene 58 años y considera prácticamente imposible reincorporarse al mercado laboral después de más de una década dedicada al cuidado de un familiar. 

FINANCIACIÓN INSUFICIENTE 

El Gobierno confía en que la nueva financiación permita reducir parte de la brecha. El Ministerio de Derechos Sociales estima que las comunidades autónomas recibirán unos 6.200 millones de euros adicionales durante 2026 y 2027. Los recursos permitirían incorporar a 417.000 nuevos beneficiarios, reducir en unas 71.000 personas las listas de espera y crear entre 107.735 y 115.050 empleos, según sus cálculos. Los sindicatos, por su parte, reclaman que una parte del incremento llegue de forma directa a las plantillas. El departamento que dirige Pablo Bustinduy sostiene que el aumento presupuestario debe traducirse también en mejores salarios, más estabilidad y formación. La nueva inversión puede aliviar el sistema, pero no cubre por sí sola las necesidades calculadas para 2030. Incluso si se crearan los 115.000 empleos estimados, la cifra seguiría muy por debajo de los 261.400 profesionales adicionales necesarios para mantener la cobertura actual. "No nos cabría en la cabeza que el sistema sanitario o el educativo estuvieran sostenidos por personas que no son profesionales. Lo mismo debería ocurrir con el sistema de dependencia", sostiene. Mientras ese apoyo no llegue, una parte del sistema seguirá descansando sobre personas como Yolanda. Durante tres horas y media al día vuelve a su vida 'independiente'. El resto del tiempo continúa ocupando, sin salario ni descanso, el puesto que los servicios públicos no alcanzan a cubrir. "Yo soy su mujer, no su cuidadora", repite.